Las arcas municipales estaban vacías, con una enorme deuda además, y el Ayuntamiento de Huévar (Sevilla) no podía pagar las nóminas a sus trabajadores, algunos de los cuales se encontraban en una situación más que precaria. Tanto, que acudieron al Defensor del Pueblo a pedirle amparo. El entonces alcalde y ahora director general de Políticas Activas de Empleo, Rafael Moreno Segura, optó por ofrecer a sus trabajadores municipales la posibilidad de abandonar sus puestos de trabajo y apuntarse al paro. Como la mayoría tenían cotizaciones suficientes, no tendrían problemas para cobrar la prestación por desempleo, fue su argumento entonces.

Era el año 2010 y, por si a alguien lo le había quedado suficientemente claro, el alcalde lo anunció públicamente en twitter dando, además, las explicaciones oportunas: «se trataba de aliviar la carga de nóminas y al mismo tiempo, el trabajador garantizaba sus pagos un tiempo». El regidor no comprendía, además, por qué fueron pocos los trabajadores que se acogieron a esta fórmula ya que él, como alcalde, no le pagaba las nóminas que le correspondían.

No ha sido la única irregularidad que el ahora alto cargo del Gobierno de Susana Díaz ha cometido en el terreno laboral y que se suma al escándalo que ha generado el hecho de que su trayectoria esté jalonada de condenas judiciales. Rafael Moreno ha sido condenado tres veces, una por vejaciones a un funcionario municipal que era policía local, otra por no facilitar información a la oposición del PP, y una tercera por agredir a un árbitro de fútbol de un partido de cadetes.

En 2014, la inspección de trabajo constató que la secretaria del Juzgado de Paz de la localidad no estaba dada de alta en la Seguridad Social, tal y como deben constar todos los trabajadores. Los inspectores le abrieron un acta de infracción y tuvo que regularizar la situación.

Y en 2014, volvió a ocurrir algo similar, pero esta vez nada menos que con 197 contratos firmados por el propio alcalde. Durante todo ese año, el consistorio hizo 455 contrataciones nuevas, pero sólo facilitó copia de los contratos con sus correspondientes requisitos legales en 258 casos, por lo que el comité de empresa presentó una denuncia ante la inspección de trabajo. El pasado mes de octubre, la inspectora encargada del caso puso en marcha un acta de infracción laboral por estos hechos.

Tras las municipales del pasado 24 de mayo, Rafael Moreno perdió la alcaldía pero no se ha quedado sin empleo. Susana Díaz lo ha rescatado nombrándolo director general de Políticas Activas de Empleo, un cargo sensible para una comunidad con el 30% de paro. El PP ha puesto el grito en el cielo pero no le ha servido para nada. Han pedido su dimisión y explicaciones públicas… pero la Junta guardia silencio. ¿Será por su peso específico en el PSOE sevillano?