Luis E. Togores.- Sin necesidad de entrar en la razón o sin razón de la Ley de Memoria Histórica existe otro factor importante que ha sido hurtado a la opinión pública por nuestros legisladores. El importantísimo coste económico que para la Administración y para los ciudadanos particulares va a tener la aplicación de esta ley.

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, afirmó con convicción hace unos meses que el coste de su aplicación no iba más allá del cambio de unas cuantas placas en las paredes de las calles de Madrid y de toda España. Visto desde un punto de vista estrictamente económico esto no es cierto.

Junto a las placas de las calles será necesario cambiar los planos de Madrid, Barcelona, Sevilla… Sí, esos planos que se entregan a los miles de turistas que nos visitan. Esos planos que están en el metro y en las paradas de autobús y en nuestros teléfonos móviles. Será necesario cambiar muchas webs de ministerios y organismos oficiales, impresos oficiales de toda índole en los que aparecen estas calles y plazas que cambian de nombre, documentos, guías, etc. Un gasto enorme, difícil de cuantificar, pero millonario, sin lugar a dudas. Un desembolso importante para un nación gravemente endeudada y que no logra cumplir sus promesas de ahorro con Bruselas.

Este gasto del que nadie se acuerda, del que nadie habla y que nadie cuantifica. ¡El dinero público no es de nadie! Ni a Montoro ni a Guindos parece preocuparles, como tampoco a Rivera, Sánchez o Iglesias. Resulta necesario recordar que este dinero lo gastan ministerios y ayuntamientos, la Administración, alegremente y que previamente lo han sacado de nuestros bolsillos a través de los impuestos. España es uno de los países que tiene una de las cargas fiscales más altas de Europa, lo que equivale a decir del Mundo.

Pero junto a este coste público está el coste, que tampoco nadie ha cuantificado, que van a tener que pagar cada uno de los vecinos a los que sus respectivos ayuntamientos les cambien el nombre de su calle, plaza o avenida. Cualquier particular tendrá que cambiar sus tarjetas de visita, darle su nueva dirección a su banco, compañía de eléctrica o del gas, a sus amigos y conocidos, va a suponer un trabajo grande y un coste económico, para algunas economías familiares, relativamente importante.

Para las empresas y negocios que les haya tocado la suerte del cambio de nombre, el coste va a ser mucho más importante. Se tendrá que cambiar la dirección en su web y en todos los impresos, folletos de publicidad, tarjetas, etc. que tenga la empresa o tienda. Su fondo de comercio se resentirá al buscar antiguos clientes y conocidos sus tiendas y oficinas por la dirección antigua, una dirección que ya no existe. Los tontones y planos, los taxistas, no nos podrán llevar a aquel pequeños restaurante que estaba en la calle Mártires Concepcionistas pues esta calle ya no existe. Todo esto costará una fortuna a muchos empresarios y comerciantes y hará perder, durante bastantes meses, mucho negocio a los que les toque el premio de los cambios de nombre.

¿Quién va a indemnizar a los ciudadanos particulares por estos gastos, que tampoco nadie ha cuantificado, y que es de justicia que los ciudadanos no tenga que pagar, ya que sus impuestos, IBIS, tasas de basuras, etc. se supone que les garantizan sus derechos y pagan estos servicios? ¿Por qué ellos tienen que acometer estos gastos y molestias mientras que los de la calle paralea están libres de ellos? Puede ser el momento, no de suprimir la Ley de Memoria Histórica, pero sí el de cuantificar su coste y meditar sobre cuestiones no estrictamente políticas de la ley; la forma y momento de aplicación. Su necesidad y sus auténticas consecuencias.

*Historiador y profesor universitario