La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa ofrecida tras una reunión del Consejo de Ministros.

Por Roberto Centeno.- Un grupo de profesores y economistas independientes (J. C. Barba, J. Laborda, J.C. Bermejo y R. Centeno) hemos realizado un análisis detallado de la actual situación de la economía española. Lo que hemos encontrado difiere profundamente de la versión oficial del Gobierno. Estos son los hechos y las cifras.

1. Una situación insostenible

Los indicadores sectoriales de producción y consumo de la economía española han tenido, desde el año 2008, una evolución extraordinariamente negativa, solo ligeramente corregida en los dos últimos años. Sin embargo, estos datos no se han visto reflejados más que muy parcialmente en los indicadores agregados de valor añadido, es decir, los datos del PIB. Tan extraña situación, es decir, una desvinculación de los datos de producción y valor añadido en medio de una profundísima recesión, se ha “explicado” oficialmente por una destrucción selectiva de actividades de muy bajo valor añadido mientras que al mismo tiempo se incrementaba el valor añadido generado por los sectores que sobrevivían.

Esta hipótesis no se ve respaldada por los datos conocidos, que son fundamentalmente las tablas ‘input-output’ de la economía española y la macroencuesta que realiza el Banco de España a nivel empresarial (Central de Balances). En el primer caso, si acudimos a las últimas tablas ‘input-output’ previas a la crisis (2007), vemos que las actividades relacionadas con la construcción, si bien están en cuanto al valor añadido generado por unidad producida ligeramente por debajo de la media de la economía, no presentan ni remotamente una desviación como para que su destrucción tenga una influencia significativa sobre la productividad de los factores.

Foto de archivo de la fachada del Banco de España.

En el segundo, la Central de Balances del Banco de España, observamos una caída del 17,8% del valor añadido a precios corrientes entre 2008 y 2014, mientras que la de la producción fue solo del 15,2%. Esto lo que quiere decir es que durante ese periodo la productividad de los factores no solo no aumentó sino que disminuyó en 2,6 puntos porcentuales. Esto, en nuestra opinión, desmiente totalmente la hipótesis de que el valor añadido, que es lo que refleja el PIB, pudo disminuir desde el estallido de la crisis mucho menos que la producción. Antes bien, los datos del Banco de España indican justo lo contrario. Por lo tanto, todo pone de manifiesto que han existido problemas muy importantes en la elaboración de la contabilidad nacional que hacen que la cifra realmente informada por el INE difiera profundamente de la realidad.

Ello tiene repercusiones profundísimas sobre la sostenibilidad de la economía española, ya que si asumimos, en la más conservadora de las hipótesis, que el PIB real ha evolucionado en paralelo a los datos de producción de nuestra economía, el PIB real sería un 18,7% inferior al oficial, y el déficit y la deuda pública en relación al PIB, entre un 20 y un 25% superiores a las cifras publicadas por nuestras autoridades.

Así las cosas, comprobamos diariamente la ausencia de voluntad política para reducir el déficit de España. El Gobierno, después de incumplir todos los objetivos de déficit durante cuatro años, incluidas las ampliaciones acordadas por Bruselas a cambio de recortes que jamás hizo, ahora pide otra moratoria de tres años, pero el problema es que el déficit está totalmente fuera de control, los datos conocidos de 2016 son sencillamente catastróficos, en el primer cuatrimestre en vez de una reducción del 28% se han incrementado en un 18%, lo que lleva el déficit de este año al 6,4%, casi el doble del objetivo ampliado por Bruselas.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, comparece en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Adicionalmente, resulta absolutamente clara la imposibilidad de que España devuelva su deuda. Solo el soporte ilimitado del BCE y el blindaje de la prima de riesgo que ha rebajado los tipos de interés pagados a niveles históricamente bajos permite mantener artificialmente esta situación insostenible, pero a costa de inflar cada vez nuestra gigantesca burbuja de deuda, que será la ruina de las generaciones futuras.

