SW.- Para Blair y el Consejo Europeo sobre Tolerancia y Reconciliación (ECTR), la tolerancia no parece tener que ver con la libertad de expresión, sino con un patrón de conducta estrictamente impuesto y regulado por el Gobierno.

Bajo la tolerancia forzosa del Gobierno, los extremistas crecerían, las críticas honestas serían silenciadas, la libertad de expresión se vería criminalizada y los individuos perderían su derecho a ser tales a la mayor gloria de los grupos religiosos y culturales.

En la Corte de Londres, recientemente un juez dictó que un inmigrante ilegal que golpea a su propio hijo ha de ser perdonado por su “contexto cultural”. Es decir, la ley debe proteger sólo a los niños blancos; la ley consiente implícitamente golpear a menores miembros de minorías. Todo en nombre de la diversidad y tolerancia.

“El Gobierno debe garantizar que las emisoras públicas [de televisión y radio] dediquen un porcentaje de sus programas a promover un clima de tolerancia”, propone el grupo de Blair

El ex primer ministro Tony Blair ha aceptado la invitación para convertirse en presidente del Consejo Europeo sobre Tolerancia y Reconciliación (CETR). El CETR, que cuenta con una junta asesora que incluye a una docena de presidentes y primeros ministros europeos, se describe a sí mismo como una entidad no gubernamental que

“fomenta el entendimiento y la tolerancia entre personas de diferentes orígenes étnicos, educa en la reconciliación, facilita la capacidad de comprensión social postconflicto, fiscaliza los comportamientos chauvinistas y propone tanto iniciativas pro tolerancia como soluciones legislativas”.

Con toda esta jerga, Blair y el CETR afirman promover las creencias religiosas y el diálogo para desafiar al discurso del odio y el extremismo. En The Times, Blair y el presidente del CETR, Moshe Kantor, afirmaron:

“Creemos firmemente que no es la religión o la fe como tal lo que causa o fomenta el conflicto. Es el abuso de la religión, que se convierte en una máscara tras la que a menudo se esconden los inclinados a la muerte y la destrucción. (…) El CETR reúne a partidos y líderes políticos que han estado implicados en algunos de los conflictos más difíciles del mundo para promover el diálogo. Nuestros proyectos abordan igualmente los conflictos desde la raíz, centrándose en las causas principales de la intolerancia, que normalmente son la ignorancia acerca de otras fes y culturas, así que el CETR lleva su mensaje a colegios y universidades de toda Europa para fomentar la tolerancia y la reconciliación”.

La misión del CETR está explicada en un documento titulado “Un marco europeo: estatuto nacional para la promoción de la tolerancia”. Este marco se está presentando en los Parlamentos de toda Europa. Para Blair y el CETR, la tolerancia no parece tener que ver con la libertad de expresión, sino con un patrón de conducta estrictamente impuesto y regulado por el Gobierno.

Tony Blair, ¿ejecutor de la tolerancia europea?

“La tolerancia”, dice el CETR, es el “respeto y aceptación de la expresión, conservación y desarrollo de la identidad distintiva de un grupo [religioso, racial o cultural]”.

Sin embargo, los defensores de la libertad individual argumentan que la verdadera tolerancia significa tolerar los puntos de vista que no nos gustan. En una sociedad libre no se impone mostrar respeto ante esos puntos de vista, simplemente se acepta el derecho que tienen los individuos libres a expresarlos.

“No hay necesidad de ser tolerantes con los intolerantes”, explica el CETR. Parece que la tolerancia europea significa que sólo se tolera la agenda europea.

Se considera que la noción de derechos colectivos se impone sobre las libertades individuales. El CETR llama a los países europeos a introducir una serie de “delitos penales sancionables como delitos agravados” en el marco de un “Estatuto para el Fomento de la Tolerancia”. Entre esos delitos se contarían:

(iii) La difamación de un colectivo.

(iv) El respaldo manifiesto a una ideología totalitaria, la xenofobia o el antisemitismo.

(v) El respaldo público a o la negación del Holocausto.

(vi) El respaldo público a o la negación de cualquier otro acto de genocidio cuya existencia haya sido determinada por una corte penal internacional.

Se trata de un ataque asombroso a la libertad de expresión. Especialmente dañina es la propuesta de considerar un delito la “difamación de un colectivo”, es decir, la idea de que unas declaraciones difamatorias sobre un grupo de personas sean perseguibles por obra de miembros individuales de ese grupo.

Es una medida que no tiene base en la legislación británica. En 1993 un tribunal británico dictó (v. el caso Derbyshire CC v Times newspapers) que las entidades gubernamentales no podían interponer demandas por libelo precisamente porque generarían restricciones antidemocráticas a la libertad de expresión. Las leyes sobre libelo permitirían a los movimientos extremistas religiosos y políticos censurar reportajes y críticas de sus creencias, como propone el CETR.

En Gran Bretaña, las Leyes del Orden Público ya penalizan la incitación a la violencia. Si, por ejemplo, un activista neonazi propugnara que los judíos deberían ser asesinados en las calles de Londres, sería procesado.

