España iniciaba el año 1909 con el Rey Alfonso XIII como Jefe del Estado y con Antonio Maura, miembro del Partido Conservador, al frente del Gobierno desde el 25 de enero de 1907.

Tras la restauración monárquica, políticamente, España, que no se había recuperado del trancazo y de la desilusión producidos por la pérdida, en 1898, de las últimas colonias de ultramar: Cuba, Puerto Rico, Islas Filipinas, Islas Marianas e Islas Carolinas.

La España de principios de siglo poseía un sistema político en el que dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, se turnaban en el gobierno; más que de bipartidismo habría que llamarlo un régimen de “partido único multimarca”. La alternancia estaba organizada desde el poder mediante el reparto de escaños realizado antes de las elecciones, a través de una red de influencias que Joaquín Costa denuncia en su libro “Oligarquía y Caciquismo como forma de Gobierno en España, urgencia y modo de cambiarla”. El régimen oligárquico-caciquil garantiza que la alternancia se cumpliera mediante lo que conocía con el nombre de “el pucherazo”, fraude electoral que se realizaba de forma sistemática con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales.

En este sistema la monarquía ejerce un papel de arbitraje. El resto de los partidos políticos eran marginados del poder y sólo lograban conseguir representación en algunas zonas urbanas, donde el caciquismo era más débil y el control electoral y el amaño, por tanto más difícil.

Seguro que más de una persona que lea estas líneas está pensando que aquella España de hace más de un siglo se parecía demasiado a la España actual, como desgraciadamente así es.

El 9 de julio de 1909 los obreros españoles que trabajaban en la construcción de un ferrocarril mediante el que se pretendía unir Melilla con las minas de Beni Bu Ifrur, propiedad de la Compañía del Norte Africano, de capital francés pero de nacionalidad española, y de la Compañía Española de Minas del Rif, una sociedad controlada por la familia del conde de Romanones y la Casa Güell emparentada con el marqués de Comillas, fueron atacados por las cabilas de la zona que se oponían a la penetración extranjera (cuatro obreros murieron). Este altercado, mediante el cual dio comienzo la denominada Guerra de Melilla, sería utilizado como pretexto por el Gobierno de Maura para decretar el envío de las Brigadas Mixtas de Cataluña, Madrid y Campo de Gibraltar, además de otras unidades militares que complementarán a las Brigadas, con el objetivo de acabar con la rebelión rifeña y asegurar el control de la “zona de influencia” española en el norte de Marruecos.

En la orden de movilización se incluyó a los reservistas de los cupos de 1903 a 1907, medida muy mal acogida por las clases populares debido a que la legislación de reclutamiento entonces vigente permitía a los varones quedar exentos de la incorporación a filas mediante el pago de un canon de 6000 reales, cantidad que no estaba al alcance de cualquiera (el salario diario de un trabajador ascendía por entonces a aproximadamente a 10 reales). También se daba como factor añadido que, la mayor parte de los reservistas eran padres de familia, en las que la única fuente de ingresos, la única renta era la aportada por aquellas personas a las que pretendían movilizar.

Tras la publicación del decreto de movilización el 10 de julio tuvieron lugar multitud de protestas contra la guerra, fueron muchos los artículos publicados en la prensa, se sucedieron mítines y manifestaciones, que en muchas ocasiones fueron prohibidos por el gobierno, y en algunas localidades se vivieron momentos de tensión con motivo de la salida de las tropas (aunque en otras, como Cádiz o Málaga, se produjeron despedidas entusiásticas y “patrióticas”). En Madrid se produjeron alborotos en la estación de ferrocarril de Mediodía en la noche y la madrugada del 20 al 21 de julio cuando se procedió al embarque de la Brigada Mixta de Madrid al mando del general Pinto. También los hubo en las estaciones de tren de Zaragoza y de Tudela.

El gobierno, ante la presión popular y de la prensa, acordó el 23 de julio conceder una pensión de 50 céntimos diarios a las esposas e hijos huérfanos de madre de los reservistas movilizados.

El gobernador Evaristo Crespo Azorín entra en Barcelona el 6 de agosto de 1909, acompañado del general Santiago.

En Barcelona los embarques de tropas en el puerto comenzaron el día 11 de julio sin que se produjeran altercados. Pero en la tarde del domingo 18 de julio cuando se iba a realizar el embarque del batallón de Cazadores de Reus, integrado en la Brigada Mixta de Cataluña, la tensión estalló. Algunos soldados arrojaron al mar los escapularios y medallas que varias aristócratas barcelonesas les habían entregado antes de subir al vapor militar Cataluña, mientras hombres y mujeres gritaban desde los muelles:

¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! ¡Todos o ninguno!

La policía tuvo que hacer varios disparos al aire y detuvo a varias personas. Las protestas aumentaron en los días siguientes cuando llegaron noticias de que se habían producido gran número de bajas entre los soldados españoles enviados a Marruecos.

