El duelo político por las viviendas subsidiadas de Chávez
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, participa en la entrega de un lote de viviendas en un barrio popular del sector de Caricuao, en Caracas (Venezuela).
Indira Guerrero.- El más de un millón de venezolanos que vive en las altas torres de viviendas subsidiadas por el chavismo están hoy en medio del duelo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el Parlamento que controla la oposición.
Esas casas, decoradas con gigantes retratos de Hugo Chávez que se ven desde kilómetros, están ubicadas en los bastiones populares que han sustentado durante años el régimen socialista, tanto en las urnas como en las calles.
Ahora, tras años de críticas al programa social de vivienda, la oposición ha encontrado un camino para inclinar la balanza y atraer a una población hostil a su propuesta política, sin tener competir con el proyecto que sumó tanto apoyo al chavismo.
Se trata de un proyecto de ley que les permitiría a los ocupantes tener el título de propiedad de sus casas, una promesa que el régimen socialista siempre hizo pero que demoró demasiado en cumplir.
El proyecto ha pasado sin tropiezo por el Parlamento, en manos de los opositores desde el 6 de enero, con 109 de los 163 escaños, lo que supone que la ley avanzará sin más contratiempos que las críticas de los 54 parlamentarios chavistas que pueden cuestionarla pero no truncar su curso.
Impulsado por el mayor detractor de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el opositor Julio Borges, ahora jefe de la bancada mayoritaria del Parlamento, el proyecto superó la primera discusión en la Cámara y espera que en la segunda sea refrendado.
El Gobierno ha hecho lo propio y anunció con “urgencia” la “inscripción, registro y protocolización” de los documentos destinados al otorgamiento de la propiedad subsidiada, un segundo frente para limpiar los señalamientos que culpan al chavismo de oponerse a la propiedad privada.
El presidente Maduro ha llamado a sus partidarios a defender en la calles la Misión Vivienda asegurándoles que permitir que la ley avance acabaría con el programa social, una idea que, según sus detractores, será difícil de vender.
Maduro aseguró recientemente ante el Parlamento que para poder aprobar una ley antes tendrán que derrocarlo, algo que no ha frenado el impulso del Legislativo que ha dejado claro que entre sus planes está buscar un mecanismo para poner fin al gobierno.
El economista antichavista y director de la firma Datanalisis, Luis Vicente León, opina que “convencer a la gente que entregar los títulos de propiedad de las viviendas de la GMVV es malo es más peludo (complicado) que matar un burro a pellizcos”.
El argumento oficial es que la nueva ley obligaría a los ocupantes a pagar las viviendas y que las onerosas cuotas les obligaría a abandonar sus hogares, algo que hasta el momento no aparece en el proyecto de ley presentado por los opositores.
Asimismo el Gobierno impulsa la idea de que engordaría el mercado negro existente en Venezuela, pues daría paso a la compra-venta ilegal de viviendas al margen de las estrictas regulaciones del Estado, que contempla altísimos precios y en divisas.
Esto es, según el oficialismo, un intento de instaurar en el país el modelo “neoliberal” del mercado inmobiliario controlado por especuladores, producto de una oferta casi inexistente o impagable para un venezolano promedio.
Maduro, para quien estas casas han sido su gran apuesta, recuerda que de él y de su gobierno depende la continuidad de las viviendas subsidiadas, al asegurar que de sancionarse esta ley se interrumpiría la construcción de nuevas casas.
Esto ocurre en un momento en el que país caribeño, con un déficit habitacional de más de dos millones de hogares, atraviesa una grave crisis económica, exacerbada por la caída de los precios del petróleo.
Indira Guerrero
