Meritocracia y centralización
Este principio esencial de un Movimiento Patriota con mayúsculas, no es una formulación nueva.
Este artículo pretende ser un mero resumen, sin entrar en complejos detalles, más propios de un manual de derecho político.
La meritocracia, es una forma gobierno basada en el mérito, esto es, en que los más capaces sean los que rijan los destinos de España. Actualmente, tal principio, rige aquéllo que le interesa al Estado, al menos teóricamente, a la hora de seleccionar funcionarios y poco más.
La centralización es un principio político y administrativo.
Como principio político implica la existencia de una autoridad y estructura política única en el Estado, que puede delegar en órganos inferiores y subordinados en rango. Como principio administrativo supone que los órganos centrales del estado son los encargados de diseñar las funciones propias de una administración pública, implementando y ejecutando éstas por sí o a través de órganos inferiores y subordinados.
Analizaremos ahora cómo implementarlos y las enormes ventajas que ambos principios suponen para España y los españoles, partiendo eso sí, de que la actual Constitución, con una forma de gobierno oligárquica, a través de los partidos, ha degenerado, como es natural, en una dictadura de los partidos (cuyas víctimas son los ciudadanos convertidos en súbditos) y una organización territorial autonómica nefasta para una gestión óptima administrativa y para nuestra devastada economía (el desarrollo ha supuesto una corrupción total (repito total), descarada y dervergonzada, con la subsigueinte (y lógica) iineficacia administrativa, con un altísimo e insostenible coste, que nos endeuda, y por tanto, nos empobrece día a día, en tanto no seremos capaces de gestionar sin recurrir al bucle del endeudamiento, que a la postre ya resulta prácticamente impagable).
1º.- La meritocracia:
Tal principio ha de conseguirse pacíficamente, por la fuerza de la calle, pacífica y democráticamente, superando todo obstáculo institucional y jurídico, siendo para ello un importante aliado la abstención activa o pasiva en las sucesivas mascaradas y tramposas convocatorias electorales.
El artículo 6 de la Constitución Española se refiere a los partidos políticos como una suerte de mediums, intercesores a la postre, entre el Estado y los ciudadanos, a pesar de la falacia constitucional de que la soberanía reside en el pueblo (artículo 1.2 de la mismas) y como expresión de un pluralismo político que no existe, pues son máquinas de poder antidemocráticas, que se engrasan con la corrupción a partir del clientelismo y con la complicidad a partir de la colocación de sus afines, unidas por un mismo fin, sobrevivir, aún extenuando a sus súbditos.
El artículo 7 de la Constitución Española apuesta por los sindicatos como mediadores entre los tutelados trabajadores y la empresa, como si un trabajador no pudiese negociar su propio contrato con la misma a partir de unos mínimos estatatales, y por las asociaciones empresariales que no son más que lobbys que dependen de la partitocracia, alimentándola con nuestro dinero, participando, por tanto, en la persistente y total corrupción.
A partir del repudio de nuestra actual forma de gobierno (que nos vampiriza, empobrece y acaba con toda ilusión de avance democrático, ante el valladar mediático de los partidos y sindicatos que no quieren perder el pesebre que les oxigena) y la apertura de un proceso constituyente de refundación de España, como Nación, y de su herramienta, el Estado, podremos actuar bajo una forma de gobierno fundada en el mérito y la capacidad, sin que la posición social o económica subordinen a lo anterior.
Quienes sean más meritorios tendrán el deber moral de concurrir para, previa elección democrática por los españoles (y mediante el telesufragio libre, directo y secreto), asumir los destinos de España con todas sus consecuencias, sometiéndose al imperio de la ley y a una auténtica división de poderes, absolutamente independientes, respondiendo por sus acciones.
Obviamente, esta forma de gobierno requiere del concurso de nuestros nacionales, como ciudadanos responsables, que pierdan el miedo a las instituciones y a todo lo que emana de ella, es decir, en definitiva, asumir y gestionar nuestra propia libertad para refundar España donde no tienen cabida ni instituciones como la Corona (y que desde la muerte del Generalísimo Franco, y como acto de enorme traición a España y a la memoria del mismo, nunca ha servido a España para nada, por el propio diseño constitucional del que se ha dotado para ello y recogido en la Norma de normas), ni el Senado (que no representanta a nada ni nadie), ni las comunidades autónomas (que son una suerte de artificio provocado por el chantaje de los enemigos del separatismo periférico ejercido sobre una clase política sin arredros y con complejos de inferioridad) y que a la postre, han traicionado a España y a los españoles, vendiendo nuestra Patria a los enemigos externos de España (la propia UE, EEUU y el amo de todos ellos, el sionismo, entre otros) e internos (separatismo y los propios partidos políticos nacionales con “representación” en su totalidad, entre otros), bajo la innegable complicidad de las Fuerzas Armadas que han incumplido, sistemáticamente, su obligación de garantizar por encima de todos y de todo, la unidad de España, conforme el mandato constitucional del artítulo 8, dejando que los separatistas den pasos golpistas, y con nuestro dinero, dicho sea de paso, para asegurar la desintegración de España.
2º.- La centralización:
Seleccionado por los nacionales el cuadro gestor que por mérito y capacidad ha de asumir tan magna refundación, el primer paso será elaborar una nueva constitución, que ha de ser objeto de aprobación (o no) por los nacionales.
