Cuando se habla de delincuencia de los políticos se piensa ante todo en la corrupción económica. Los partidos insisten en que los corruptos son muy pocos, pero la verdad es que lo son prácticamente todos: pocos, quizá, por acción, pero el resto por omisión. ¿Recuerdan algún caso en que alguno denuncien corrupciones concretas en sus propios partidos? Quizá el de Alonso Puerta, que le valió la expulsión del PSOE: “con las cosas de comer no se juega”. La corrupción se ha institucionalizado, y el espectáculo de unos corruptos acusándose a otros o gritando enfáticamente que hay que acabar con la corrupción ya revela el patio de Monipodio en que han convertido la política. Por cierto, ese patio de Monipodio que es el actual Congreso rindió un burlesco homenaje a Cervantes.

De todas formas, mucho más graves y peligrosos son otros delitos. Si usted regala mil euros a la ETA puede ser procesado por colaboración con banda armada. Pero si unos gobernantes rescatan a la ETA de la pésima situación a que la había llevado el acoso legal del gobierno anterior, y le regalan legalidad política, proyección internacional, cientos de millones de euros de dinero público para que siga atacando a España y la democracia, eso resulta no ser delito, porque lo ha refrendado el patio de Monipodio en pleno, con una oposición de puro camelo.

La colaboración con la ETA por parte de la masa de nuestros políticos significa, aparte de una manifestación brutal de corrupción, aceptar el asesinato como un modo de hacer política, y premiarlo. Y con ello socavar las bases mismas del estado de derecho. Lo más asombroso es que esa gente dice obrar en nombre de la democracia. ¿Qué entenderán por democracia los miserables?

Otro tanto cabe decir de la colaboración con los separatistas. Los separatismos han sido desde principios del siglo XX una plaga para las libertades y la continuidad histórica de España. Contribuyeron a hundir el régimen liberal de la Restauración, sabotearon la república y se unieron con los totalitarios del Frente Popular. Derrotados en la guerra, salieron muy debilitados del franquismo, y a continuación fueron potenciados al máximo, financiados y alentados tanto por la derecha “nacional” como por el PSOE. Están llevando de nuevo a España a una crisis histórica, pero los mayores responsables son precisamente el PP y el PSOE. Esto, ¿no cabe calificarlo de delito de alta traición o algo parecido? Los separatistas injurian constantemente a España e incumplen sin recato alguno la ley, pero los demás partidos y el gobierno, cuya obligación más elemental es hacer cumplir la ley, ¿no la incumplen a su vez al permitir su incumplimiento? ¿No es delictiva esa conducta?

Pondré dos ejemplos más: los cuatro partidos con poder se sienten muy amigos, en plan lacayo, de una potencia que mantiene una colonia en nuestro territorio, única colonia en Europa. Ellos han convertido la ruina de Gibraltar en un emporio de negocios opacos, que parasita y hunde la economía de la zona en torno, explota la corrupción de los políticos, difunde el odio a España, se inmiscuye en los asuntos españoles con celebración de reuniones separatistas, etc. ¿No es esta política colaboración con una potencia hostil a España y con todo género de negocios turbios? Pues es otro rasgo definitorio de nuestros politicastros.

Y recordarán las palabras de Margallo hablando de entregar “grandes toneladas de soberanía” a la burocracia de Bruselas, vulnerando la Constitución y la soberanía de España. Esta banda de pícaros desvergonzados no siente que está al servicio de España, de su soberanía, sino que entiende esta como una especie de finca particular con la que pueden hacer lo que les parezca. Pues, en su concepción bananera de la democracia, el contar con millones de votos más o menos engañados les permite cometer cualquier fechoría.

Podríamos seguir con la “memoria histórica”, una ley totalitaria radicalmente antidemocrática y simpatizante, ¡no es de extrañar!, con los chekistas y criminales del Frente Popular.

En fin, la evidencia es que España está gobernada, en efecto, por políticos delincuentes, y solo queda una alternativa: o España y la democracia desmantelan esa clase política, o esa clase política desmantelará a España y la democracia.