Lo más graves que ha pasado en España desde comienzos de la transición no ha sido el persistente terrorismo, ni el 23-F, ni el 11-M, sino la liquidación de la Constitución por un Gobierno delincuente, en combinación con la ETA y los separatistas. Digo delincuente porque lo es, y sólo puede serlo, un Gobierno que torpedea la ley fundamental del Estado, que colabora para ello con la ETA y con los disgregadores de la unidad nacional.

Es en el estatuto catalán donde la ruina de la Constitución resulta más plenamente manifiesta. El estatuto no sólo deja en un residuo el Estado en Cataluña, es decir, deja en un residuo la unidad de España, como se jactaba Maragall, sino que va más allá, inventa una nueva nación, es decir, una nueva soberanía, idea que implícitamente se ha trasladado a los estatutos valenciano y balear, con gobiernos del PP, y explícitamente al de Andalucía (aquí, acompañada de irrisorias loas a España), con Gobierno del PSOE y apoyo del PP. Su inconstitucionalidad no hace falta que la decida ningún tribunal, Constitucional o no: es algo que entiende perfectamente cualquier ciudadano normal que conserve un mínimo de sentido común. Para más inri, el Tribunal Constitucional al que se ha encargado la perogrullesca labor de dictaminar está presidido por una juez política próxima al PSOE y simpatizante del separatismo vasco, entre otras prendas. Hasta ahí ha llegado la agresión a Montesquieu desde los tiempos de Mienmano.

La mezcla de frivolidad, de corrupción y de impulso delincuente en la mayoría (sí, la mayoría) de nuestros políticos, ha llevado a eso. La democracia salida del franquismo con las mejores condiciones sociales y económicas que nunca tuvo régimen español alguno desde la invasión napoleónica, la han echado abajo estos farsantes –o cosa mucho peor que farsantes–, han convertido el sistema en una democracia bananera o algo también peor. Con ello han quedado deslegitimados. Tenemos un Gobierno y una oposición ilegítimos, que han destruido la ley fundamental y han legalizado, justificado y premiado el asesinato terrorista y el crimen en general como forma de hacer política en España (en el caso del PP rajoyano, no oponerse es ser cómplice de todo ello). No por nada ese Gobierno se identifica con los bandidos (como observaron Marañón, Pérez de Ayala y Ortega) del Frente Popular, empezando por Negrín.

Ciertamente, la Constitución era contradictoria y ambigua, menos que mediocre, al nivel de quienes la elaboraron; pero era la ley básica y hecha por consenso, y aceptar que la pisoteen los políticos es aceptar la delincuencia como manera de hacer política. Esta es la situación actual del país.