Sin embargo, el CETR quiere ir más allá. Como “delito agravado”, el libelo, según el marco del CETR, también comprende los “comentarios difamatorios (…) con vistas a (…) calumniar al grupo [o] ponerlo en ridículo”.

Blair está repitiendo sus viejos errores. En 2006 su Gobierno fue condenado por sus intentos de penalizar a quien tratara de “fomentar el odio religioso o fuera temerario” en este sentido.

Después de perder una votación parlamentaria y de que políticos, comediantes y periodistas objetaran contundentemente que tales prohibiciones censurarían la crítica honesta a los grupo religiosos, Blair se vio obligado a aceptar enmiendas.

Castigar la ridiculización sería desastroso. En una sociedad libre nadie tiene el derecho a no ser ofendido. Como dijo el diputado conservador Dominic Grieve en 2006, se trató de un intento de “apaciguar” a determinados grupos minoritarios.

Junto con castigar –en nombre de la tolerancia– los puntos de vista que el CETR considera intolerables, el grupo de Blair también propone medidas regulaciones orwellianas para impulsar su ideología de la tolerancia. “El Gobierno debe garantizar que las emisoras públicas [de televisión y radio] dediquen un porcentaje de sus programas a promover un clima de tolerancia”.

Por añadidura, los organismos financiados por el Gobierno impondrán y ejecutarán dicha tolerancia, con el marco del CETR, llamando a los poderes a “establecer una Comisión Nacional de Monitoreo de la Tolerancia -compuesto por personalidades ajenas a la Administración– que cuente con autoridad para promover la tolerancia”. Un organismo gubernamental separado se dedicará a “supervisar la puesta en práctica” del Estatuto para la Promoción de la Tolerancia.

El CETR también presiona para “introducir en la legislación la financiación estatal para instituciones religiosas”.

Una vez más, Blair parece incapaz de aprender de sus estupideces. Bajo su mandato, se vertieron millones de libras en la financiación de grupos religiosos que el gobierno creía podían desafiar al extremismo y terrorismo. Sin embargo, entre los grupos financiados con dinero público hubo organizaciones islamistas conectadas con movimientos terroristas.

El actual primer ministro, David Cameron, ha caído en la cuenta:

“Según demuestran los antecedentes de los condenados por delitos de terrorismo, está claro que muchos de ellos fueron influidos inicialmente por lo que algunos llaman ‘extremistas no violentos’, y después llevaron esas creencias radicales al siguiente nivel adoptando la violencia. (…) Algunas organizaciones que buscan presentarse como puertas a la comunidad musulmana se llenan de dinero en lugar de hacer algo por combatir el extremismo. Como otros han observado, esto es como afiliarse a un partido de derecha fascista para luchar contra un movimiento violento blanco racista”.

Europa necesita separar al Estado de los grupos de interés opresivos; no debería hacer justo lo contrario y abrazarlos.

Las propuestas del CETR sólo sirven para agravar las peligrosas fallas de las políticas multiculturalistas. Bajo este sistema, los individuos son clasificados como miembros de grupos religiosos y culturales, no como ciudadanos individuales con derechos individuales. Al definir a las personas en función de los grupos a los que pertenecen se les niega su propia voz y sus derechos cívicos.

En la Corte de Londres, recientemente un juez dictó que un inmigrante ilegal que golpea a su propio hijo ha de ser perdonado por su “contexto cultural”. Es decir, la ley debe proteger sólo a los niños blancos; la ley consiente implícitamente golpear a menores miembros de minorías. Todo en nombre de la diversidad y tolerancia. Trevor Phillips, exdirector de la Comisión de Igualdad, describió el fallo como “el abandono efectivo del hijo de inmigrantes en el altar del multiculturalismo”.

Como una extensión de la política multiculturalista, el CETR propone medidas que buscan proteger a los grupos en que Europa clasifica a sus propios ciudadanos. Esas leyes y regulaciones dividirían Europa en agrupaciones tribales, compuestas por movimientos religiosos, étnicos, culturales y políticos que competirían entre sí por el patrocinio del Gobierno.

Al criminalizar nuestra libertad para criticar los movimientos religiosos, o para expresar pensamientos intolerantes, y ofrecer protección legal frente a la ridiculización y el insulto a los grupos religiosos, Blair y el CETR destruirían el principio más importante de la libertad individual: la libertad de expresión.

Una sociedad libre no puede proscribir la tolerancia del intolerante. La tolerancia real precisa de ciudadanos libres que toleren puntos de vista distintos de los suyos.

Desde luego, no deberíamos estar forzados a respetar los puntos de vista que el Gobierno cree adecuados, como propone el CETR.

En una democracia, la ley está diseñada para proteger a los individuos contra la agenda de opresivos grupos de interés. Pero Blair y el CETR proponen lo contrario. Bajo la tolerancia forzosa del Gobierno, los extremistas crecerían, las críticas honestas serían silenciadas, la libertad de expresión se vería criminalizada y los individuos perderían su derecho a ser tales a la mayor gloria de los grupos religiosos y culturales.