El jueves 22 de julio los diputados de Solidaridad Catalana se hacían eco del “sentimiento popular” y exigían al gobierno la “reunión inmediata de las Cortes” para debatir la cuestión de la guerra y las “condiciones en que se practica el reclutamiento de las tropas expedicionarias”. El gobernador civil de Barcelona, Ángel Ossorio y Gallardo, prohibió la reunión de Solidaritat Obrera que iba a celebrar el sábado 24 de julio para confirmar la propuesta de ir a una huelga general, por lo que fue un Comité de Huelga clandestino, integrado por Antoni Fabra i Ribas (un socialista que intentó sin éxito que la movilización barcelonesa se pospusiera para que coincidiera con la huelga general que el PSOE y la UGT iban a convocar en toda España, y que finalmente tendría lugar el 2 de agosto con poco seguimiento, debido a las medidas represivas adoptadas por el gobierno que incluyeron la detención en Madrid el 28 de julio de Pablo Iglesias y el resto de la cúpula dirigente socialista), José Rodríguez Romero (sindicalista) y Miguel V. Moreno (anarquista), el que fijó un paro de 24 horas para el lunes 26 de julio, que desembocaría en la llamada “Semana Trágica”, que hizo que se hablara de Barcelona como “la ciutat cremada”.

El hastío popular ante el envío de reservistas al matadero rifeño estalló el 26 de julio. Pequeños grupos recorrían talleres, fábricas y ateneos animando al paro general. Por la tarde se paralizaba el servicio de tranvías y ya se hablaba de nueve guardias heridos y tres muertos entre los huelguistas.

El 27 de julio se acabó desatando la orgía incendiaria en los Maristas de Pueblo Nuevo. Con los adoquines se forman barricadas y espesas columnas de humo se alzan sobre Barcelona. Arden la iglesia de San Pablo y los Escolapios de San Antón.

Los enfrentamientos entre los sublevados y el ejército prosiguieron los días 28 y 29. Monjas y frailes buscaban refugio y la escasez de productos de primera necesitad se hace notar. Las calles quedaban a oscuras al caer la noche por la falta de suministro de gas, lo que hacía todavía más espeluznante la visión de las llamas. En el Clot y Sant Martí, los sublevados se enfrentaban a unidades de artillería y los guardias protegían el convento de las Concepcionistas de otro incendio.

Los días 30, 31 y 1 la algarabía y los enfrentamientos van a menos: los periódicos retornan a los quioscos de la Rambla y los carros de reparto suministran víveres. Las primeras cifras oficiales hablaban de 3 muertos y 27 heridos entre las fuerzas del ejército y 75 cadáveres y más de cien heridos entre los civiles.

Fotografías de la época nos dejan imágenes macabras, tumbas de religiosos profanadas, historias sobre extraños rituales de tortura conventual, jardines repletos de ataúdes y momias recostadas en las fachadas…

La represión no se hizo esperar: el carbonero Ramón Clemente, que bailó con el cadáver de una monja, fue fusilado y Francisco Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna, detenido por el somatén de Alella. El gobierno le tenía fichado desde 1906, cuando uno de sus alumnos, Mateo Morral, atentó contra Alfonso XIII.

Viene a cuento retomar las palabras de Joan Maragall de octubre de 1909, el mes en que fusilaron a Ferrer en Montjuic, expresando el sentimiento de una burguesía católica y catalanista desbordada por la realidad social, palabras en las que justificaba el descontento popular al considerar que la reacción de los obreros era el resultado lógico de la arbitrariedad del Gobierno de Maura, a la vez que condenaba que todo ello hubiera sido acompañado por los incendios y las profanaciones y las rapiñas y el asesinato gente indefensa, y la destrucción de institutos de caridad y de enseñanza , y templos que nada tenían que ver con el asunto en cuestión.

En su artículo “Ah! Barcelona…” Maragall manifestaba la enorme contradicción de un catalanismo que criticaba al mismo Estado al que se vería obligado a pedir ayuda para sofocar la lucha de clases de esa Barcelona que llegó a ser conocida internacionalmente como la «Ciudad de las Bombas» y «La Rosa de Foc».

Resultado de la Semana Trágica: 110 muertos (104 civiles, 3 militares y 3 religiosos); medio millar de heridos y 112 edificios incendiados (80 religiosos); millares de personas detenidas, de las que 2000 fueron procesadas por tribunales militares, de las cuales 175 sufrieron pena de destierro (entre ellos un importante número de maestros de las escuelas de Ferrer i Guardia) 59 cadena perpetua y 5 condenas a muerte. Además se clausuraron los sindicatos y se ordenó el cierre de las escuelas racionalistas.

Los cinco condenados a muerte fueron ejecutados, el 13 de octubre, en el castillo de Montjuic. Entre ellos se encontraba Francisco Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna, a quien se acusó de ser el instigador de la revuelta basándose únicamente en una acusación formulada en una carta remitida por los prelados de Barcelona. Estos fusilamientos acabaron ocasionando una amplia repulsa hacia Antonio Maura en España y en toda Europa, organizándose una gran campaña en la prensa extranjera así como manifestaciones y asaltos a diversas embajadas.

El rey, alarmado por estas reacciones tanto en el exterior como en el interior acabó destituyendo a Maura.

¿Estamos asistiendo al comienzo de una nueva “Semana Trágica” en Barcelona? ¿Volveremos a ver de nuevo a la burguesía catalana que de manera incoherente, a la vez que critica al “Gobierno de Madrid”, acaba solicitando ayuda urgente para sofocar la revuelta, esta vez de los “okupas” de la CUP y de la Alcaldesa Ada Colau? ¿A qué carajos está esperando el Gobierno de Mariano Rajoy para hacer que se cumpla la ley en Cataluña?

Dicen que quienes conocen su propia historia están abocados a repetirla… ¡Pues “eso”!