Alberto Garzon y Pablo Iglesias

LM.- Pensiones más altas, edad de jubilación más baja y menos requisitos para cobrar una prestación. La propuesta número 16 del pacto firmado entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón la semana pasada es como una carta a los Reyes Magos. El epígrafe está dedicado a las pensiones públicas y promete derogar las dos últimas reformas de PP y PSOE, que limitaban los beneficios para los futuros pensionistas en un intento de garantizar la sostenibilidad de un sistema que está en números rojos y que ha visto cómo se deterioraba su balance de forma alarmante en lo que va de siglo.

Sin embargo, nada de eso importa a los líderes de Unidos Podemos. En su opinión, hay margen para subir las prestaciones. ¿Y cómo se pagará? Pues con más impuestos a todos los españoles y subiendo (mucho, en algunos casos) las cotizaciones de los trabajadores.

Pero con todo, ése no es el cambio más importante que plantea la nueva coalición. Lo más relevante es que con el diseño que ponen encima de la mesa el sistema perdería buena parte de su naturaleza contributiva. Ahora mismo, existe una cierta relación entre lo que uno aporta y lo que recibe. Es cierto que desde hace años los gobiernos están erosionando este principio a base de subir las mínimas y congelar las máximas, subiendo además el tope de cotización por encima de la revalorización de las prestaciones. En su momento, ya comentamos como el propio gobernador del Banco de España, Luis M. Linde, lo denunció en un artículo publicado en Actualidad Económica antes de llegar a su actual cargo: en 1984, la pensión mínima era de 2.116 euros, mientras que la máxima alcanzaba los 15.812 euros (es decir, era 7,5 veces más alta). En 2010, estas cifras eran de 34.526 y 8.978 euros (menos de 4 veces). Y la tendencia se mantiene en los últimos ejercicios.

Pues bien, lo que hace Unidos Podemos es dar un paso más (un paso enorme) para terminar de cambiar el actual modelo de Seguridad Social. Su propuesta es igualar mucho más las prestaciones, con una promesa que llevaría la pensión mínima al nivel del SMI (que en otro punto piden que suba hasta los 900 euros al mes) sin tocar las máximas. No sólo eso, también proponen eliminar la base máxima de cotización (ahora mismo en 3.642 euros al mes para contingencias comunes) sin subir la pensión correspondiente. En conjunto, esto implica un cambio total del modelo vigente, que perdería buena parte de su naturaleza contributiva y pasaría a ser un sistema asistencial con ajustes. Ningún partido propone equiparar la pensión mínima a la máxima (entre otras cosas porque los cotizantes no lo permitirían), pero con estas medidas la diferencia se estrecharía mucho.

De este modo, con las diez propuestas que UP lleva en su programa, estaríamos más cerca que nunca de ese escenario. Y cuidado, esto tendrá consecuencias en la actitud de los trabajadores. Si subes la mínimas y castigas al que cotiza, puede que haya quien piense si merece la pena seguir trabajando y cotizando.

Además, estas medidas encarecerían notablemente el empleo, con el desincentivo que esto supone, sobre todo en colectivos como los autónomos o los asalariados de nivel medio-alto o en aquellos que perdieran las ayudas a la contratación. Y en sentido contrario crecerían las ventajas del empleo sumergido. España ya es uno de los países con unas cotizaciones sociales más elevadas. Subir la factura a los empresarios les pondrá en una situación de más desventaja frente a sus competidores. De hecho, las sugerencias de los organismos internacionales van precisamente en la dirección contraria. UE, OCDE, FMI: todos ellos han propuesto que España rebaje algo el coste del trabajo y que compense las pérdidas de recaudación de las cotizaciones con otros impuestos.

Las medidas

1. “Indexación de las pensiones al IPC”

Ésta es la propuesta más extraña y tiene doble lectura. Quizás los redactores del programa no se dieron cuenta en ese momento, pero en la práctica podría implicar un recorte de las pensiones para este mismo año. Con la reforma aprobada por el PP en 2013 se dejó de tener en cuenta el IPC y se aprobó un nuevo indicador, el Índice de Revalorización (IR), que incluía un tope mínimo (0,25%) y máximo (IPC+0,25%) para determinar las prestaciones cada año.

Probablemente los que diseñaron el sistema creían que el límite mínimo actuaría como soporte para evitar que las pensiones cayeran por debajo del 0%. Es decir, la previsión es que el IPC sería positivo y que el cálculo del IR daría una revalorización negativa. De esta forma, ese 0,25%, aunque insuficiente para que los pensionistas mantuvieran poder adquisitivo, serviría al menos para limitar daños. Por eso mismo, los críticos de la reforma insistían en que era una forma de ocultar la pérdida de valor de las pensiones.