Si analizamos la evolución de la deuda de acuerdo con el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), esta ha pasado del 37,9% del PIB en 2007 al 99,2% a final de 2015. Pero la deuda PDE no es toda la deuda. El PDE se basa en una directiva europea que aplica Bruselas a aquellos países que tienen un déficit público superior al 3% (caso de España), eliminando del cómputo las denominadas ‘inversiones comerciales’ (por ejemplo, la inversión en infraestructuras y la deuda de las empresas públicas). La deuda pública total está constituida por los pasivos en circulación menos las deudas entre administraciones públicas, ambas publicadas trimestralmente por el Banco de España. En diciembre de 2015 alcanzó un valor de 1,3 billones de euros. Esta deuda total ha pasado del 41,7% del PIB en 2007 al 119,7% a final de 2015. Y aquí se produce la primera diferencia ‘inexplicable’, que la diferencia entre deuda total y deuda PDE se ha incrementado desde el 10% al 20,7% en el periodo 2007-2015.

Resulta pasmoso que, ante una discrepancia tan enorme como injustificada, ni la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), que está precisamente para eso, ni la Comisión Europea hayan investigado tan sorprendente hecho. Y sin embargo la explicación más plausible es muy sencilla: en las diferentes administraciones públicas, con toda probabilidad, numerosos conceptos ‘computables han pasado a ser ‘no computables’, por lo que si asumimos que la relación entre deuda total y deuda PDE se ha mantenido invariable, lo que se debe aproximar mucho a la realidad, la deuda PDE a final de 2015 debería ser del 107,7% y no del 99,2%. La inacción de la AIReF y de la Comisión ante manipulaciones tan obvias los convierte en colaboradores necesarios en el engaño a los españoles y a los mercados.

Pero la segunda diferencia es mucho mayor, y en consecuencia mucho más grave. Desde principios de 2008, el Banco de España primero y el INE después, según indican todos los datos disponibles, informaron de datos excesivamente positivos primero y luego mucho menos negativos de la evolución de la economía española, empezando por el cuarto trimestre de 2007, algo que ayudó a que el PSOE ganara las elecciones generales de 2008. A partir de ese momento, las cuentas nacionales sobrevaloraron sistemáticamente el crecimiento, de forma que a día de hoy el PIB real es un 18,7% inferior al oficial. Es la conclusión principal de nuestro análisis.

2. Los hechos centrales del análisis

Gráfica compartiva del IPI y VAB industrial.

En industria, comparamos el IPI (índice de producción industrial) con el VAB (valor añadido bruto) industrial. Durante el periodo 1996-2008, observamos una excelente correlación, que se rompe en ese año y se vuelve a recuperar en 2010. Esa falta de correlación durante 2008 y 2009 ha provocado una brecha importante entre el valor esperable del PIB industrial por la correlación histórica. El nivel del IPI en 1996 era de 98, y al comenzar 2008, de 129, mientras que el PIB industrial en 1996 era de 74 y al comenzar 2008, de 105, es decir, que por una subida del 31% del IPI vimos una del 42% del PIB industrial, camino que debería haberse recorrido en sentido contrario durante la caída de 2008-2009. El PIB industrial esperable ahora mismo sería por lo tanto de 75, y no de 91 como se informa oficialmente. Eso supone un 17,6% de diferencia, que para un PIB industrial en 2015 de 167.000 millones de euros supone algo más de 29.000 millones de sobrestimación.

Gráfica de VAB servicios y cifra de negocios del sector servicios.

