Las elecciones de febrero de 1936

Pío Moa.- Parece que para este año algunos historiadores preparan un estudio a fondo sobre las irregularidades de las elecciones de febrero de 1936, que las invalidan como democráticas o simplemente legales. La cuestión es crucial, porque la base de todas las versiones históricas y reclamaciones políticas izquierdistas y separatistas (siempre juntas, y no es casual), consiste precisamente en que aquellas elecciones fueron justas y de ellas salió un poder democrático. Y de ahí nacen consecuencias políticas del máximo alcance hasta hoy mismo. La realidad de aquellos comicios quedó probada con suficiente claridad por el “Dictamen sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936″: “Al realizarse el escrutinio general de las elecciones se utilizó en diversas provincias el procedimiento delictivo de la falsificación de actas, proclamándose diputados a quienes no habían sido elegidos; con evidente arbitrariedad se anularon elecciones de diputados en varias circunscripciones para verificarse de nuevo en condiciones de violencia y coacción que las hacían inválidas; se declaró la incapacidad de diputados que no estaban real y legalmente incursos en ella, apareciendo acreditado también que, como consecuencia de tal fraude electoral, los partidos del llamado “Frente Popular” aumentaron sus huestes parlamentarias y los partidos de significación opuesta vieron ilegalmente mutilados sus grupos…”

Por haberlo elaborado los vencedores, el dictamen ha sido sistemáticamente descalificado por izquierdas y separatistas, y apartado por la mayoría de los historiadores y políticos derechistas, temerosos de ser tildados de “fascistas” o cosa parecida. Pero tengo la seguridad de que cualquier estudio serio y a fondo de aquellas elecciones (cuyas votaciones no fueron publicadas, lo que contribuye a hacerlas inválidas) no hará otra cosa que corroborar el citado dictamen, con más o menos correcciones o matizaciones. En realidad, el propio Azaña reconoce que los escrutinios fueron realizados en muchos lugares en condiciones de coacción de las masas izquierdistas: “Los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines”. Los gobernadores eran los responsables de velar por la pureza de los recuentos. Alcalá-Zamora, en sus memorias recuperadas hace pocos años, corrobora la anómala y antidemocrática elección: “Manuel Becerra (…) conocedor como último ministro de Justicia y Trabajo de los datos que debían escrutarse, calculó un 50% menos las actas, cuya adjudicación se ha variado bajo la acción combinada del miedo y la crisis”. La segunda vuelta no fue presidida ya por Portela, como era legal, sino por el propio Azaña. Y una escandalosa y posterior revisión de actas a cargo de los vencedores, erigidos en juez y parte, despojó todavía de más escaños a la derecha. Para redondear la jugada, Azaña advirtió que el poder no saldría ya de manos de la izquierda.

En El derrumbe de la República he recordado y documentado la situación, que en general era ya conocida, y explicada por Ricardo de la Cierva más fehacientemente que por sus sectarios críticos; aunque no siempre bien interpretada, y desde luego falseada sistemáticamente por la izquierda. Pero hacía falta una monografía centrada en la cuestión que disipase cualquier duda razonable, y espero que el aludido estudio cumpla la tarea.

Recordaré que en Los mitos de la Guerra Civil, reeditado con motivo del 75 aniversario del fin de la contienda, avanzaba que el inventor del mito de la matanza de la plaza de toros de Badajoz, Jay Allen, difícilmente pudo haber estado en la ciudad y hablado como él cuenta con responsables militares. Dudaba, asimismo, de las frases en que Yagüe admitía la matanza, “citadas” por otro periodista useño, J. Whitaker. Posteriormente a mi libro, la concienzuda investigación de F. Pilo, M. Domínguez y F. de la Iglesia ha dejado claro que , efectivamente, Allen no había estado en Badajoz ni hablado con los militares y que Whitaker no publicó las frases por aquel tiempo, sino que las “recordó” seis años después. Pongo este caso como otra muestra de cómo, aplicando la lógica y el sentido común, podemos aproximarnos a la verdad, posteriormente establecida con pleno detalle. Señalo que el libro de Pilo y otros, La matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda, no recibió prácticamente apoyo del despreciable PP. Imaginemos lo que habría sido una investigación probatoria en sentido contrario por parte de la izquierda.

En cuanto a los decisivos comicios del 36, marcaron el definitivo arrasamiento de la legalidad republicana y el empuje violento a la guerra civil. El proceso electoral continuó con una segunda vuelta en la que el gobierno encargado de presidirla huyó casi literalmente, luego hubo una despótica “revisión de actas” para quitar decenas de escaños ganados por la derecha, y de la destitución perfectamente ilegal de Alcalá-Zamora. A la espera de la monografía aludida, solo puede decirse una cosa desde hace tiempo: quienes presentan como democráticos tales elecciones es porque ellos mismos no son demócratas. Se dice que la república fracasó por falta de republicanos. La democracia actual está haciendo agua por falta de demócratas. El pasado nos ofrece muchas lecciones, y nada podría ser más suicida que sustituirlas por por la frívola y pueril consigna del PP de “mirar al futuro” para proyectar en él “nuestras estériles ilusiones”.