El problema es que el IPC lleva en terreno negativo (o cerca del 0%) muchos meses. Por ejemplo, el IPC de abril fue del -1,1%. ¿Esto quiere decir que Podemos-IU proponen bajar las pensiones un 1,1% para el próximo año? Y la comparación con el PP será casi más dolorosa para la coalición: porque el modelo actual asegura al menos un 0,25%.

Sin embargo, como decimos, esta promesa tiene una doble lectura. Porque en realidad, y mirando más allá del corto plazo, lo cierto es que la propuesta de volver al IPC implica un reto para la sostenibilidad del sistema. Si todo vuelve a la normalidad (por ejemplo, los precios vuelven a subir en el entorno del 2% que tiene como objetivo el BCE) eliminar el IR de 2013 supondrá un coste extra de varios miles de millones al año. Con el actual gasto en pensiones, de cerca de 110.000 millones de euros, pasar de una subida del 0,25% al 2% implicaría una factura adicional de unos 2.000 millones. ¿Podría pagarse?

2. “Derogación de la reforma de las pensiones del PSOE del año 2010”

Entre 2010 y 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una reforma de las pensiones dirigida a recortar la factura de la Seguridad Social. La idea era cambiar las reglas de acceso al sistema: retraso de la edad de jubilación a los 67 años, ampliar la base reguladora para calcular la prestación a 25 años, recortar las opciones de jubilación anticipada y subir el número de años mínimos cotizados para cobrar el 100% a 37 años (y ampliar el recorte a la pensión si no se llegaba a esa cifra).

Ahora, Pablo Iglesias y Alberto Garzón prometen derogar esa reforma. Según un estudio de José Ignacio Conde-Ruiz, para el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) “la Reforma de 2011 tiene capacidad para reducir el gasto en pensiones hasta un máximo de 3 puntos de PIB en el año 2051” , lo que implica “un ahorro medio anual de 0,2% p.p. PIB”. Son otros 2.000 millones. Ése será el coste de la medida propuesta por Unidos Podemos.

3. “Derogación de la reforma de las pensiones del PP del año 2014”

La reforma aprobada en 2013 y que se aplicó por primera vez en 2014 tenía dos partes. La primera es la que ya hemos visto en el apartado 1: eliminar el IPC como indicador para la revalorización anual de las prestaciones.

El segundo gran cambio era la introducción del Factor de Sostenibilidad (FS) que se aplicará en el momento de la jubilación. Podría resumirse diciendo que cuando un trabajador pase a ser pensionista, a su pensión teórica se le aplicará un descuento en función de la esperanza de vida. Es algo parecido a las cuentas nocionales que existen en Suecia: cada trabajador sabe cuánto le tocaría en función de lo que ha cotizado y depende de cuándo se jubile y de la esperanza de vida para determinar cuál será su mensualidad. Unidos Podemos también promete acabar con esta reforma. Los expertos a los que el Gobierno encargó el Informe sobre el factor de sostenibilidad calculaban que la medida supondría un recorte del 5% cada diez años para las nuevas pensiones. Si se elimina, también habrá que pagarlo.

4. “Compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva”

Llegados a este punto, la pregunta es ¿cómo se pagarán todas estas promesas? Y la respuesta está en esta cuarta medida: subiendo impuestos. Dado que la coalición no ha prometido ningún recorte de gasto en el resto de las grandes partidas del Presupuesto (si acaso, al contrario) la única alternativa que le queda es subir el resto de los tributos para pagar las pensiones.

5. “Revisión y progresiva supresión de los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones”

Las medidas 5 y 6 van en la misma dirección, subir las cotizaciones sociales eliminando las excepciones o regímenes especiales. Para la mayoría de los trabajadores (más de 13 millones), que están incluidos en el régimen general, no habrá cambios. Pero para los que tengan el régimen especial agrario (0,8 millones), de empleadas de hogar (0,4 millones) autónomos (3,1 millones) o régimen especial del mar o del carbón (unas 66.000 personas entre ambos) el palo será inesperado y costoso.

