Patricia del Gallo/Atlántica XXII.- De los 21.000 niños que a día de hoy viven en nuestro país protegidos por la Administración, 13.700 están en centros de menores, la mayoría en manos privadas. Y ello a pesar de las críticas que desde hace años han lanzado a España desde la ONU el Comité Europeo de los Derechos del Niño y varias ONG que consideran que las residencias deben ser el último recurso. Antes están su familia biológica o una adopción, un modelo además más barato. Pero los niños se han convertido en un negocio demasiado suculento para algunos. El llamado “interés superior del menor” está supeditado al rendimiento económico que supone su protección.

“Cuando me veían con él por la calle, mis vecinos me decían: te lo van a quitar, Laura, a ese niño te lo va a quitar la Administración, pero no les hice caso. ¿Por qué iban a hacer eso, me preguntaba?”.  Poco sabía entonces esta auxiliar de enfermería asturiana, separada de 56 años, de burocracia y de intereses espurios. Solo entendía de sentimientos. El pequeño Jade había llegado a su vida en octubre de 2010. Sobrino de su entonces pareja sentimental, fue uno de tantos menores que cruzó sin papeles el estrecho desde Nigeria. Tenía dos años, una tremenda anemia y tuberculosis. Laura se convirtió así, sin pensarlo, de nuevo en madre, y como había hecho hacía 20 años con su hijo biológico, le dio a Jade todo el cariño y la atención que pudo.

La madre del pequeño había muerto y del padre que había quedado en Nigeria nada sabían. Ella y su pareja fueron al Principado a informar de la situación y el niño se quedó a vivir con ellos en régimen de acogida. Nadie les puso problemas. Ni el primer año, ni el segundo. Laura pasa los informes anuales del seguimiento, los del centro escolar y los del pediatra hablan de un niño feliz e integrado. Pero, el 7 de noviembre de 2013, dos policías de paisano y un psicólogo se presentan en el colegio de La Fresneda (Siero) donde estudia Jade, le regalan un camión de juguete y se lo llevan. El pequeño, que aquella mañana estaba ensayando para el festival de Navidad con sus compañeros, aún no tiene seis años y solo le explican que su “madre”, Laura, está enferma y ya no le podrá cuidar. No regresará con ella.

Las escasas visitas que le permiten tener se van reduciendo, según los psicólogos porque “no son buenas para el niño”. Laura llora cuando le ve y el pequeño también. Jade se marcha a una familia canguro, un hogar nuevo con gente que no conoce y que ni siquiera se quedarán con él para siempre. Será solo temporal hasta que le encuentren otra familia, la Administración espera que definitiva. A día de hoy Laura no sabe qué ha sido de “su pequeño”. No ha vuelto a verle. Su historia es solo una más de las tantas que para hacer este reportaje hemos escuchado con testimonios de los protagonistas y que darían para escribir más de un libro. Historias de niños a quienes el sistema ha arrebatado años de convivencia familiar a golpe de burocracia. En el caso de Laura la Justicia acaba de dictaminar que ella, 50 años mayor que el niño, no puede ser su madre de acogida. Y su mayor lamento es que nadie en los tres años que estuvo con Jade se hubiera percatado de esa circunstancia, ni tenga ahora en cuenta el vínculo afectivo que se creó entre ellos.

Un negocio privado

Jade ha pasado a engrosar la lista de los 21.000 menores que según los últimos datos del Gobierno están “protegidos” por la Administración.13.700 de ellos siguen estando en residencias. Y ello a pesar de que diversos organismos como el Comité de Derechos del Niño han expresado en diversas ocasiones su preocupación por el número de menores que viven en centros “debido a que el sistema no ha aportado los recursos necesarios para que puedan vivir con su familia o, si eso no es posible, con otra”. La asociación para la Defensa del Menor APRODEME o el Sindic de Greues (Defensor del Pueblo) de Cataluña llevan años preguntándose por qué hay tantos niños en los centros, condenados a dejar allí su infancia si hay muchas familias dispuesta a aportarles un hogar. Por qué se da a entender que se necesitan familias de acogida, con grandes campañas utilizando personajes famosos, si posteriormente la Administración trata con mucha inflexibilidad este tema. ¿Qué interés hay en perpetuar su orfandad?

