La muerte del profesor presuntamente apuñalado por un alumno de 13 años en el instituto Joan Fuster de Barcelona supone un hecho “absolutamente excepcional” que abre un debate hasta ahora inédito en las aulas españolas. Los expertos consultados no reclaman policías apostados en las puertas de los institutos para controlar los accesos. Piden más información para las familias y que se procuren más especialistas que puedan detectar problemas psicológicos en los alumnos.

La consejera catalana de Educación, Irene Rigau, ha dicho públicamente que el alumno sufrió un “brote psicótico” y añadió que en su expediente “no constaba” ningún problema mental. ¿Es posible que nadie detectara nada raro en el centro?

“Hay mucho videojuego en el que los chavales están matando constantemente y mucha violencia en las familias”, añade María Alberti, pedagoga práctica experta en niños con problemas emocionales. “La escuela puede hacer poco en este tema más allá de facilitar mucha información y atención a los padres y a sus hijos, más formación humana que ayude a los chicos a preguntarse cuestiones como ‘¿qué pasa con nosotros?’, ‘¿a qué tenemos miedo?”.

“Quizá lo que se necesitan son más recursos para prever si hay chavales inadaptados, pero se debería estudiar con un debate sosegado”, reclama Francisco García, responsable de Educación de CC OO. El sindicato USTEC, mayoritario en Cataluña, comparte que “la mejor solución es más educación”, lo que implica destinar más recursos para el acompañamiento escolar, en muchos casos retirados tras los recortes educativos. El sindicato catalán de profesores de secundaria ASPEPC-SPS va más allá y cree que el crimen de ayer es “la expresión más trágica de una dinámica que ha estado yendo a más. La inmensa mayoría de agresiones a profesores, verbales o físicas, acostumbran a quedarse en la absoluta impunidad o con una pequeña sanción”.

En el último año se han presentado tres agresiones a maestros en Cataluña, pero por parte de padres de familia. Hace dos semanas, una madre pegó a la profesora de su hija a la salida de un colegio en Badalona (Barcelona). No existen datos oficiales del Ministerio de Educación que midan la evolución de la violencia en las aulas españolas. Otro sindicato docente, ANPE, elabora cada año una estadística con las llamadas que reciben en la denominada oficina del defensor del profesor. El 7% de las 3.345 llamadas que gestionaron el curso pasado hacían referencia a casos de agresiones de alumnos a docentes y el 1% de padres.

“Nos llegan casos de amenazas y de invasión de espacio del profesor, de enfrentamientos con los padres y de falsas acusaciones e injurias”, señala Inmaculada Rosales (ANPE). Distintos sindicatos docentes reclaman desde 2009 una protección de la figura del profesor. Los docentes acaban de ser reconocidos como autoridad pública en el nuevo Código Penal. Agredirles puede conllevar hasta cuatro años de cárcel.

Educación, en colaboración con el Ministerio del Interior, impulsó también la figura del agente tutor para vigilar la seguridad en las aulas en 2000. Es un policía que está en contacto con todos los componentes de la comunidad educativa. Los asuntos que acaparan gran parte de sus visitas son amenazas, agresiones, peleas, problemas de conducta y drogas. Vigilan a alumnos agresivos y median en la relación entre padres y profesores si esta se tuerce.