El Tribunal Supremo ha admitido a trámite este martes la querella que interpuso el exministro José Manuel Soria contra la diputada de Podemos Victoria Rosell por retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho. La Sala Segunda investigará así los hechos relacionados con la demora en la tramitación de una causa que afectaba a su pareja cuando era titular del juzgado numero 8 de Las Palmas.

Una vez que los magistrados han recabado la documentación que consideraban oportuna para determinar su propia competencia así como la relevancia penal de los hechos, señalan que habrá que practicar las diligencias necesarias para concluir o descartar si la demora en la tramitación «estuvo relacionada con el deseo de favorecer las relaciones comerciales entre Carlos Sosa (persona con la que la señora Rosell convive y mantiene una relación afectiva) y el imputado en aquellas diligencias», el empresario Miguel Ángel Ramirez.

En el auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se explica que la fase de investigación que ahora comienza deberá dilucidar si las distintas resoluciones dictadas en el marco de aquellas diligencias, más allá de su cobertura formal, incluso de su aparente procedencia, «no eran sino el vehículo para la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según él querellante, buscaba enriquecer a su pareja».

En definitiva, según la Sala, se trata de afirmar o excluir si bajo la dilatada tramitación de aquel proceso se escondía un distanciamiento tal del principio de imparcialidad que las decisiones adoptadas «no habrían sido sino una coartada llamada a camuflar el irreparable quebranto de los principios y deberes estatuarios que legítiman el ejercicio de la función jurisdiccional».

El auto de la Sala se basa además de en la querella, en los documentos solicitados por la Sala (entre ellos, un informe del juez sustituto de Rosell), en el informe remitido por el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, cronológicamente anterior a los nuevos datos aportados en la ampliación de la querella, y en la declaración prestada recientemente por Miguel Ángel Ramírez, en la que aludió a la existencia de pagos continuados a Carlos Sosa, hechos por los que se investigará un delito de cohecho, informan fuentes del Alto Tribunal.

El LARGO HISTORIAL DE ESCÁNDALOS DE VICTORIA ROSELL

A Victoria Rosell no le sientan bien los aeropuertos. O los empleados y funcionarios que en ellos trabajan, porque ya lleva en apenas poco más de un mes dos escándalos que trascendieron las paredes del recinto de Gran Canaria, uno a finales de febrero y otro este domingo, cuando se negó a entregar su carnet de identidad a un guardia civil.

El hecho de febrero surgió cuando la jueza en excedencia y hoy diputada de Podemos montó una escena en el aeropuerto de Gran Canaria, en el mostrador de información de Aena, donde se presentó a las 5.45 «con actitud soberbia, solicitando que se le abriese la sala de autoridades inmediatamente, para viajar a Madrid» en un vuelo que salía 45 minutos después.

El trabajador se limitó a explicarle que aunque fuera diputada no tenía derecho a usar esa sala, ya que «hay un protocolo de solicitud, que autoriza previamente la Delegación de Gobierno, siempre y cuando quien lo solicita tenga derecho a ello», que no es el caso de un diputado.

«En más de 30 años de democracia no hemos tenido nunca ningún incidente con ningún diputado canario y mira que viajan mucho y que algunos de ellos eran conocidos por su mal carácter. Pero con esta señora y en tan poco tiempo ya llevamos dos», dice ahora un veterano trabajador del aeropuerto de Gran Canaria.

En ese momento, la que Podemos ha elegido como «ministro de Justicia» de un posible gabinete de gobierno, se defendió diciendo que no pretendía utilizar la sala, sino que solo se había interesado por el uso que de ella hacen otras personas, como el ministro y diputado por Las Palmas José Manuel Soria, con el que tiene una añeja rivalidad.

Sin embargo, en declaraciones a una radio isleña admitió algún roce con un empleado «godo» («peninsular», en tono despectivo): «Con uno tuve una conversación cordial, educada y normal. Sí que es verdad que uno así engominadito, muy godo, me dijo: ‘¿Y a ti qué te importa?’», afirmó.

La seguridad y el DNI

Los hechos de este domingo, relatados minuciosamente en un comunicado por la Delegación del Gobierno en Canarias, no llevan a muchos equívocos y así queda reflejado en la grabación de las cámaras de seguridad.

Después de un incidente y varias discusiones con el personal del aeropuerto, el guardia civil que se encontraba de servicio requirió a la jueza en excedencia que se identificara. Sin embargo, la pasajera no le hizo caso y siguió su camino, respondiendo al agente: «No me da la gana», según está recogido en el parte levantado tras el incidente.

Tuvo que insistir el agente de la Benemérita en reiteradas ocasiones, en las que Rosell trató de esquivar los requerimientos y al agente sin detenerse. Finalmente, la pasajera entregó un documento que resultó ser un acreditación de diputada nacional a nombre de Victoria Rosell, tras lo cual entregó también el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ya esta mañana, la diputada se defendió señalando al PP canario como causante de una persecusión en su contra y aportando una grabación que ahora es fruto de una investigación oficial y en la que se escucha al agente solicitarle varias veces la documentación mientras ella le pide que la deje continuar su camino para coger el avión.

Choques con la Delegación

Lo cierto es que el historial de incidentes de Rosell con la Delegación del Gobierno no se limita a esta etapa de diputada recién inaugurada, sino que se remonta a su ejercicio como jueza de instrucción en Las Palmas, donde acumulaba choques con los representantes del Ejecutivo en las Islas, que ella no duda en afirmar que actúan «al servicio del PP».

En uno de ellos, lo hizo en su papel de juez de control del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Gran Canaria, donde tanto la Delegación como la fiscalía la acusaron de practicar diligencias que excedían sus competencias. «Quería reescribir el reglamento interno del CIE desde su juzgado», apuntan fuentes de Extranjería.

En otro caso, impidió la devolución a Marruecos de dos inmigrantes clandestinos pese a que no le correspondía a ella sino al juez de guardia. Así, la Brigada de Extranjería recibió en un mismo día y con diferencia de unos minutos la misma orden, pero desde dos juzgados diferentes, del 8 cuyo titular era Rosell y del 3, que era el que en verdad estaba de guardia.

Fuentes policiales también han manifestado en otras ocasiones su estupor por lo que entienden «demaciado celo» de la magistrada cuando en un procedimiento aparecía el Cuerpo Nacional de Policía: «Bastaba con que le llevásemos un detenido para que imputase también al agente que se lo entregaba», apuntan hoy.