Amnistía Internacional aprobó el martes una controvertida política de apoyo a la despenalización del comercio sexual tras rechazar las quejas de algunos grupos feministas de que esa postura equivale a defender la legalización de los proxenetas y la propiedad de los burdeles.

En su foro de toma decisiones en Dublín, el grupo de derechos humanos aprobó una resolución en la que recomienda la “despenalización absoluta de todos los aspectos relacionados con el trabajo sexual consensuado”. Afirmó que su investigación apunta a que la legalización es la mejor manera de defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

“Reconocemos que este tema crítico de derechos humanos es muy complejo y por eso lo abordamos desde la perspectiva de la normativa internacional de los derechos humanos”, dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. “Asimismo consultamos con nuestro movimiento mundial para tener en cuenta los distintos puntos de vista de diversas partes del orbe”.

La decisión de Amnistía es importante porque el organismo aprovechará su influencia para cabildear entre los gobiernos en el mundo a fin de que acepten el punto de vista de la organización. El anuncio de la política de Amnistía Internacional suscitó el rechazo de algunos grupos feministas, según los cuales la organización de derechos humanos ha cometido un grave error.

Los grupos, como la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres, con sede en Estados Unidos, afirmaron que aunque están de acuerdo con Amnistía en que no deben criminalizarse a las personas que ejercen la prostitución, la despenalización absoluta convertiría a los proxenetas en “hombres de negocios” que venderían con impunidad a las personas vulnerables. “Es una bofetada a las sobrevivientes y los grupos que defienden los derechos de las mujeres en todo el mundo”, dijo Taina Bien-Aime, directora ejecutiva de la coalición, y agregó que su frustración no describe adecuadamente su sentir personal.