Felipe González y Jordi Pujol

Por José L. Román.- Tras la aprobación de la declaración independentista en Cataluña, el presidente Mariano Rajoy declaraba desde Béjar (Salamanca) lo siguiente:

“Ni Cataluña se va a desconectar de ningún sitio ni se va a producir ninguna fractura. Nadie tendrá que escoger ni renunciar a su identidad española y europea, nadie va a estar desamparado de la ley democrática española que protege los derechos de todos y la igualdad de todos”.

¿Se acuerdan ustedes de la familia de Balaguer (Lérida) a la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón en una sentencia, para que sus hijos pudieran estudiar en castellano en un colegio público de aquella ciudad?

Yo, personalmente, el día 24 de septiembre próximo pasado, dediqué un artículo en este mismo medio a este asunto, titulado: “¿Dónde está aquel “Señor de Balaguer?”. Pues bien; el resultado final de la historia ha sido, que la familia de los menores y a pesar de una sentencia judicial a su favor, se ha visto obligada, después de las presiones sociales, políticas y mediáticas, a cambiar a los niños de centro escolar. O sea, que la Justicia emitió una sentencia para que se cumpliese, pero el poder mediático y los amos de la calle, “demócratas del odio a España”, por narices, han convertido esa sentencia en papel mojado. Y mientras, el presidente del gobierno de España iniciaba una rueda de contactos y se reunía, hasta con el líder de Podemos, para pedir consejo, opinión y criterio, sobre lo que sucede en Cataluña.

La familia víctima del separatismo en Balaguer, se ha visto tan desamparada y abandonada, que ha renunciado a la aplicación de la sentencia por las presiones recibidas. Los menores ya están escolarizados, pero no iniciaron el curso junto con el resto de sus compañeros en la escuela Gaspar de Portolà en Balaguer. La madre se lamentaba diciendo que NO quería exponerlos a esa presión social y política, ni tampoco a la de los medios de comunicación que se agolpaban a las puertas del centro el primer día de curso.

Tras la “rendición” de esta familia, se desconvocaron las movilizaciones programadas por “los demócratas del odio a España” delante del colegio, y no se repitieron las lamentables imágenes del pasado 7 de septiembre cuando un grupo de vecinos (los amos de la calle) desafiaron a los Tribunales de Justicia, al Gobierno español y, por supuesto, al que fuera “Señor de Balaguer”.

La madre de los menores ha cambiado a los niños de centro escolar, ero por miedo, no se atreve ni a decir a que colegio acuden ahora. De esta manera, intenta preservar la identidad de sus hijos al tiempo que, con lágrimas en los ojos, denunciaba la más triste de las impotencias: “No quiero que mis hijos estén en el colegio “Gaspar de Portolà”; creo que los responsables del centro han revelado los datos de mi familia y han vulnerado los derechos de mis hijos”.

Esa madre desamparada y abandonada a su suerte por un presidente del Gobierno, que desde Béjar (Salamanca) declaraba que nadie se debía sentir desamparado, no se atreve ni a desvelar el centro escolar en el que estudian ahora sus hijos, lo que sí dijo, es que “el nuevo colegio proporciona soporte psicológico a sus dos niños, algo que considera indispensable después de la “presión a la que se han visto expuestos durante varias semanas”.

Esta es la libertad y el amparo que, según el presidente del Gobierno, el sistema democrático español, que se sustenta en la Constitución de 1978, ofrece a cualquier ciudadano que quiera ser y sentirse español en Cataluña, y quiera hacer uso de unos derechos que la propia Constitución contempla y recoge.

Otra sentencia anterior, obligaba también a la Escuela Pía Santa Ana de Mataró (Barcelona) a cumplir una sentencia en el mismo sentido, pero la familia afectada, por miedo también a los amos de las calles catalanas “demócratas del odio a España”, decidió que sus dos hijos, al igual que la familia de Balaguer, cambiaran de colegio.

Y mientras todo esto tiene lugar en Cataluña, sus dirigentes, delinquen con total impunidad sin que nadie de los que tienen la obligación imperiosa de proceder contra ellos, lo hagan. La familia Pujol es intocable. El tesorero de CDC ha salido en libertad por orden judicial, después de que su partido, que tiene el patrimonio embargado, pagara la fianza supuestamente con los fondos del FLA. Allí todo hampón quiere ser alguien; se pasan las leyes, al Gobierno y al Rey por el forro de los caprichos, y además, queda terminantemente prohibido para cualquier ciudadano que no sea separatista, manifestarse por ser y sentirse español.

Ante la perplejidad de todos, desde hace muchos años, Artur Mas y su banda, no solo plantan cara y desafían a todas las autoridades de la nación española, sino que ahora, dan por iniciado el proceso constituyente, rompen con España y declaran la república catalana. Y, ¿saben lo mejor? Que sigue sin pasar absolutamente nada. Puro pasteleo hasta las elecciones del 20-D, y después, ya veremos.

El inmovilismo y la lenidad para con estos delincuentes, por parte de las más altas Magistraturas del Estado, no obedece a cuestiones insignificantes o nimias, sino más bien a algo de muchísimo más calado. El bipartidismo, tal y como se están desarrollando los hechos y a tenor de tantas entrevistas y llamadas entre sus líderes, muestra un comportamiento de preocupación manifiesta, incluso han podido establecer un acuerdo tácito sobre el trato que deben recibir los secesionistas catalanes, ante estos graves delitos de lesa patria.

Esto nos lleva a tomarnos la liberad de sospechar, que la clave de la flojedad e inanición del gobierno para con todo este asunto, no es otra que el patriarca Pujol, a quien algunos le atribuyen tener en su poder documentación tan comprometida, que de salir a la luz podría conducir a la cárcel a todos los gobiernos que, desde 1982, han lisonjeado con el nacionalismo catalán, y por consiguiente haría volar por los aires el sistema constitucional.