Caraballo (izquierda), lider del PSOE onubense, en una visita a la fundación de Insersola

El 29 de julio de 2011 el entonces director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde (imputado en el fraude de los ERE), firmó la concesión de un aval de 1,12 millones de euros a la sociedad Insersola, que ha gestionado comedores escolares de 27 colegios públicos de Huelva por encargo de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2013.

Los expedientes de los avales concedidos a Insersola que la agencia pública ha entregado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla llevaban una sorpresa incorporada: una solicitud de la propia empresa que recoge que había facturado al PSOE de Huelva nada menos que 1.277.312 euros, de los que el partido tenía pendientes de abonar 15.432,50 euros en el año 2010. Insersola está siendo investigada por la juez María Núñez Bolaños, que analiza si hubo una «concesión fraudulenta» de avales por parte del Gobierno socialista para favorecer «de forma arbitraria» a determinadas empresas.

¿A qué responde este abultado importe? Tras contactar con el PSOE de Huelva e Insersola para intentar descifrarlo. En una respuesta coordinada, ambos negaron que hayan facturado ni consumido servicios por semejante cuantía y achacan a «un error» el importe que aparece en la citada solicitud. La sociedad, que ha suministrado catering y cócteles por 22.742 euros entre 2010 y 2011 al partido que dirige Ignacio Caraballo, asegura que los 1,27 millones pueden corresponder al Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) de la Junta, que contrataba los comedores escolares.

La Junta de Andalucía constituye el principal cliente y patrocinador de Insersola. Ha recibido fondos públicos a espuertas por distintas vías: contratos millonarios de comedores, subvenciones para cursos de formación o para repartir en los colegios desayunos y meriendas, avales de salvamento e incluso ayudas ilegales de los ERE. El 22 de diciembre de 2008, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez le concedió mediante un convenio una ayuda sociolaboral de 200.000 euros de la partida de los ERE para resolver los «problemas de tesorería» que los impagos de la Junta le estaban causando y que amenazaban 126 puestos de trabajo.

Según la documentación que tiene el juzgado, el 28 de enero de 2010 la comisión de valoración de IDEA, presidida por Isabel de Haro (imputada en los ERE), autorizó un aval de 800.000 euros a seis meses para que Insersola pudiera endeudarse. La empresa, cuyo administrador único es la Fundación Santa María de Belén, carecía de liquidez. Este aval se cancela, pero las estrecheces se agudizan. En junio de 2011, pide otro aval de 800.000 euros, que luego se amplía a 1,12 millones.

La agencia pública tarda menos de mes y medio en concedérselo para cubrir otro préstamo suscrito con Banca Cívica por 1,4 millones y con ocho años de vigencia. Meses después, en marzo de 2012, una de las sedes de la empresa, radicada en Huelva, acogió un acto electoral del candidato socialista por esta provincia, Mario Jiménez, que ahora es portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz y mano derecha de Susana Díaz.

Agujero de 620.000 euros

La Junta ha tenido que responder con fondos públicos ante la entidad financiera por el impago de la sociedad. La operación ha dejado un agujero (importe fallido) en las arcas de IDEA de 620.938 euros. Para recuperarlo, ha presentado una demanda en el juzgado.

El documento de la discordia lleva el logo de IDEA y está sacado del sistema informático Trewa, donde se vuelcan los datos de los beneficiarios de ayudas. Está catalogado como «copia no válida» porque ha sido impreso con posterioridad a su tramitación. Tampoco lleva firma, pero recoge las cifras tal y como en su día se inscribieron en el programa informático.

El PSOE de Huelva sostiene que estos datos son «falsos» y aporta un extracto de sus apuntes contables con los abonos realizados a Insersola por comidas. Suman 22.742 euros entre 2010 y 2011. Defiende que «no ha facturado ni consumido con esa empresa ni con ninguna otra servicios por esa cantidad ni que sumen esa cantidad». Señala que su presupuesto «no llega ni mucho menos a esa cifra», que ahora no adeuda nada a Insersola y que el Tribunal de Cuentas ha aprobado su contabilidad.

Insersola, por su parte, defiende que uno de los «errores» del documento es que «no aparece» su mayor «deudor», el ISE, «siendo el importe de 1.277.312 euros más aproximado a la facturación relativa al servicio de comedor», que ascendió a 1.010.730 euros en 2010 y a 1.034.318 euros al ejercicio siguiente, según la declaración de la renta. Desde 2008 hasta junio de 2013, daba «servicios de comedor escolar a 27 colegios públicos» y la facturación anual en dicho período rondaba el millón de euros. En 2011 facturó 16.530 euros al PSOE y, según su versión, no le facturó nada en 2010, en contra de los apuntes contables del partido, que muestran un abono de 3.000 euros el 26 de julio de 2010.