La actual presidenta del Govern, Francina Armengol (PSOE)

Los conflictos judiciales contra ex directivos de la desaparecida caja de ahorros Sa Nostra por operaciones inmobiliarias siguen complicándose. En mayo de este año, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma sentenció que el ex consejero delegado de Invernostra -la filial inmobiliaria de la caja- Rafael Oliver debe devolver los 34 millones de euros perdidos en una operación fallida en Miami y Las Vegas. Una sentencia que será revisada por la Audiencia Provincial.

Al caso Miami se le suma ahora la reactivación del caso Son Vida. El conocido empresario del sector inmobiliario, Matthias Kühn, ha pedido ampliar la querella por fraude que presentó contra varios ex banqueros en los Juzgados en el año 2012. Su abogado, el reputado abogado madrileño y ex magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán apunta en sus últimos escritos que tras las declaraciones judiciales realizadas por varios imputados y testigos en el caso «no puede descartarse la posible comisión de un delito de corrupción entre particulares».

Kühn presentó en 2012 una querella contra varios altos directivos de Sa Nostra y Juan Nadal, un empresario que es la pareja de la actual presidenta del Govern, Francina Armengol (PSOE), junto con un grupo de accionistas. Kühn denunció que la caja había vendido en 2011 a sus espaldas a Nadal y sus socios cuatro solares en Son Vida que Kühn insiste que eran suyos. La querella fue archivada pero la Audiencia ordenó reabrir la instrucción judicial y ya hubo una ronda de declaraciones.

Según su denuncia, los terrenos en la exclusiva zona palmesana le pertenecían, ya que asegura que Sa Nostra sólo los tenía en depósito. Sostiene que además la caja los vendió a bajo precio por 1,9 millones de euros cuando esos terrenos se ofertan a día de hoy en el mercado inmobiliario de lujo por 10 millones de euros. Casi un 500% más.

Además de apuntar a la presunta comisión de un nuevo delito, que se suma a su acusación inicial de fraude, los abogados de Kühn insisten en que se llame a declarar, «tal y como ya se acordó en 2014 y está pendiente» a Juan Nadal, pareja de Armengol. También reclaman al Juzgado que convoque a Antonio Nadal, su hermano y también comprador; a Sebastián Pascual, el empleado de Sa Nostra que participó en la operación, así como al propio presidente de BMN -banco en el que la caja se integró en 2010-, CarlosEgea y a Juan Antonio Zaragoza, director territorial de BMN en Baleares. Kühn solicita igualmente que se le tome testimonio.

Los solares se vendieron a Juan Nadal junto con otros socios. Éstos, tan sólo unos días después de la operación, dieron el pase de una parte de las acciones de la compra a Pascual. Un punto en el que incide la querella. Los denunciantes llaman la atención sobre el hecho de que la responsable del departamento de gestión inmobiliaria de Sa Nostra, que ha declarado durante la instrucción, sostuvo en su declaración que «en la caja no hay ninguna política que impida a los empleados adquirir bienes de la caja o de sus participadas». Para la defensa de Kühn, «resulta sorprendente que responsables a distintos niveles de Sa Nostra e Invernostra asuman como válida la gestión de compra de activos por quienes han de negociar y velar por los intereses de aquellas». Y considera que «la despreocupación ante un hecho subsumible [considerado] en el delito de corrupción entre particulares sería suficiente para justificar la participación delictiva de todos ellos a título de cooperadores necesarios». Ante esta situación, la defensa de Kühn sostiene que la estructura de Sa Nostra pudo hacer oídos sordos a la operación que se estaba gestando, apuntando a la llamada «culpa in vigilando». Y es que en la operación de venta, habría participado un empleado que luego se convirtió en propietario. «Sea como fuere, Sebastián Pascual gestionó la venta con la clara intención de favorecer a los compradores, él entre ellos», continúa el escrito del abogado de Kühn, recalcando que, a tenor del precio, hizo perder dinero a la caja. «Los solares se vendieron por 1,95 millones de euros, mientras que el precio de mercado a día de hoy, y tras apenas de varios años, crisis mediante, se sitúa entre 10 y 12 millones».

En el escrito al Juzgado de Instrucción 4 pide que el caso sea declarado complejo, para que así la instrucción se amplíe 18 meses.

El Mundo