La infanta Pilar asegura que la sociedad panameña de la que fue directiva y titular junto a su marido no incumplió “ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española” y afirma que su esposo entró en ella para iniciar actividades lejos de España tras un intento de secuestro de ETA.

En un comunicado, la hermana del rey Juan Carlos ha recalcado que esta sociedad “nunca ha tenido ingresos fuera del control de las autoridades fiscales correspondientes” y, asimismo, ha negado que su disolución tuviera algo que ver con la abdicación de su hermano o la proclamación de Felipe VI.

La infanta figura en los papeles de Panamá como presidenta y administradora desde 1974 de la sociedad Delantera Financiera S.A., que, según El Confidencial, fue disuelta el 24 de junio de 2014, cinco días después de la proclamación de Felipe VI.

De acuerdo con sus explicaciones, el fundador de la sociedad, Aleko Papamarkou, cedió la titularidad en 1974 a su marido, Luis Gómez-Acebo, a raíz del frustrado intento de ETA de secuestrarle a él y al conde de Barcelona, tras el que su esposo decidió iniciar actividades profesionales “alejadas de España”.

Precisamente, por el riesgo que corría su seguridad “se juzgó prudente” que la infanta “también figurase en la Junta Directiva” de esta sociedad, con la que su esposo desarrolló “distintos proyectos profesionales” hasta 1984, cuando le detectaron un cáncer por el que murió en 1991, y ella acabó por disolverla al no contar con recursos suficientes “ni expectativas que justificasen su mantenimiento”.

Hoy también ha trascendido, a través de El Confidencial, que el escritor Mario Vargas Llosa “fue accionista” durante un mes de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes, de la que se desvinculó antes de ganar el Premio Nobel.

Fuentes de su agencia literaria han explicado a Efe que el escritor y su entonces esposa Patricia siempre han cumplido con sus obligaciones fiscales, que ambos han recibido con “extrañeza” esta información y que, de existir esa sociedad, “solamente puede atribuirse” a la iniciativa de “algún asesor de inversiones o intermediario”, sin el consentimiento del matrimonio.

También ha publicado el mismo medio que la familia Escarrer, propietaria de la hotelera española Sol Meliá, el dueño del Grupo Martinón y Riu Hoteles tuvieron sociedades constituidas en Panamá.

Tanto la familia Escarrer como la hotelera Riu han afirmado que su situación tributaria está regularizada, mientras que el grupo Martinón no ha querido pronunciarse sobre esta información.

Por su parte, Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat, ha negado hoy haber sido administrador o beneficiario último de sociedad alguna en Panamá y ha precisado que ni él ni el resto de su familia han tenido relación con el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha pedido informes a la UDEF de la Policía, a la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Economía (Sepblac) y a la Agencia Tributaria (AEAT) sobre los ciudadanos españoles que aparecen en los papeles de Panamá y, tal como anunció ayer, se ha dirigido a La Sexta y El Confidencial para que faciliten la documentación en su poder.

La AEAT ha garantizado que Hacienda empleará todos los medios a su alcance para investigar los papeles de Panamá, y el Ministerio del Interior ha asegurado que no tiene constancia de que la publicación de las 1.200 sociedades opacas con titulares españoles abiertas en ese país haya entorpecido investigaciones policiales en curso antes de salir a la luz esas informaciones.

Mientras tanto, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reafirmado que la Agencia Tributaria investigará las sociedades opacas “hasta el final, caiga quien caiga”, y el presidente, Mariano Rajoy, ha respondido con un “ya hablaremos de eso” a la pregunta de si el Ejecutivo se plantea incluir a Panamá en la lista de los paraísos fiscales.

Desde Tarrasa (Barcelona), también se ha pronunciado sobre este caso el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha instado a la UE a aprobar políticas fiscales comunes para controlar la evasión fiscal.