La Generalitat envió un email en 2012 a los funcionarios para informarles del protocolo de usos lingüísticos

Después de que ERC presentara un candidato a las elecciones generales que hace mítines en castellano y que cuando tiene un micrófono delante habla en la lengua de Cervantes, era una anomalía que en Cataluña hubiera un protocolo que obligue a los funcionarios a hablar entre sí y con terceros únicamente en catalán. Tanto la parte del protocolo de Usos Lingüísticos para el sector sanitario público como el de Usos Lingüísticos para la Generalitat y el sector público seguirían vigentes, legalmente, si no fuera porque un médico tuvo la capacidad de indignarse y movilizarse cuando el Govern de Artur Mas impuso a todo su personal que tenía que comunicarse en catalán. No sólo en las conversaciones presenciales, también por teléfono, «para que el usuario identifique la institución», o en reuniones de trabajo. Incluso, si un médico atendía a un paciente que no hablara en catalán se daba una serie de instrucciones para hacerse entender en la lengua en la que escribía Mercè Rodoreda, aunque ambos se entendieran en castellano.

«Si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se continúa hablando en el mismo idioma», informaba el protocolo. «Y si no lo entiende, se instaba a hablar despacio y en caso necesario a ayudarse con imágenes y gráficos», recuerda el adjunto a cirugía pediátrica del Hospital Joan XXIII de Tarragona que tuvo la valentía de alzar la voz, ante lo que cree «era un ataque a la libertad individual». «Si pese a este despliegue de ingenios seguía habiendo dificultades para entenderse, se podía pasar al castellano, pero introduciendo palabras en catalán para difundir el idioma. Un absurdo», añade.

Este pediatra del Joan XXIII, que interpuso la denuncia contra estos protocolos y que prefiere no dar su nombre para evitar debates estériles en el trabajo, comentaba ayer a este diario que ningún compañero le ha recriminado nada, más bien lo contrario, «hay quien me ha dado las gracias, porque el anterior protocolo entorpecía nuestro trabajo».

Nacido en Barcelona, a este médico, que habla indistintamente catalán y castellano, le indignó sobremanera el e-mail que envió la Generalitat en 2012 para informar de un protocolo de usos lingüísticos que coartaba la libertad de los empleados públicos y entorpecía su trabajo. «Que se tocara un tema de libertad individual, como es elegir el idioma con el que quieres comunicarte con un compañero o un paciente fue lo que me empujó a movilizarme», cuenta este funcionario que tiene la costumbre de leer los mails y comunicados que recibe en la Intranet de la Generalitat. Si no lo hubiera leído con atención, probablemente no hubiera tenido constancia de los detalles de la normativa, porque «de facto», en los cuatro años que transcurren desde que entra en vigor el protocolo hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dicta la sentencia, el pasado nueve de diciembre, en el Joan XXIII de Tarragona no hay sanciones por utilizar el castellano. Sólo recuerda un par de incidentes aislados, como el de unos padres aragoneses a quienes se les dio el alta de su hijo en catalán e interpusieron una reclamación porque la querían en castellano.

Cuando decidió que debía hacer algo contra un protocolo que veía abusivo y dificultaba el trabajo del personal público, pensó en un conocido, José Domingo, bregado en las batallas lingüísticas. El ex diputado de Ciudadanos es la cara más visible del colectivo Impulso Ciudadano, centrado en la defensa del castellano en Cataluña, que amparó al denunciante y ahora velará por que se cumpla la sentencia. Domingo cuenta que, como no hay recurso por parte de la Generalitat, «el fallo es de ejecución inmediata». Sin embargo, el Govern «no ha modificado todavía las instrucciones lingüísticas» y no lo hará porque, si bien no va a recurrir la sentencia, no la va a acatar. Alega que ambos protocolos son sólo una recomendación.

El médico pediatra del Hospital Joan XXIII dice sentirse «satisfecho» con el resultado de la sentencia, pese a que reclamaba la anulación de una docena de artículos de los dos protocolos y que el TSJ de Cataluña sólo estime cuatro de cada uno de ellos. «Aunque mantiene que el catalán sigue siendo la lengua propia de la Generalitat y del sector público que depende de ella, estoy satisfecho porque elimina la parte impositiva del protocolo y reconoce la realidad lingüística de Cataluña», explica.

Elimina la imposición para que los funcionarios hablen en catalán, tanto presencialmente como por teléfono, entre ellos o con terceras personas como ciudadanos, familiares de pacientes o personal externo. También invalida el artículo que instaba a los trabajadores a seguir hablando en catalán aunque el ciudadano lo hiciera en castellano y reconoce a los médicos internos de otras comunidades autónomas o extranjeros que no tienen por qué hablar en catalán. «Era absurdo y creaba situaciones de estrés», subraya. Por ejemplo, si un extranjero que habla castellano pregunta a un Mosso por una dirección es más fácil y práctico que la respuesta sea en castellano, antes que ponerse a hacer señas. Lo mismo ocurre con un paciente o en el escenario de un accidente de tráfico cuando los protagonistas no entienden el catalán.

El fallo también suspende la orden de rellenar exclusivamente en catalán la documentación interna de la Administración (contratos, nóminas, avisos, circulares) o que las conversaciones se empiecen siempre en catalán porque es «indiscriminado». En cambio, avala que las llamadas telefónicas se respondan en catalán, que las historias clínicas se escriban también en catalán, porque el paciente puede pedir copia en castellano, o que el material ofimático sea en catalán en cumplimiento al fomento de esta lengua recogido por el Estatut.

La Razón