La infanta Cristina (al fondo) en el banquillo de los acusados al inicio esta mañana del juicio “Nóos”

Asier Martiarena.- El juicio por el caso Nóos está siendo una pesadilla para la Corona por la implicación directa de la infanta Cristina y de su marido, el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin. Lo que hace apenas tres años parecía imposible ha ocurrido. La determinación del juez instructor, José Castro, por mantener como imputada a la hermana del Rey Felipe tras los intentos de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares que desimputarla, ha permitido que en la vista oral iniciada ayer se haya sentado por primera vez en un banquillo a un miembro de la familia real española.

El bochorno real llegó cuando Urdangarin y la infanta tuvieron que hacer el ‘paseíllo’ de los juzgados de Palma para declarar por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Desde Zarzuela, en aquel entonces con el rey Juan Carlos al frente, se pensó que el mal trago no pasaría de ahí. Ayer llegó la segunda parte, la del banquillo de los acusados. Y de nuevo desde Palacio se espera que la cosa no vaya a más. Y ese más es la cárcel.

Sus abogados han intentado hasta el último momento que el juez archivase la causa contra la hermana de Felipe VI porque ni Hacienda (la supuesta perjudicada por los delitos fiscales que se imputan a la Infanta) ni la Fiscalía han presentado acusación contra ella. Y viendo cómo han fracasado en su plan, ahora se agarran a la doctrina Botín. Aquella que tiene su origen en una resolución del Tribunal Supremo de 2007 en la que se avaló la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la acción de las acusaciones particulares y no darles entidad suficiente para pedir la apertura de un juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.

Esta medida tan polémica no le gustaba al Partido Popular. De hecho se propuso anularla al llegar al Gobierno para otorgar más poder a las acusaciones populares. Pero, claro, hablamos de una promesa de campaña. Y por si este argumento no fuera suficiente, la promesa se hizo justo antes de que estallara el caso Bárcenas.

Pero hete aquí que, desde que se conociera la supuesta financiación ilegal del partido, hasta ahora el juez encargado del caso, Pablo Ruz, excluyó de la acusación al PP y apuntó a que el partido podría ser considerado responsable civil subsidiario. Viendo que la amenaza de Ruz cristalizaba, y que la doctrina Botín podría beneficiarle, el PP echó mano de ella para salir del escollo alegando, como recuerda Eldiario.es, que “las acusaciones populares del caso no estaban legitimadas para reclamar la responsabilidad civil del PP por un caso de delito fiscal”.

Viendo cómo el PP ha venido eludiendo responsabilidades, los abogados de la infanta van a esmerarse con el mayor de sus denuedos en hacer valer la doctrina Botín y tratar de minimizar en la medida de lo posible el daño sufrido por la Casa Real. La última palabra la dirá la Audiencia Provincial de Palma y en ese momento sabremos si la infanta Cristina estrenará pijama de rayas o no.