Tienen su propia respuesta: el negocio en el que se han convertido los menores. Un informe del Síndic de Greuges de Cataluña sobre “La protección de la infancia en situación de alto riesgo de 2009” ya señalaba que, a medida que la modalidad de protección se aleja de la familia de origen, el gasto se incrementa, pero cuando se acerca a la atención residencial, la diferencia es radical. Según los datos de 2013, los últimos actualizados, la inversión anual en familia extensa (abuelos, tíos…) es de 4.436 euros por niño, mientras que en familia ajena (canguro o acogida) es de 5.774 euros. En cambio, la inversión por niño en un centro de acogida es de 47.630 euros (ocho veces más). ¿Por qué entonces si es mejor y más barato se sigue institucionalizando a nuestros menores?

Los centros de protección para niños están prácticamente en manos privadas en nuestro país. Fundaciones, asociaciones y empresas dirigen más del 70 %. La mayoría surgieron en los últimos 15 años. Como ejemplo, de los 58 centros terapéuticos para menores que hay en España, 55 están en manos de entidades privadas. La mayoría religiosas, pero detrás de otras están personajes públicos vinculados a partidos políticos o empresas. Dianova y O’Belén acumulan 12 de los centros que hay en España. Entre ambas gestionan al año unos 17 millones de euros. Más del 90% de ese dinero procede de las Administraciones. El resto lo ponen patronos como Peugeot, Alvargómez Gestión Inmobiliaria, Grupo Lábaro y hasta hace poco Ibercaja. Por su “sin afán de lucro” además están exentas del 10% de IVA.

O’Belén se creó en 1999. Entre sus fundadores están Manuel Ureña, arzobispo emérito de Zaragoza, Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa y diputado del Partido Popular, Javier Herrero, consejero delegado de Iberdrola, José Morales, subdirector territorial para Madrid de Ibercaja, y Emilio Pinto, ex portavoz popular en Guadalajara. “Algunas de estas personalidades -asegura el presidente de APRODEME, Francisco Cárdenas- figuran en más de una entidad, con lo que, al final, unas pocas equiparan la mayor parte del pastel en que se ha convertido la protección a la infancia”.

Y lo hacen a pesar de las críticas. O´Belén sale a la luz en 2006, cuando varios trabajadores del centro Casa Joven de Azuqueca de Henares son despedidos de forma improcedente tras poner en conocimiento de la Junta de Castilla-La Mancha los malos tratos cometidos allí. Un año más tarde otro trabajador de otro centro denuncia ante el Defensor del Pueblo las violaciones de los derechos humanos de las que fuera testigo. En 2009 son otros tres trabajadores de “Picón de Jarama” quienes se deciden a dar testimonio de su experiencia. Durante todo este tiempo, decenas de trabajadores se dan de baja voluntaria de otros centros en los que se han quitado la vida en los últimos años varios jóvenes.

Laura Allongo con una fotografía de Jade, el pequeño al que cuidó durante tres años. Foto / Iván Martínez.
Otro ejemplo es la Fundación Grupo Norte, ligada al grupo empresarial del mismo nombre, que gestiona actualmente cuatro centros de menores en Madrid. El grupo, con cerca de 4.000 empleados, posee una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social y hasta telemarketing. También fue denunciada en 2002 por malos tratos a los menores en uno de sus centros. El presidente del holding y de la fundación, José Rolando Álvarez Valbuena, es además consejero de Mapfre Mutualidad y presidente de la junta asesora de FREMAP.

ANPRODEFA lleva desde hace años denunciando además la “nula supervisión” que la Administración hace de estas entidades. “No hay auditorías externas. Que esto es un negocio lo demuestra el patrimonio que tienen la mayoría de ellas. No se les puede dar dinero público y desentenderse, hay que saber qué se hace con él, y sobre todo cómo atienden a los chavales”, aseguran sus responsables. Desde APRODEME piden con insistencia controles de calidad en estos organismos, cifras y datos. Pero ni con la ley de transparencia ha sido posible. “Hay un oscurantismo total, nadie dice de cuánto dinero son los convenios que firman. Y cuando las cosas no son claras, es lógico que pensemos mal”, sostiene Cárdenas.

José Pando es trabajador social y profesor de la Universidad de Oviedo. Lleva años ejerciendo además en centros de menores y asegura que en los privados hay mucho personal “sin titulación o con una preparación inadecuada. Gente además mal pagada que  trabaja en precario y tiene poca o nula experiencia. Suele ser el primer trabajo para muchos recién licenciados en educación social o psicología que, en cuanto pueden, se marchan. Y no es justo que el futuro de un menor dependa de la lotería que supone caer en un centro público o privado, porque la diferencia es tal que de ello va a depender el resto de su vida. Y se supone que son niños, con los mismo derechos”. Pando piensa, como APRODEME, que por el bien del menor “haría falta revisar en profundidad en manos de quién están estos niños y cómo están siendo atendidos”.

