Los atentados de París del pasado viernes y el posterior bombardeo de Francia en Siria han reabierto un debate incómodo para gobiernos y entidades financieras que invierten en armamento. Un sector cada vez más amplio de la población cuestiona el negocio que existe tras las exportaciones de material bélico.

Como reacción a lo que las autoridades del país vecino han calificado como “estado de guerra”, un sector cada vez más importante de la población se hace preguntas sobre la dudosa ética que mueve a quienes transforman las guerras en una macabra oportunidad para obtener beneficio comercial.

En 2014, según datos de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso que recoge el Centre Delàs en este sitio web, España obtuvo ingresos de más de 3.203 millones de euros derivados de exportaciones de material militar. Una cifra ligeramente inferior a los mismos datos para 2013, año en que nuestro país exportó armamento por valor de 3.907 millones.

Según la misma fuente, es Reino Unido el estado que más armamento español importa. En el último año, el valor de las exportaciones con los ingleses ascendió 862.685.000 €. Le siguen Francia (520.669.000€) y Arabia Saudí (292.862.000 €), aunque tampoco son desdeñables -sobre todo atendiendo a la situación política- los 243.673 millones de euros ingresados de la venta de armas a Turquía o los 107.951 millones de euros facturados a Egipto. Por otro lado, en los datos recogidos no consta relación comercial directa con países como Emiratos Árabes, Siria, Irán o Ucrania.

La inestabilidad política en Oriente Próximo -auspiciada por la influencia regional de países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes- favorece el negocio de las armas, a pesar de que según las legislaciones española y europea se trata de exportaciones ilegales, precisamente por esa situación de conflicto y por el apoyo que estos países prestan a los grupos insurgentes en Siria.

En el caso de Arabia Saudí, el importante volumen económico de los acuerdos viola los derechos humanos por “suponer una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad regionales”, afirma el Centre Delàs en un estudio de 2013. Además, existe el riesgo de que “el armamento exportado sea utilizado o vuelva a ser exportado en condiciones no deseadas”, continúa el texto. Alemania, por ejemplo, sí ha bloqueado las relaciones comerciales en materia armamentística con el país.

Diez veces más que en 2004

Según un informe del mismo centro, el negocio de la venta de armas a terceros países se ha disparado en España desde 2004 y sigue una tendencia al alza que, aunque el año pasado no creció respecto a 2013, sí aumentó en relación a los 1.953 millones que este tipo de comercio reportó a las empresas del país en 2012, cuando se autorizaron exportaciones por valor de 7.694 millones de euros para los años venideros.

En el mismo estudio para 2013 destacaban que “más de un tercio de las exportaciones españolas de armas se han realizado a países de Oriente Próximo y, especialmente, a países del Golfo Pérsico”, lo que para la organización “pone de manifiesto la tensión existente entre la política de fomento de las exportaciones de armas y la aplicación de la legislación vigente sobre comercio de armas, tanto a nivel estatal como europeo”.

La opacidad y el secretismo favorece las exportaciones de armamento, asegura el colectivo, que también destaca que “se sigue manteniendo una política de opacidad, ya que no se señala el tipo concreto de armamento que se exporta, sino que los datos se agrupan en categorías genéricas”. Además, desde La Moncloa tampoco se ofrece información sobre los contratos Gobierno a Gobierno que negocia el Ministerio de Defensa.