6. “Deben establecerse cuotas a la Seguridad Social porcentuales y progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo y alta gratuita para aquellos que facturen por debajo del salario mínimo (propuesta número 10)”

Ésta es la única propuesta que no está incluida en el epígrafe 16, dedicado a las pensiones, sino en el 10, el de los autónomos. Cuando los políticos hablan de esta medida (que PP, PSOE o Ciudadanos también plantean de una u otra forma en sus programas) lo venden como una ventaja para los autónomos que cobren poco, porque ya no tendrán un mínimo de cotización. Pero para la inmensa mayoría (entre el 85 y el 90% de los autónomos calculan las asociaciones del sector) la medida supondrá un golpe muy duro en sus finanzas. Además, Unidos Podemos es el que plantea el cambio de forma más directa y sin matices: hay otras propuestas sobre la mesa que hablan de varios escalones o de hacer esto de forma progresiva. Aquí no, los autónomos tendrán que cotizar igual que los empleados por cuenta ajena. La pregunta que muchos se harán es ¿merece la pena entonces ser autónomo?

7. “Eliminación de los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados”

Iglesias y Garzón no sólo proponen reformas que cuestionan la sostenibilidad del sistema público a través de incrementos de gasto que será complicado mantener. También atacan el ahorro privado con la eliminación de las ventajas que hasta ahora disfrutaban los planes de pensiones.

8. “Eliminación del tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción”

Quizás la propuesta más importante, aunque pase más o menos desapercibida entre las promesas de derogar las reformas de los últimos año o subir las prestaciones. Como apuntamos anteriormente, implica erosionar de forma profunda la naturaleza contributiva del sistema, penalizando a los que más contribuyen. Perjudica sobre todo a los trabajadores de más edad, que tienen sueldos más elevados y a los que los últimos años de cotización les pesan en el cálculo de la prestación. Puede que muchos jóvenes sientan que no les afecta a ellos, porque su base de cotización está muy por debajo de la máxima. Pero cualquier trabajador que en algún momento de su carrera laboral esté por encima de ese nivel será penalizado.

Además, no es una propuesta que pueda verse de forma aislada. Unida al punto 9 (revalorización de las pensiones mínimas) y al resto de reglas propuestas por UP, implica un claro desincentivo a la cotización.

9. “Revalorización de la pensión mínima en los siguientes términos: la pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del SMI anual”

Iglesias y Garzón apuntan a una pensión mínima de unos 900 euros a final de la legislatura. No se aclara cuál sería el coste de la medida o cómo se financiaría.

10. “Revisión de todas las medidas de reducción de las cotizaciones empresariales aplicadas en los últimos años”

Los últimos gobiernos han aprobado normas para abaratar la contratación de determinados colectivos (casi siempre jóvenes o parados de larga duración). El objetivo era hacer más atractivo para los empresarios a este tipo de trabajadores. UP propone ahora cargarse estas ventajas sin ofrecer alternativas que faciliten el empleo para estos colectivos en lo que tiene que ver con las modalidades de contratación. De hecho, otras promesas como elevar de forma general el SMI para todos los trabajadores van en la misma línea de desincentivar la contratación precisamente de los que lo tienen más complicado para acceder al mercado laboral.

Las consecuencias

Tras todo esto, la pregunta clave es cuáles serían las consecuencias de aplicar estas diez medidas. Para los simpatizantes de la nueva coalición, lo que proponen Iglesias y Garzón es un mundo feliz, con pensiones más altas y un coste que sólo recae en los más ricos. Los escépticos se preguntarán cómo se paga todo eso. En cualquier caso, hay varias cuestiones sobre la mesa fundamentales:

– En Grecia, Alexis Tsipras, aliado y amigo de Iglesias, llegó al poder con las pensiones como una línea roja, Hace unos días se enfrentó a fuertes protestas por romper su promesa en este tema y aprobar una reforma que supondrá una bajada para buena parte de los jubilados de su país. ¿Sería Iglesias como presidente más fiable que su colega heleno?

– La Unión Europea exigió a España las reformas de 2010 y 2013, fueron parte de las condiciones que nuestros socios impusieron para las ayudas que nos ofrecieron en aquellos años. Los cambios aprobados por el PP y el PSOE no fueron sólo fruto de la reflexión interna en estos partidos, fueron una exigencia de Bruselas a cambio del rescate (ya fuera éste directo o indirecto). ¿Estarían dispuestos a olvidar aquel compromiso?

– El sistema está basado en la contributividad. Las medidas de UP socavan esta premisa, lo que desincentivará a los actuales cotizantes. Además, encarecen mucho el empleo para determinados colectivos, especialmente los autónomos, los empleados con salarios más elevados y los colectivos con dificultades de inserción. ¿Cómo afectaría esto a la creación de empleo y a los ingresos por cotizaciones? ¿Y a la economía sumergida? ¿Cuáles serían las consecuencias sobre la competitividad de nuestras compañías?