Grupos mafiosos compran a menores rumanos para ejercer la mendicidad y delinquir en determinados países de Europa, y en este caso, en Madrid. Son sus propios padres quienes, sin ningún tipo de pudor ni remordimiento, los venden o alquilan en su lugar de origen a cambio de cantidades que oscilan entre los 100 o 150 euros al mes por los «servicios prestados por sus vástagos», afirman fuentes policiales.

Estos progenitores, de etnia gitana, saben perfectamente cuál va a ser el destino de sus hijos y en qué consiste este lucrativo «negocio» que ellos contribuyen a engordar: es su modo de vida. En Madrid hay, aproximadamente, más de diez mafias dedicadas a la mendicidad infantil de esta índole.

Cada red está integrada por unos 10 o 15 menores de 14 a 17 años, que aglutinan a casi 200; unas cifras que van variando, según las fuentes policiales especializadas en este asunto. A estos chavales los van cambiado periódicamente, a semejanza de los clanes de la prostitución, hasta que alcanzan la mayoría de edad, ya que entonces dejan de ser juzgados por la Ley Penal del Menor.

Miembros de estas organizaciones se encargan de los menores y actúan como si fueran sus familiares o sus tutores legales, obviando la explotación a la que les someten, que constituye un delito. A cambio, les mantienen y conviven con ellos en el poblado más mísero de la capital, el del Gallinero y en la zona más marginal de la Cañada Real Galiana (Valdemingómez), afirman las mismas fuentes.

«Modus operandi»

Cada jornada, los miembros de estas redes los reparten por distintas zonas de la capital, especialmente, las más céntricas y concurridas: Sol, Arenal, Gran Vía, plaza de Santa Ana, paseo de la Castellana, Parque del Retiro… Y les encargan diversas tareas.

Estos muchachos suelen ir en grupo y se dedican a robar a autóctonos y extranjeros con distintos métodos. Ahora también actúan y hurtan en el Metro, como el denominado «clan de las bosnias». Otra técnica es la del plano desplegado en terrazas: con la excusa de preguntar por una dirección, arrebatan al incauto lo que tienen más a mano: cámaras de fotos, móviles, tabletas, bolsos, carteras… Otros piden limosna o limpian los parabrisas de los coches en el paseo de la Castellana o Cuesta de San Vicente y, si la ocasión es propicia, abren la puerta trasera o la del copiloto y se apoderaban de lo que pueden.

Los hay también que se dedican a estafar en lugares como la entrada del Parque del Retiro, donde piden firmas para una asociación de minusválidos inexistente o roban por el método de la «muleta»: se colocan una prenda colgando de un brazo para no ser vistos en plena faena. Otras veces utilizan la «siembra»: arrojan un billete al suelo cuando una persona, generalmente anciana, está sacando dinero del cajero. Con la excusa de que se les ha caído, la entretienen y se apoderan de la tarjeta de crédito. «Estos grupos han sido los responsables de que en los cajeros automáticos de España se haya cambiado el sistema y haya que poner dos veces el número secreto», explica un avezado investigador.
«La Fiscalía de menores hace la vista gorda»

Cada jornada, sus explotadores les obligan a obtener determinadas cantidades de dinero o de objetos, que suelen rondar la quincena por cabeza y jornada (monederos, teléfonos). En caso de no ser «productivos», no dudan en insultarles o golpearles, como a los adultos, un extremo que incluso aceptan, dada su cultura.

Cuando son detectados por la Policía pidiendo limosna o robando, en función de la edad, se adoptan diversas medidas. En caso de ser inimputables (hasta los 14 años), acuden a recogerles sus propios explotadores a los centros de acogida. «Los apellidos no suelen coincidir, pero unos y otros dicen que son tíos, abuelos o sus tutores legales», afirman fuentes policiales. Eso basta para que se marchen, ya que no están desamparados y, además, se encuentran en territorio Schengen, por lo que no pueden ser ya repatriados.

En caso de haber delinquido son enviados a centros de internamiento en régimen abierto, donde suelen pasar pocas noches. «La Fiscalía de Menores hace la vista gorda y no actúa contra los explotadores, a los que deberían imputar, además de tomar medidas serias y duras contra los delincuentes. Es una vergüenza», coinciden diversos mandos policiales. Su vida «activa» en manos de las estas mafias acaba a los 18 años.

En cuanto a los adultos, el sistema que utilizan estas redes es similar. En la actualidad, hay unos 15 o 20 grupos de pedigüeños y «limpias» solo en la capital. Les quitan todo lo recaudado a cambio de pequeñas cantidades para sus «vicios», como el tabaco o alcohol, al igual que hacen con las prostitulas. «El 95% de la mendicidad en la Comunidad de Madrid está controlada por mafias rumanas», concluyen los expertos.