Artur Mas y Mariano Rajoy.

PP y Convergència comienzan a trabar un nuevo clima de entendimiento, tras años de ruptura política total, con gestos claros de apoyo mutuo en el Congreso que confirman la apertura de una nueva etapa de relaciones entre ellos. Sorprendentemente, Los diputados catalanes se abstuvieron este martes en la votación para elegir al presidente de la Cámara y favorecieron así, aunque de manera indirecta, la designación de Ana Pastor. Podían haberse decantado por Patxi López, pero optaron por la abstención, a pesar de que sólo hace una semana su portavoz, Francesc Homs, animaba a Pedro Sánchez a presentarse como alternativa a Mariano Rajoy. ¿A qué se debe este giro de 180 grados de Convergència en sus relaciones con el PP? ¿En base a qué sorprendente acuerdo se han reconstruído, de la noche a la mañana, los puentes que parecían completamente rotos entre ambas formaciones tras años de disputas y desacuerdos?

Algunas fuentes han establecido una relación causa efecto entre la nueva etapa que se abre en las relaciones entre PP y Convergència y la situación procesal de Artur Mas. Sólo unas horas más tarde de la abstención de los diputados catalanes, el expresidente de la Generalitat vio alejarse el camino de su ingreso en prisión tras conocerse que la Fiscalía no pedirá penas de cárcel para él por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 pese al veto del Tribunal Constitucional. El ministerio público ha llegado a la convicción de que no hay indicios suficientes para acusar a Mas de un delito de malversación de fondos públicos, el único de los que se investigan en la causa por el 9-N que conlleva penas de cárcel.

Así lo han reflejado los fiscales del caso, Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, en un escrito en el que piden que se desestimen los recursos presentados por Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau contra el auto que dio por finalizada la instrucción. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aprecia indicios de desobediencia y prevaricación en la conducta de los tres excargos públicos.

Mas y sus consejeras “pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue así”, señala el escrito del fiscal. En ese sentido, asegura que la instrucción ha demostrado que la preparación de la consulta se intensificó tras la suspensión por parte del Tribunal Constitucional: “Sin los medios de la administración autonómica empleados antes pero también y especialmente después de la suspensión cautelar” no hubiera podido celebrarse, apunta.

La fiscalía señala que la instrucción ha permitido “conocer el proceso de contratación de todos los servicios relacionados con la organización” del 9-N.Y concluye que la mayoría de los gastos “fueron comprometidos con anterioridad a la suspensión” dictada por el Constitucional el 4 de noviembre, apenas cinco días antes de la consulta. Esas contrataciones, por tanto, fueron “lícitas”. Y aunque “debería haberse suspendido la ejecución” de los contratos cuando el Constitucional se pronunció, ello habría originado “reclamaciones de los contratistas”, por lo que es lógico que la Generalitat optara por “pagar lo legalmente comprometido”.

Los fiscales concluyen que “el resultado de la instrucción” ha generado “un margen de duda” sobre “la concurrencia de todos los elementos típicos del delito de malversación de caudales públicos”. Ése es el único de los delitos investigados que conllevaría no solo penas de inhabilitación, sino también de prisión. Sobre la desobediencia, los fiscales señalan que los acusados (con Mas a la cabeza) “conocieron y comprendieron perfectamente el contenido y efectos” de la resolución del tribunal y aun así “decidieron no acatarla”. Sobre la prevaricación administrativa, considera que todos ellos “dejaron respectivamente de suspender oficialmente tanto la convocatoria que aquel [Mas] había efectuado como las decisiones administrativas concretas adoptadas para darle ejecución”.