Bajo la legislación palestina, los funcionarios de la UNRWA gozan de inmunidad judicial, y sus conexiones con Hamás mantendrán en sus posiciones de poder y fuera de la cárcel a los oficiales implicados en acoso sexual. En la imagen, a la derecha, Pierre Krähenbühl, comisionado general de la UNRWA, en un encuentro con Federica Mogherini, alta representante de la UE para la Política Exterior.

El sexo es un tema tabú en la conservadora sociedad palestina. Así que muchos se llevaron una desagradable sorpresa cuando salió a la luz pública un informe sobre el rampante acoso sexual en la Gaza gobernada por Hamás.

El periódico de Beirut vinculado a Hezbolá Al Ajbar ha publicado el concluyente informe “Gaza: solicitantes de empleo, presas del acoso sexual y los sobornos”. Amiad Yagui, el joven periodista palestino que lo sacó a la luz, demostró un extraordinario coraje al hacerlo.

Ni que decir tiene que a Hamás no le hizo ninguna gracia.

Yagui escribió: “[Ciertas] personalidades de la Franja han dejado de ceñirse a las pautas profesionales de su función moral, superadas por sus instintos sexuales (…) Están aprovechándose de su posición, especialmente a la hora de decidir sobre contrataciones, nombramientos y prestación de servicios y fondos a proyectos, en un contexto de falta de oportunidades laborales para las mujeres”.

Según Yagui, el informe fue publicado en un periódico libanés porque los medios palestinos vetan las historias que puedan indignar a la opinión pública y “perjudicar” las tradiciones y la moral palestinas.

Yagui expone claramente el círculo vicioso: “Las víctimas no tienen libertad para hablar sobre su experiencia, por eso la mayoría de las mujeres que han sufrido acoso sexual guardan silencio. (…) Temen que se les pueda impedir el acceso a nuevos trabajos o que su reputación quede dañada”.

El informe reveló que al menos 36 mujeres palestinas que trabajaban en distintos ámbitos habían sido víctimas de acoso y explotación sexual. Como prueba de lo descrito por Yagui sobre su dilema, 25 de ellas rehusaron explicar todos los detalles sobre sus experiencias y las otras 11 accedieron a hablar abiertamente con la condición de hacerlo desde el anonimato.

Se denunciaron delitos sexuales de distintos tipos. Veinte de las víctimas denunciaron acoso en sus puestos de trabajo, mientras que las otras diez dijeron que se les había pedido el pago de “sobornos sexuales”. Seis de las mujeres le dijeron a Yagui que habían sido agredidas sexualmente en el trabajo.

Una periodista de 27 años le dijo a Yagui que un funcionario palestino que trabajaba en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) la invitó a su despacho para hacerle una entrevista laboral:

Cuando fue a su despacho, el oficial intentó acercársele y tocarla, pero ella se apartó y se marchó. Al día siguiente, el funcionario fue más sincero con ella: le había ofrecido el trabajo a cambio de que mantuviera relaciones sexuales con él. Se quedó estupefacta y le retiró la palabra.

La mujer cree que la alta posición del oficial que la acosó sexualmente le protegerá de tener que rendir cuentas por su conducta. También aludió a un problema mayor y más arraigado en el mundo árabe e islámico: “Nuestra sociedad duda de la integridad de una mujer que hable de honor”. Señaló que un tercer obstáculo a su procesamiento es que, bajo la ley palestina, los funcionarios de la UNRWA gozan de inmunidad judicial.

La inmunidad judicial ante delitos sexuales parece no afectar a los escalafones superiores de las organizaciones financiadas internacionalmente. Por ejemplo, el director de una organización de ayuda internacional presuntamente ofreció a una solicitante de empleo de 28 años un puesto muy bien remunerado a cambio de sexo.

Parecería que los abogados de Gaza ya tienen suficiente trabajo sin necesidad de acosar a sus empleadas. Pero una jurista en prácticas de 23 años le dijo al periodista de investigación que su jefe, un abogado de 45, se insinuó sexualmente tanto a ella misma como a otras tres compañeras. Otro abogado ofreció a una compañera 50 shekels (12 dólares) por dejarse tocar.

Según el informe, en los últimos años 13 mujeres periodistas han sufrido acoso sexual en Gaza.

Yagui descubrió que la Ley Básica Palestina no aborda el problema del acoso sexual. Aunque la legislación sí hace referencia a la corrupción en el lugar de trabajo, no se detalla el acoso sexual como una forma de ella.

Recientemente se ha escrito mucho sobre el aumento generalizado de los abusos infantiles en la Franja -controlada por Hamás-, donde los niños son sometidos a un lavado de cerebro constante por parte de los grupos armados. La semana pasada apareció un nuevo vídeo sobre cómo los grupos islamistas radicales de Gaza incitan a los niños. En el vídeo aparecen varios niños vestidos como milicianos de la Yihad Islámica simulando la detonación de una bomba cerca de un tanque israelí. Se puede oír al público –los padres de los tres niños actores– vitoreándoles y aplaudiéndoles.

En una sociedad donde los niños son adoctrinados para asesinar, no resulta sorprendente que las mujeres sean víctimas de diferentes tipos de explotación sexual.

Yagui mantiene la identidad de los agresores a salvo del escrutinio público. Ahora bien, se trata claramente de altos cargos que trabajan tanto en el sector público y privado. Y, claramente también, la víctima del funcionario de la UNRWA tenía razón: las conexiones de estos delincuentes con Hamás les salvará sin duda de ir a la cárcel y podrán seguir en posiciones de poder.