La mayor diferencia la encontramos en los servicios de mercado. Comparamos el VAB de los servicios, en volumen, con el IASS (índice de actividad del sector servicios) deflactado con el IPC, ambos con base 2010. Como vemos, desde 2002 a 2008 la correlación es absolutamente perfecta, rompiéndose esta súbitamente en esta fecha. En ese momento, el PIB de servicios era 95, mientras que el IASS era 125. Desde 2002 a 2008, la subida del IASS fue del 19%, mientras que la del PIB fue del 26,5%. Luego, durante la bajada del IASS, deberíamos haber esperado la misma relación con el PIB de servicios. Por ello, el nivel esperable ahora, con un IASS un 22,5% menor, debería ser un 31,4% menor. Si suponemos que el PIB atribuible a sanidad y educación (mayormente públicas) y a administraciones públicas se ha medido correctamente, ya que existe buena correlación entre el PIB informado y las partidas correspondientes de gasto público, esto afectaría al 75% del PIB de los servicios, que fueron en 2015 550.000 millones de euros. La sobrestimación del PIB de servicios sería por tanto en 2015 de 173.000 millones de euros (el 31,4% esperable por la caída del IASS). Como observación, destacar que en 2014 y 2015 se ha vuelto a recuperar la correlación en las cifras oficiales de las cuentas nacionales entre IASS y PIB de servicios, algo que ocurrió en la industria, como hemos dicho, en 2010.

Si asumimos que las otras pequeñas partidas del PIB están correctamente medidas (agricultura e impuestos sobre importaciones, producción e IVA), algo perfectamente asumible ya que la agricultura no ha tenido grandes variaciones en el empleo en el periodo y los impuestos son conocidos, esto implicaría que el PIB real sería en estos momentos un 18,7% menor de lo informado. Eso sin tener en cuenta la mayor caída del valor añadido de la producción, de la que informa el Banco de España en su encuesta de la Central de Balances, lo que presentaría una situación aún peor.

No tiene sentido para justificar las cifras oficiales el decir que no tenemos en cuenta en estos cálculos el sector exterior, ya que aplicamos la metodología de medida del PIB desde la perspectiva de la oferta, no de la demanda, ni tampoco que pueda deberse a un aumento de la economía sumergida, que por definición queda fuera del PIB.

3. ¿Cuál es la riqueza real de España?

Una persona enseña una moneda de euro.

Por las razones explicadas, la riqueza real de España o PIBpm, asciende a 879.000 millones de euros en lugar de 1,081 billones oficiales, y esto lo cambia todo. La deuda según el PDE a final de 2015 no sería del 99,2% del PIB, sino del 122%, la deuda total no sería del 122,5% del PIB sino del 151%. El déficit 2015 no sería del 5,4% -poniendo la cifra correcta de la Seguridad Social- sino del 6,6%, y este año será aún mayor porque los ingresos fiscales homogéneos han caído un 2,8% hasta mayo mientras que los gastos -sobre todo por la reducción de los gastos por desempleo- han disminuido mucho menos que los ingresos.

La presión fiscal, una de las mayores patrañas aducidas por la clase política para justificar las subidas de impuestos, situada en el entorno del 38% según la versión oficial, es realmente del 47%, algo coherente con los altísimos tipos impositivos que se aplican y con las cifras de presión fiscal sobre las familias y sobre el trabajo que calcula la OCDE, que no cuadraban en absoluto con la cifra oficial. Con el nuevo PIB, queda explicado también el tremendo aumento del paro sufrido, algo absurdo si creemos la contabilidad nacional oficial, si se tiene en cuenta que desde 2007 los salarios reales han perdido el 25% de su poder adquisitivo. Teniendo en cuenta que el PIB oficial ha bajado un 3,3% y el empleo ha bajado un 13,3%, los datos con el PIB corregido sí que resultan congruentes.

El Banco de España estima mensualmente el crecimiento en base a tendencias sin registros contables reales. Después el INE, con datos incompletos, encaja a martillazos los parciales para que sumen la ‘estimación’ del Banco de España. Justo al revés de como se realiza una contabilidad de verdad, y a como se hace en el resto del mundo, aquí se empieza la casa por el tejado, no por los cimientos. El INE ni da explicación ni corrige sus gravísimas incoherencias, por lo que resulta imperioso que la Comisión audite las cuentas nacionales, es demasiado lo que está en juego. Si no lo hacen, serán colaboradores necesarios en un engaño masivo al pueblo español y a los mercados, y el BCE no podrá exigir legalmente la devolución de la deuda. Una democracia merecedora de tal nombre debe basarse siempre en la transparencia y en la verdad. Si no es así es que tenemos un problema aún más grave del que estamos poniendo de manifiesto aquí.