“Una sociedad puede ser juzgada por la forma en la que trata a los más vulnerables: a los ancianos, los enfermos, los discapacitados y los no nacidos”. Con estas palabras, el gobernador del estado de Indiana, Mike Pence, expresaba uno de los motivos principales que han impulsado la aprobación de una ley que prohíbe los abortos de los niños con Síndrome de Down.

Indiana se ha convertido en el segundo estado que ha prohibido abortar a los fetos con Síndrome de Down en Estados Unidos. Dakota del Norte fue el primer estado en proteger la vida de los niños a los que se les diagnosticaba esta enfermedad durante el embarazo, y ahora el estado de Indiana ha decidido seguir sus pasos en la defensa de un colectivo que está siendo sistemáticamente eliminado antes de nacer.

La ley 1337 promulgada por el gobernador de Indiana no sólo prohíbe el aborto por discapacidad del feto, sino también por motivos de raza, sexo o ascendencia. El objetivo, explican los promotores de esta ley, es proteger a los no nacidos de ser asesinados en el vientre de sus madres por tener una discapacidad o una determinada raza.

El senador de Indiana Travis Holdman ha alabado la medida como una forma de luchar contra la discriminación por razón del sexo, la raza o la discapacidad. La senadora Liz Brown, quien ha trabajado con Holdman en la redacción de la ley, ha denunciado que muchas familias son presionadas por los médicos para abortar a sus bebés cuando les diagnostican una discapacidad.

Asimismo, Brown ha criticado la incoherencia de los que creen que es mejor que los discapacitados no nazcan y hacen todo lo posible para que sean abortados pero que luchan por los derechos de este colectivo si consiguen sobrevivir al embarazo. “Si naces, creemos que tiene los mismos derechos y debe ser un miembro de la sociedad, pero sería más fácil si no hubiera nacido”, ha ironizado Brown.

La nueva legislación también regula que los cuerpos de los niños abortados deben ser incinerados y posteriormente enterrados. En ningún caso, los cuerpos podrán ser arrojados a la basura y al vertedero, práctica que realizan algunas clínicas abortistas tal y como se ha descubierto gracias a las declaraciones de ex trabajadores de estos centros.

“Esta ley afirma el valor de toda vida humana, y por eso la promulgo hoy”, declaró el gobernador Pence en un comunicado, después de manifestar su preocupación por promover medidas a favor de la vida y de los derechos de los no nacidos durante toda su carrera política.

A pesar del silencio de las estadísticas sobre el porcentaje de abortos de niños con síndrome de Down, asociaciones como la Fundación Jerôme Lejeune aseguran que el 90% de los fetos a los que se les detecta trisonomía 21 son abortados y denuncian que en la actualidad se está produciendo un “auténtico genocidio de los niños con Síndrome de Down”.

En 2014, sólo nacieron 65 niños con síndrome de Down en España, de los 609 a los que se les había diagnosticado esta enfermedad en las ecografías rutinarias, tal y como alerta la Fundación Jerôme Lejeune. Sólo 65 de estos pequeños pudieron disfrutar de su derecho a la vida, mientras las vidas de 544 niños fueron consideradas “inútiles” y merecedoras del aborto.