Miembros de «Asociaciones de Mujeres de Martínez Cubells»

Diversas asociaciones de mujeres feministas radicales, agrupadas bajo la denominación común de «Asociaciones de Mujeres de Martínez Cubells» (que responde a su antigua ubicación en dicha calle de Valencia), han reivindicado recientemente a los poderes públicos que tengan en cuenta los malos tratos a los menores como un hecho no aislado sino que suele aparecer a veces ligado a la violencia de género, y que en muchas ocasiones, no se denuncia.

Dichas asociaciones pretenden «erradicar esa lacra social» porque consideran que los menores son víctimas directas de la violencia que se produce en el seno de la familia y «ni la legislación estatal ni la autonómica los protege eficazmente».

En opinión de las organizaciones, «si bien la Ley Orgánica 1/2004 ha sido modificada recientemente, facultando a los jueces y tribunales para suspender la patria potestad y el régimen de visitas, es necesario modificar y ampliar el contenido del artículo 92 del Código Civil y del artículo 5.6 de la Ley 5/2011 de la Generalitat Valenciana, en el sentido de que si el juez advierte que pueden existir indicios fundados de violencia doméstica o de género, se suprimirán las visitas, aun en el caso de que no exista denuncia».

Esta petición, según las Asociaciones de Martínez Cubells, está en línea con los acuerdos internacionales firmados por España sobre los Derechos del Niño y con el Convenio de Estambul, ratificado en el año 2014, que, en su artículo 31, establece que las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y de visitas relativas a los hijos, se tenga en cuenta los incidentes de violencia, de tal modo que no se ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños.

«La Administración de Justicia viene haciendo una aplicación laxa de la normativa legal vigente, hasta tal punto que los padres maltratadores sólo son privados de las visitas a los menores en menos de tres por ciento de los casos (según la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres)», a pesar de que en los últimos siete años han sido asesinados más de veinticinco menores a manos de sus padres, en la mayoría de los casos, con el móvil de la venganza hacia sus madres.

“Sirva como ejemplo”, continúan, “que la ONU ha condenado a España por el caso de Ángela González Carreño, cuyo ex-marido maltratador mató a su hija en señal de venganza”.

En consecuencia, solicitan a los representantes políticos en el Parlamento español y en lais Cortes valencianas que deben «impulsar todas la iniciativas legislativas necesaria para cambiar las leyes, con objeto de que prohíban a los maltratadores las visitas a sus hijas e hijos y se les prive de la patria potestad, cuando existan indicios de violencia, aunque no hayan sido denunciados».