Un agente de la Policía rastrea webs con contenido pedófilo. DGP

Una llamada del FBI en febrero de 2014 fue el pistoletazo de salida de la ‘operación Luna’. Los agentes norteamericanos alertaron de un individuo que había compartido imágenes de pornografía infantil y que los datos le situaban en España.

Mas de dos años y cuatro meses después, los agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica han logrado desmantelar una red pedófila de corrupción y prostitución de menores que los captaba, abusaba de ellos, los grababa y lo difundía.

Durante la actuación han sido detenidos en España cinco implicados en esta trama, de los que tres destacan sobre los demás. No sólo porque han compartido “orgías con menores a los que reclutaban a través de redes sociales”, sino por su muy alto estatus socioeconómico. En concreto, uno de ellos es un ex alto directivo de una compañía telefónica; otro, un ingeniero de primer nivel de una de las constructoras más importantes de España; y el tercero, un inspector jefe de la Policía Nacional.

Pagos con móviles y en metálico

Los menores que han sufrido los abusos de los detenidos apenas contaban con recursos económicos y eran de procedencia extranjera. De las «retribuciones por sus servicios» se encargaba el que fue directivo telefónico. Muchos de los pagos, teléfonos móviles de última generación obtenidos por el detenido en su antigua compañía, además de cantidades económicas variables. Organizaban largas jornadas de sexo con menores en los que participaban varios de los detenidos. Para ello utilizaban un piso en Madrid y viviendas de los implicados.

Según fuentes de la Policía, tras recibir la información del FBI, los especialistas en delitos tecnológicos lograron ubicar a un primer sospechoso en Alicante. Se trataba de P. J. C. Se registró su vivienda y se localizaron grandes cantidades de archivos digitales. Inmediatamente, los agentes le detuvieron.

Pero el análisis del material intervenido levantó las sospechas de los agentes al entender que estaban detrás de algo más grande, que no era solo un consumidor de pornografía infantil más, por lo que analizaron sus conversaciones a través de las redes sociales y descubrieron que contactaba con menores haciéndose pasar por menor.

Este barrido permitió localizar otros tres teléfonos sospechosos. Dos de ellos eran usados por una misma persona. A esos números, el detenido había enviado archivos pedófilos. El usuario de las dos líneas de móvil fue identificado como M.M.V. y detenido en Madrid.

El usuario del tercer número sospechoso fue localizado en Alicante. Se trataba un inspector jefe de la Policía Nacional. También fue arrestado. De nuevo, los agentes localizaron grandes cantidades de archivos con imágenes de abusos de todo tipo a menores. La revisión del material intervenido permitió a los especialistas detectar vídeos de pornografía infantil de «producción propia». Un salto cualitativo en la ‘Operación Luna’, ya que ese dato significaba que había menores sometidos a abusos en España.

Vídeos con menores

Según fuentes de la investigación, existen varios vídeos en los que aparecen dos varones manteniendo relaciones sexuales con un menor de edad. En otro vídeo hay tres varones: un adulto y dos menores de edad. Además, se localizaron numerosas conversaciones entre el primer detenido y los menores.

Los agentes localizaron otra vivienda de P. J. C. en Paracuellos del Jarama (Madrid). El nuevo material intervenido permitió acusarle de delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores.

Los agentes lograron identificar una de las estancias del domicilio de este detenido como el escenario en el que grababa sus encuentros con los menores. Además, tanto su declaración como la de sus víctimas constataron la «notable peligrosidad» del abusador. Tenía «conductas obsesivas, posesivas y manipuladoras». Los agentes consideran que existía «un importante riesgo» para los menores de su entorno más cercano.

Y de nuevo, una pista llevó a otra. Del material intervenido y de las declaraciones de los niños, se constató otro de los engranajes de la trama: Luis, que había acompañado a P.J.C. en sus encuentros con menores.

No existían datos para localizarle. Fue muy complicado. Una de las víctimas habló de que el «tal Luis» había tenido un accidente leve en Madrid contra un punto de venta de la ONCE. Esa fue la clave para su localización. Se le identificó como G. O., domiciliado en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. G. O., ex alto directivo de una compañía telefónica, también aparecía en los vídeos. Se le siguió. Se le intervino el teléfono. Los agentes localizaron indicios que le implicaban en delitos de prostitución de menores. El implicado había desviado una parte importante de la nómina a una tarjeta de crédito para disponer de liquidez económica sin control de su esposa. Además, accedía a chats encriptados frecuentados por menores.

Borrado periódico

Se registró su vivienda y se le detuvo. En la casa tenía abundante material de pornografía infantil, aunque periódicamente borraba los archivos pedófilos y utilizaba identidades ficticias.

Se obtuvieron entonces nuevos datos sobre otro domicilio en Madrid, donde también se abusaba de menores, propiedad de un tal Roberto. G. O. y Roberto habían utilizado esa vivienda para abusar sexualmente de «varios menores» y grabar y difundir los encuentros.

Los agentes identificaron a Roberto como R.J.P., de profesión ingeniero y que estaba trabajando en Emiratos Árabes para una de las constructoras más importantes de España. Tras identificar a las víctimas de este último agresor, los agentes procedieron a detenerle. En su casa de Madrid también localizaron abundantes grabaciones. Además, comprobaron cómo en su casa también se realizaron encuentros con menores que fueron filmados.

Los menores captados pertenecían a grupos de población de nivel económico bajo, de origen extranjero, a los que pagaban con móviles de última generación y en efectivo.