Las administraciones públicas de hoy se concretan en la central, la autonómica y la local (diputaciones y ayuntamientos).
El contenido de esa nueva constitución, en lo que a la organización administrativa y territorial respecta, ha de ser claro y concreto bajo el principio de la centralización política y administrativa.
Obviamente, y por sentido común, la descentralización es una opción que ni tan siquiera ha de contemplarse por los vicios y daños actualmente causados, tras casi cuarenta años de dictadura partitocrática, fundado en unas organizaciones donde las oligarquías continúan perseverando en la infame e industrial parasitación, sostenidas por la plutocracia más repugnante e intolerable.
La aplicación de tal principio de centralización ha de barrer, totalmente, la actual estructura administrativa descentralizada dando lugar a un nuevo orden político y administrativo, de suerte que una administración central debe gestionar todos los recursos públicos, llegando al ciudadano a través del principio desconcentración, a través de sus órganos periféricos y la administración local a través ayuntamientos (siendo éstos reducidos en número -actualmente hay más de 8.000- en pos del principio de eficiencia), suprimiéndose tras ello, todo vestigio de comunidad autónoma y diputación.
Los beneficios inherentes serían inmediatamente palpables y además, sostenidos en el tiempo, pudiendo reducir deuda, déficit, funcionarios y personal laboral afecto a las administraciones públicas (parte del entramado de la economía no productiva), bajar los impuestos, incrementar el empleo, hasta conseguir prácticamente el pleno empleo, subir los salarios, etc.
En definitiva, mejores servicios públicos a un menor coste.
No compartir esta visión, en su esencia al menos, es de necios o de cómplices con el estatus quo actual, pagando tanto ellos como nosotros, los que buscamos soluciones reales, las consecuencias que son evidentes y así, según datos de contabilidad nacional a 31/12/15:
– La deuda pública alcanza, prácticamente, un 100% del Producto Interior Bruto (PIB) y que sin maquillar alcanza una cifra próxima al 150%;
– El déficit público es superior a un 5%;
– El gasto autonómico próximo a los 100.000 millones de euros anuales;
– El número de empleados públicos es usperior a de 3 millones de funcionarios y personal laboral;
– El mayor índice de pobreza y de desempleo en la UE (salvando alguna excepción) y atemperados por factores “sostén familiar” y la economía sumergida que supone más de un 20% del PIB, están aquí, en España.
– Cada empleo público creado (economía no productiva, aunque necesaria en menor número), genera la destrucción de casi 3 puestos de trabajo en la empresa como consecuencia de la necesidad de cubrir tales costes vía impuestos.
¿ Se imaginan un escenario alternativo a todo este despropósito descomunal que nos esclaviza ?.
España, en 5 años (o menos) estaría ubicada entre las 10 primeras potencias económicas mundiales y para ello no hay que ser muy optimista.
En resumen, o abrazamos el principio meritocrático y el principio de centralización o esta fiesta acabará mal, pero que muy mal y probablemente, de forma violenta, abrupta y sostenida.
Ha llegado el momento de asumir la responsabilidad de nuestra libertad y elegir bien y si no, pues padezcamos el bucle electoral en el que estamos, yendo a por las terceras, aún a sabiendas que nos están porculizando a todos, menos a los que viven de todo este momio.
No me resisto a despedirme sin una egregia frase del filósofo y siempre maestro, Gustavo Bueno Martínez, tras el recientísimo fallecimiento de éste, siguiendo al de fallecimiento de Carmen Sánchez, y con escasos días de diferencia.
Es ésa que dice: “Se suele oponer Europa a España, pero España es Europa antes que otras muchas naciones”.
Vaya mi sincero y humilde pésame a la familia por ambas pérdidas, como apasionado admirador de D. Gustavo. Españoles, pierdan sus complejos y den lo mejor de sí por España, apisonando toda esta mierda que les aprisiona, pero éso sí, pacífica y democráticamente.
Yo les he dado las pautas, los que por mérito y capacidad me superan deben desarrollarlas con la confianza de todos los españoles.
*Abogado y miembro de la resistencia patriota.@edumorato92
¡Bravo! No puedo estar más de acuerdo.
Sólo añadiría que los ayuntamientos, como órgano desconcentrado (que no descentralizado), ha de estar totalmente sujeto al control y supervisión del Estado. No puede ser que, tal como pasa ahora, cada ayuntamiento sea una pequeña taifa intocable dirigida por caciquillos del tres al cuarto, con la única condición de tributar religiosamente al partido que los ha puesto en la poltrona.
Básicamente es el sentido más común de los comunes, se antoja que hoy desgraciadamente es una utopía, es paradójico como espacios marginales auspiciados para capitalizar réditos partidistas imponen su tiranía ante la pasividad de la mayorías silenciosas, todo esto está teorizado y todo esto sabemos a dónde nos lleva, es difícil reacciones pacíficas ante transformaciones de recuperar espacios sociales. A la vista el primer problema es el demográfico, nuevamente incentivado por políticas autodestrucrivas propias del corto placísmo sin ánimo de estadísticas, cabe preguntarse hasta qué punto esta sociedad silenciosa es cómplice de las ocurrencias autodestructivas de la clase política, pues… Leer más »