Artur Mas, Raúl Romeva y Oriol Junqueras

El Consejo de Estado apoya por unanimidad la interposición del recurso ante el TC de la declaración del Parlament de Cataluña por la que se acuerda el proceso de desconexión de españa.

El Consejo de Estado comenzó a trabajar ayer, horas después de registrarse la petición del Gobierno sobre la impugnación de la resolución del Parlament, en el dictamen que entregará hoy mismo al Ejecutivo y que servirá de base para el recurso de inconstitucionalidad que la Abogacía del Estado formalizará previsiblemente en el Tribunal Constitucional (TC) pasado mañana. Y es que el órgano consultivo, presidido por el ex ministro de Sanidad José María Romay Beccaría, dispone sólo de 24 horas para plasmar por escrito sus conclusiones, que no diferirán mucho de las que ya planteó el 28 de febrero de 2013 en relación a la declaración soberanista del Parlamento catalán, cuando avaló el recurso del Gobierno ante el Alto Tribunal.

Además del presidente de la institución, forman parte de la Comisión Permanente del Consejo de Estado el ex ministro de Justicia Landelino Lavilla; Miguel Rodríguez-Piñero, ex presidente del Tribunal Constitucional; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los «padres» de la Constitución; el ex ministro de Justicia Fernando Ledesma; Alberto Aza, quien fue jefe de la Casa del Rey; José Luis Manzanares, ex magistrado del Tribunal Supremo y del TC; la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, y Enrique Alonso, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. De este organismo también forma parte la secretaria general, Guadalupe Hernández-Gil.

El informe del Consejo de Estado (preceptivo, pero no vinculante) establecerá de forma contundente las tachas de inconstitucionalidad de las que adolece la resolución de la Cámara autonómica y los artículos de la Carta Magna con los que choca frontalmente esa anunciada «desconexión» de Cataluña con el resto de España.

Como ya hicieron en febrero de 2013, los consejeros dejarán claro que existen argumentos jurídicos suficientes para recurrir ese dictamen, que vulnera, en primer lugar, el artículo 1,2 de la Constitución, que establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». El Parlament, por tanto, no puede erigirse en representante soberano de una parte del pueblo español y «expresión del poder constituyente».

Del mismo modo, el Consejo de Estado invocará el artículo 2 de la Carta Magna, que consagra «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», al que la resolución del Parlament hace oídos sordos.

Ese paso al frente del soberanismo catalán también pone en jaque el artículo 9 del texto constitucional –que estipula que los ciudadanos y los poderes públicos «están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico»–, conculca el derecho a la participación política de los españoles (artículo 9,1 de la Constitución) y obvia que esa pretendida «desconexión» exigiría una reforma constitucional (artículo 168 de la Carta Magna).

El Consejo de Estado dirá que el Parlament vulnera la soberanía nacional.

El TC actuará con «rapidez»

El Tribunal Constitucional –al que la propia resolución soberanista del Parlament niega cualquier legitimidad– será el encargado de dejar en suspenso, previsiblemente el próximo jueves, la declaración independentista. Aunque el Pleno no está convocado, dado que el recurso ni siquiera se ha formalizado aún, fuentes del Alto Tribunal confirmaron que, una vez que la Abogacía del Estado dé ese paso, los magistrados se reunirán «con rapidez». Así lo hizo, sin ir más lejos, en las dos últimas ocasiones (septiembre del pasado año y marzo de 2013) en las que el Ejecutivo de Mariano Rajoy reclamó al TC la suspensión de otros tantos desafíos a la legalidad: la convocatoria del referéndum soberanista y la declaración del Parlament en la que definía a Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano».

Como sucedió entonces, la mera interposición del recurso obliga al Constitucional a acordar la suspensión de la resolución impugnada el artículo 161,2 de la Carta Magna, según el cual la impugnación por parte del Gobierno de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas producirá «la suspensión de la disposición o resolución recurrida» por un periodo no superior a cinco meses que, en todo caso, puede prorrogarse hasta que los magistrados resuelvan en sentencia el fondo del asunto.

Adoptada esa decisión de metro trámite, el TC comenzará a tramitar el recurso y solicitará al Parlament que presente las correspondientes alegaciones a la pretensión de inconstitucionalidad del Gobierno. Teniendo en cuenta lo sucedido en marzo de 2013, todo apunta a que este recurso correrá la misma suerte y el Pleno acordará finalmente la inconstitucionalidad de la resolución de la Cámara autonómica con similares argumentos. Se tomará, eso sí, su tiempo, pues en esa ocasión hubo que esperar un año para conocer la sentencia (marzo de 2014), en la que el TC negaba al pueblo catalán la consideración de «sujeto político soberano», aunque abría la puerta a ejercer el derecho a decidir (que no el derecho a la autodeterminación, vedado para la Constitución), aunque siempre sujetándose a los cauces legales.

En esta ocasión, sin embargo, quizá el TC tenga que enfrentarse a un escenario nuevo, dado que la propia resolución del Parlament le niega cualquier tipo de legitimidad y el frente soberanista parece dispuesto a ignorar sus resoluciones. Ante esta situación, su margen de acción es mucho más amplio que el pasado año, cuando pese a suspender por dos veces la consulta independentista del 9-N, ésta terminó celebrándose y los magistrados no tuvieron más remedio que cruzarse de brazos. Pero, tras la reforma urgente de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional antes de las elecciones catalanas, el TC tiene ahora las manos libres para tomar medidas que aseguren el cumplimiento de sus resoluciones. Entre ellas, puede acordar la inhabilitación de los cargos públicos, Mas incluido, que se nieguen a acatarlas y desafíen, por ejemplo, la suspensión cautelar.