Pobres para tener hijos

Laura Allongo con una fotografía de Jade, el pequeño al que cuidó durante tres años.

Y la crisis ha aumentado el número de menores tutelados. Muchos padres recelan de acudir a los servicios sociales pidiendo ayuda, sobre todo tras salir a la luz algunos casos como el de dos bebés de un matrimonio de Castilla-La Mancha a quienes el Gobierno les retiró su tutela tras acudir a pedir ayuda por falta de recursos. De nacionalidad española, hasta hace dos años eran para la Administración una familia “de clase media”. Ahora forman parte de la cada vez más abultada lista de “expedientes de desamparo”. Algunos lograrán recuperar a sus hijos aunque para ello pierdan a veces años en los tribunales, otros pequeños acabarán siendo adoptados. Es lo que casi le ocurre a Cristela. Los servicios sociales de Andalucía le retiraron la custodia de su hija porque no tenía recursos. Ahora ha logrado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene a España a indemnizarla con 30.000 euros.

“El Gobierno español debió barajar otras medidas menos radicales para recabar la tutela de la menor”, indica la sentencia. Además deberá paralizar el proceso de adopción de la niña que ya está, según su abogado, con una familia adinerada de Granada. El letrado Teodoro Barona sentencia que “podrían estar produciéndose en nuestro país adopciones encubiertas detrás de muchos expedientes de desamparo”. Desde APRODEME su presidente asegura que está aconsejando “desgraciadamente a muchos padres que no acudan a los servicios sociales a pedir ayuda, salvo que lo hagan con un buen abogado”.

“No son hijos maltratados, ni víctimas de abusos”, asegura Francisco Cardenas, “sin embargo son arrancados de sus hogares. La Administración entiende que si sus padres no tienen recursos para cuidarle el pequeño está “en riesgo” y prefieren tener a ese niño lejos de su hogar en lugar de ayudar a su familia y aportarle recursos para mantenerle”. Ha sido el conocimiento de continuas anomalías en los Servicios de Protección de Menores, vividas en primera persona, lo que ha llevado a muchas familias de toda España a asociarse para denunciar las situaciones que se están viviendo y el daño que están haciendo a los niños. De ahí surgen APRODEME y ANPRODEFA. Pero también surge el colectivo “Tortuga”, “Identidad para ellos” y NO a O´Belén.

Denuncian desde hace tiempo la falta de sensibilidad, sentido común e incluso preparación del equipo de técnicos de muchas Consejerías de Bienestar que trabajan con menores. En sus webs son decenas los casos, testimonios en primera persona de niños que se han visto privados, por decisiones administrativas, del cariño de sus familias. Como ejemplo ponen el modo en que los servicios sociales se hacen cargo de los pequeños. “A Luis” -dice el testimonio de sus vecinos- “lo recogieron los policías en la parada del autobús…cruzaron el coche delante del padre, como si de un delincuente se tratara, hicieron bajar al niño y se lo llevaron delante de sus compañeros a un centro de menores”. Una actuación, denuncia APROMEDE, “digna del terrorista más buscado”. “A Lucía en cambio fueron a buscarla los agentes a clase delante de todos sus amigos y sin ningún miramiento. ¿Nadie se preguntó si era la mejor forma de llevarse a la pequeña?”, lamenta este colectivo.

Aseguran además que hay múltiples evidencias de sectarismo y corporativismo en los Servicios de Menores ante la evidencia de un diagnóstico deficiente o una actuación inapropiada. Hay múltiples testimonios en que se cita falta de respuesta a recursos presentados ante la propia Administración, un retraso injustificado en la resolución final que prolonga una situación de sufrimiento tanto de los menores como de sus padres. Pero sus críticas no han servido de mucho. “Identidad para ellos” lamenta además que el Defensor del Menor, donde llegan cientos de denuncias, esté dentro de la propia estructura de la Consejería de Bienestar. “Es como meter el lobo en el gallinero”, denuncian.

“Seguimos igual”, asegura Francisco Cárdenas, “el sistema no ha cambiado. Hace años era una religiosa o un cura el que decidía si una mujer era apta o no para cuidar a su hijo, ahora es un técnico de una Consejería que no conoce a esa familia, que hace un test y una entrevista y decide si te quitan o no al pequeño. Los menores son cifras y cuanto mayor es el número, mayor es la dotación económica que reciben”.