El líder de la OCB, Jaume Mateu, y la presidenta del Govern, Francina Armengol, en la campaña de las autonómicas.

EM.- La Obra Cultural Balear (OCB) ha empezado a revolverse contra el Govern de Francina Armengol por haber descartado ya varias de las propuestas recogidas en el plan lingüístico aprobado por el Consell Social de la Llengua Catalana, encabezado por el propio Ejecutivo balear. La principal organización catalanista de Baleares, una de las impulsoras de dichas medidas, acusa al Govern de usar «expresiones propias de la intolerencia» y de «menospreciar los derechos de los catalanoparlantes» por haber manifestado que no tomará medidas de «imposición» del catalán en el sector privado. El presidente de la OCB, Jaume Mateu, pide «valentía» al Govern y apela a la no «discriminación» de los catalanoparlantes.

Como viene informando este diario, el plan promovido y aprobado por el Govern en el seno del Consell Social de la Llengua Catalana, junto a otras instituciones públicas y numerosas entidades, plantea la elaboración de una ley o normativa específica para regular y garantizar el uso del catalán en las empresas privadas y también propone supeditar a requisitos lingüísticos la concesión de licencias para abrir negocios en Baleares. Tales medidas, sin embargo, han sido descartadas por ahora por el Govern al anunciar que no se plantea «ninguna normativa para condicionar el funcionamiento de un negocio por ningún tema lingüístico» y que tampoco habrá «imposiciones al sector privado» en esta materia.

Así lo explicó el pasado viernes, en estos términos, la portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, en una rueda de prensa, y ese día la presidenta balear y líder del PSIB, Francina Armengol, en un mensaje a través de las redes sociales, también se comprometió personalmente a que el Govern «en ningún caso tomará decisiones que afecten al ámbito privado ni se plantea ninguna normativa que condicione el funcionamiento de cualquier actividad privada por un tema lingüístico». Tanto Armengol como Costa apelaron a la voluntad de «consensuar» cualquier medida con los sectores afectados.

El frenazo del Consolat al menos a una parte de las propuestas del plan, que ha sido promovido y defendido por la dirección general de Política Lingüística del Govern, un área en manos de los nacionalistas de Més, ha sido recibido con críticas por la OCB. El líder de esta entidad, Jaume Mateu, defiende que «atender derechos no es ninguna imposición», sino «un ejercicio de responsabilidad democrática extrema», y califica de «desafortunadas», por usar un término «prudente», dice, las declaraciones de Pilar Costa al tratar una cuestión «de alto voltaje sensible», la normalización lingüística del catalán, una lengua que a su juicio sigue relegada a una posición «secundaria» y fue objeto de una «persecución sistemática» por parte del Govern del PP de José Ramón Bauzá. En sendos artículos publicados en su blog, en el portal del diario digital catalán Vilaweb, el presidente de la OCB pide al Govern «más valentía en política lingüística» y defiende intervenir en el sector privado en esta materia, como plantean varias propuestas del plan.

En concreto, señala que el sector del comercio es en el que «más discriminación sufren» los catalanoparlantes y por ello es también en el que «se ha de intervenir con más determinación». Mateu aboga igualmente por abrir un «diálogo» con el sector «para llegar a todos los consensos posibles, pero para avanzar, no para poner líneas rojas», advierte.

“Intolerancia”

Mateu también recuerda que Armengol, como líder y entonces candidata del PSIB a la presidencia del Govern, y el resto de formaciones del Pacte -Més y Podemos-, firmaron el año pasado, antes de las elecciones autonómicas, un decálogo de compromisos propuesto por la OCB a todos los partidos. Entre ellos, cita el punto por el que prometieron «proteger a los ciudadanos de Baleares para que puedan expresarse en la lengua propia sin tener que sufrir ningún tipo de discriminación».

La OCB se apoya en este compromiso para defender que se debe «intervenir» en el sector del comercio. Mateu critica a Costa por hablar de «imposición» cuando se trata de «derechos» y pide al Govern que opte por «desterrar de una vez expresiones propias de la intolerancia y el supremacismo lingüístico como imponer al referirse sólo a la lengua catalana». «La atención de los derechos no es ninguna imposición, al contrario: se trata de un ejercicio de responsabilidad democrática extrema». «Por tanto», prosigue, «el Govern Armengol haría muy bien erradicando de su vocabulario y del debate público estas expresiones que no hacen más que menospreciar los derechos de los catalanoparlantes». Luego, se pregunta si «no nos imponen leyes y decretos fiscales» o «192 leyes que exigen el castellano en el etiquetaje».

Mateu se remite también al malestar de los colectivos que están reclamando a la Generalitat valenciana «más valentía» en política lingüística y pide lo mismo al Govern balear. Recuerda que eso fue lo que exigió la OCBen su última Diada per la Llengua el pasado mayo. Entre otras cuestiones, reivindica «que se actúe inmediatamente en aquellos ámbitos» donde la presencia del catalán no tiene «ni la potencia ni la intensidad exigibles», incluyendo «todos los espacios públicos y de relación» y abogando por «crear conciencia social sobre la importancia del conocimiento y el uso de la lengua catalana por todos los ciudadanos».