La proximidad del comienzo del juicio del caso Nóos, el próximo 11 de enero, y el convencimiento cada vez mayor de que es muy difícil conseguir una sentencia favorable para sus clientes, ha hecho que los abogados de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, y de Diego Torres, Manuel González Peeters, se planteen de nuevo la posibilidad de llegar a un pacto con el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, según fuentes de la máxima solvencia.

Los letrados, no obstante, son plenamente conscientes de que cualquier acuerdo pasa por tres condiciones ineludibles, que además han permanecido inalterables a lo largo de toda la instrucción: el ingreso en prisión de sus patrocinados, la asunción de los cargos que se les imputan y, no menos importante, la devolución de los más de seis millones de euros cobrados indebidamente de las administraciones públicas.

Según las mismas fuentes, «de momento no se puede hablar ni de acuerdos concretos, ni del comienzo de conversaciones, al menos formales, pero sí está claro que el camino del pacto con la Fiscalía es visto cada vez con mejores ojos por los dos abogados».

Naturalmente, para que se llegue a cualquier acuerdo es necesario también que Anticorrupción acceda al mismo y que la Fiscalía General del Estado esté igualmente conforme, y este es un punto particularmente delicado porque algunos sectores de la opinión pública pueden interpretar esa conformidad como una claudicación, lo que se quiere evitar a toda costa.

Poco partidaria

La actual fiscal general, Consuelo Madrigal, se ha mostrado en varias ocasiones en público poco partidaria «en general» de alcanzar este tipo de acuerdos, en especial en materia de corrupción. Pero este es un caso muy especial, en el que por primera vez en la historia de España se sientan en el banquillo dos antiguos miembros de la Familia Real, aunque probablemente a la Infanta Cristina se la exonere en el trámite de cuestiones previas al aplicársele la doctrina Botín.

Es evidente que con unas peticiones de pena tan elevadas como las que hace el fiscal para Urdangarín y Torres -19,5 años en el primero de los casos y 16 en el segundo-, y el arsenal probatorio que tiene, no se entendería un acuerdo en el que la solicitud de cárcel bajase de los ocho o nueve años, aunque luego la defensa intente que el tribunal rebaje esa pena con su trabajo a lo largo del juicio. Está claro además que los dos responsables del Instituto Nóos tendría n que asumir la autoría de todos los delitos que les imputa el fiscal Horrach, y devolver los 6,1 millones de euros cobrados presuntamente de forma indebida del Gobierno balear y de la Generalitat valenciana.

Los abogados son conscientes de que tienen poco margen para poner condiciones, ya que en la causa hay elementos suficientes para sostener una dura condena, incluidos testimonios muy explícitos de otros procesados que ya han llegado acuerdos con Anticorrupción. De hecho, no habría que descartar que, aún en el caso de no llegar a un pacto, los acusados reconocieran el delito más objetivo, que es el fiscal, penado con hasta tres años de cárcel. Y Urdangarín habría cometido dos, uno más que su exsocio.

Los intentos por parte de Pascal Vives y González-Peeters de llegar a un acuerdo con la Fiscalía tuvieron su primer episodio a primeros de abril de 2012, poco después de la declaración, muy poco consistente, prestada por el marido de la Infanta Cristina ante el juez Castro y coincidiendo con la primera condena a Jaume Matas por delitos muy parecidos a los supuestamente cometidos por sus clientes.

En ese contexto, un enviado del abogado de Urdangarín, asimismo letrado de profesión y personado en esta causa, sondeó a Horrach sobre la posibilidad de mantener una reunión y ver si era posible un acuerdo. El fiscal accedió, como suelen hacer todos cuando se produce una situación de este tipo, aunque solo sea por cortesía. Pero sorprendentemente, días después el mismo mediador le hacía llegar que el letrado de Torres también quería mantener un encuentro con él. Meses antes González-Peeters ya había lanzado mensajes parecidos, aunque no de forma tan precisa. La interpretación que se hizo entonces es que ambas defensas habían pactado una estrategia de defensa común.

Un par de minutos

El 13 de abril, en un receso de unas declaraciones en Palma, fiscal y abogados se reunieron un par de minutos para fijar una reunión, pero solo cuatro días más tarde el letrado de Torres volvió a filtrar correos electrónicos, quizá para presionar a Urdangarín. En cualquier caso, eso provocó que lo que iba a ser una reunión a tres se transformara, en principio, en dos cara a cara, previstos para el 4 de mayo.

Filtración

Pero ni siquiera estos llegaron a celebrarse porque el fiscal decidió suspenderlos tras una filtración sobre un supuesto acuerdo -dos años de cárcel y pago de siete millones de euros-, que nunca se había alcanzado. Horrach interpretó aquello como un intento de presión para que aceptase esas condiciones y el futuro de la negociación, a la que la Fiscalía General era entonces favorable, quedó arruinado.

La posibilidad de llegar a un acuerdo entre las defensas y el fiscal está abierta incluso cuando el juicio esté ya en marcha, aunque está claro que cuanto más se demore las condiciones para los acusados que lo intenten serán peores. Precisamente este es uno de los aspectos que más sorprenden de todo cuanto está sucendiendo en torno a Iñaki Urdangarín y Diego Torres, pues si hubieran negociado de forma conjunta en las primeras etapas de la larguísima investigación judicial, muy probablemente habrían alcanzado acuerdos más favorables de los que en su caso puedan lograr ahora y conseguido lo que parece una obsesión común de los dos exsocios: que sus mujeres queden fuera del proceso judicial.

«Pocas esperanzas»

Como diagnóstico, las fuentes consultadas que «aunque no está claro que vaya a haber un pacto entre la Fiscalía y estos acusados, el hecho de que las defensas valoren abrir una negociación indica que tienen muy pocas esperanzas de que sus clientes salgan absueltos».