Catedráticos de Derecho Constitucional abogan por reconstruir el diálogo entre el Gobierno y las instituciones catalanas tras las elecciones del 27S, ya que de lo contrario se podrían aplicar medidas “drásticas”, como la suspensión de la autonomía o procesar a los futuros diputados catalanes.

Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, ha recreado lo que podría suceder si se declara la independencia, un escenario de “delito gravísimo” ante el que el Gobierno central podría declarar el estado de sitio.

Ante una posible declaración de independencia si ganan las fuerzas que apuestan por el cariz plebiscitario de las próximas elecciones, estos expertos reconocen que la Constitución no da cabida a esa posibilidad y apuestan por su reforma.

En una entrevista con Efe, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde ha señalado que “tiene que haber una solución política”, ya que la “solución jurídica” es “un disparate”, en referencia a esas medidas drásticas.

Ha opinado que una declaración unilateral de independencia se puede calificar como “un delito de secesión, de ruptura de la unidad nacional y la Fiscalía podría actuar en contra de los diputados del Parlament por un delito gravísimo, incluso el Gobierno podría declarar un estado de sitio”, ha apuntado.

Ha reconocido que en el actual sistema constitucional no existen las elecciones plebiscitarias, que son “una manipulación política muy torticera” para convertir unas elecciones autonómicas, “como otras”, en una “decisión encubierta sobre la independencia”.

Contar votos, más democrático que contar diputados

Respecto a la mayoría suficiente para iniciar el proceso de independencia, Villaverde cree que “lo más democrático” es contar los votos más que los diputados.

Ha precisado que “el silencio”, la abstención, también debe contar y que debe exigirse una mayoría cualificada de dos tercios o tres quintos del censo.

Si se produce esa mayoría “holgada” a favor de la independencia, el Gobierno central “debería escuchar” a los catalanes y ha opinado que “solo hay un camino”, que es “la reforma de la Constitución”, en la que Cataluña “deje de ser una comunidad autónoma y se independice de España” pero a través de “una fórmula confederal”, la que “ellos negocien bilateralmente con el Estado español”.

Tras insistir en esa reforma, en especial en lo relativo al “Estado autonómico”, ha pedido que no se aproveche para establecer de nuevo diferencias entre las denominadas comunidades históricas y el resto.

Camino a ninguna parte

Para el presidente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, “si alguien atenta contra la ley, habrá que actuar en consecuencia”.

Sostiene que los partidarios de la independencia han emprendido “un camino hacia ninguna parte” y “una huida hacia adelante” y recalca que ni el ordenamiento jurídico español ni el europeo recogen las aspiraciones de los secesionistas, que no son “convenientes para nadie” y además son “imposibles”.

El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Hueso, en una reflexión a propósito del referéndum en Cataluña, coincide en que hay formas drásticas de impedir esa declaración de independencia, aunque prefiere la negociación y el diálogo.

Fracaso de la racionalidad

Recuerda que se puede suspender la autonomía o declarar el estado de excepción, como prevé la Constitución, pero “la realidad es que se trata de medidas tan extremas y traumáticas que presuponen el fracaso de toda racionalidad y diálogo en el conflicto”.

En su opinión, “mejores opciones” son “las basadas en la negociación y el diálogo”, que podrían acometerse en el marco de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, prevista en el Estatuto.

Considera “imprescindible” la reforma de la Constitución “en sentido federal”, que conjugue para los territorios una mayor autodeterminación política compatible con un Estado federal único, aunque no unitario, que salvaguarde en todo caso la igualdad de derechos y libertades fundamentales del conjunto de la ciudadanía con independencia del lugar de residencia, destaca en su artículo.

El presidente de la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), Xabier Albistur, dice que “lo primero es saber qué quiere la ciudadanía” e insiste en que lo más importante es “la proporcionalidad” de los votos más que el número de escaños.

Sobre la posibilidad de suspensión de la autonomía, ha indicado que “meter miedo a la gente con amenazas, bravuconadas y argumentos de ese tipo no se va a ningún sitio” y ha señalado que Artur Mas, y el resto de políticos independentistas están “suficientemente respaldados por las mayorías que tienen” para iniciar ese proceso.

Respecto a si cabe este asunto en la Constitución, Albistur ha dicho que tiene sus “dudas”, aunque ha advertido de que la Carta Magna “sirve como argumento” para hacer lo que a cada uno le da la gana cuando está en el poder.