Expertos en delincuencia y violencia juvenil advirtieron hoy del aumento de las denuncias de padres a hijos en España, “hasta un 400 por ciento en los últimos cinco años”, según precisó el jefe del Centro de Salud Mental de Santurce, Roberto Pereira, durante unas jornadas organizadas por la Diputación de Segovia y la Universidad de Valladolid. “Nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad por si volvemos a tiempos pasados”, apuntó el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, en la conferencia magistral que ofreció después en el campus María Zambrano.

Las jornadas de formación y sensibilización social ‘La Violencia: prevención educativa e intervención social’ llegaron a su fin con esta sesión dedicada al acoso escolar y la violencia filio-parental, primero con un panel de expertos y, posteriormente, con la citada intervención de Calatayud. “En España no tenemos término medio, pasamos de un extremo a otro, antes de la Constitución los menores no gozaban de ningún derecho, ahora los tienen todos”, prosiguió el juez de Menores de Granada.

Para este magistrado es la familia la que está “tirando del carro en estos momentos de crisis”. “Cuando yo era pequeño era mucho más fácil ser padre que ahora. No tenemos que ser colegas de nuestros hijos, tenemos que ser sus padres para lo bueno y para lo malo. Hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros hijos”, incidió para recalcar un mensaje que repite habitualmente en sus conferencias.

En su opinión, cuando el Gobierno de Zapatero modificó en 2007 el artículo 154 del Código Civil, que recoge el derecho de corrección, se pasó de “corregir moderadamente las actitudes de los hijos a que los padres deben educar a sus hijos sin interferir”. Para Calatayud “esto ha hecho mucho daño porque los padres están encogidos, no saben qué hacer con la amenaza del ‘a que te denuncio’”.

Baja la delincuencia juvenil

“La delincuencia juvenil está bajando porque de nuevo se está aprendiendo a decir que no y se está promocionando el esfuerzo, sin embargo los delitos filio-parentales están aumentando”, prosiguió Calatayud, quien abogó por informar a los hijos “también de los deberes, no sólo de los derechos”. “Nos ha dado miedo a hablar del principio de autoridad por si volvemos a tiempos pasados, pero no se puede confundir un cachete con el maltrato”.

Sobre el debate en torno a la propuesta de rebaja de la edad penal del menor, consideró que antes de llegar a ese extremo “hay que apretar más a los padres, a la escuela y a la sociedad”. Sin embargo, “antes de la reinserción siempre tiene que haber una sanción para el delincuente, hay que educar en derechos y en deberes”.

Calatayud también aseguró que el 80 por ciento de los menores que juzga “cometen delitos pero no son delincuentes”, y “siempre tienen una historia detrás”. En cuanto a las sentencias, señaló que “hay muchas maneras de sancionar, no sólo el internamiento”. “Yo soy muy partidario de la libertad vigilada, una medida que me gusta mucho son los trabajos en beneficio de la comunidad”, destacó.

Panel de expertos

Antes de la conferencia de Calatayud tuvo lugar un panel de expertos en el que se abordaron diferentes prismas de la violencia filio-parental, moderado por el educador de la Unidad de Intervención Educativa de la Diputación de Segovia, Luis Velasco Rodrigálvarez. “Ya no sólo se produce en familias desestructuradas, ahora se relaciona más con el control y el poder para conseguir determinados objetivos”, advirtió el médico psiquiatra Roberto Pereira.

El consumo de tóxicos actúa como un facilitador de la conducta violenta pero no es el núcleo central, según añadió: “Es una violencia escalada, empieza con insultos y termina con violencia física”. En este contexto afirmó que las denuncias de padres a hijos han crecido un 400 por ciento en los últimos cinco años; el14,2 por ciento de los jóvenes de entre 13 y 18 años reconocen haber ejercido agresión psicológica severa y el 3,2, agresión física grave.

“Los cambios sociales que se han producido en los últimos años han favorecido estas situaciones de violencia”. Y entre ellos “la modificación del modelo educativo que ha pasado del autoritarismo a la permisividad, el distanciamiento entre la familia y la escuela, el menor número de horas de los padres en casa o el retraso en la edad media de la paternidad”, continuó Pereira.

El Jefe del Servicio de Atención y Reinserción de Jóvenes Infractores de la Junta, Tomás Montero, por su parte, habló sobre la situación legal de los menores en España. Para él existen una serie de falacias en torno la Ley del Menor 5/2000 que “está muy influenciada por la opinión pública hasta el punto de condicionar sus reformas”, como que la sociedad demande un aumento de las penas para la delincuencia juvenil.

La segunda falacia es el supuesto adelantamiento en la edad de comisión de delitos, cuando las estadísticas ponen de manifiesto que no es así. A nivel nacional, el número de menores que llegan a la Fiscalía está descendiendo de forma paulatina; en Castilla y León, de 2002 a 2014 han bajado de 463 a 311.

Y la última de las falacias, según Montero, es que es una ley muy blanda, cuando si se compara con la Ley 4/1992, en el caso de menores entre 14 y 16 años, se pasa de una pena de dos años a cinco de internamiento, seguida de otros tres de libertad vigilada. Por tanto, “se han agravado las medidas y el régimen de cumplimiento”.

Perfil

El perfil del joven que comete este tipo de delitos responde al de un varón entre 15 y 17 años, de clase media y español. Para Montero, “las causas de la conducta violencia no tienen su raíz en lo biológico sino en causas de tipo ambiental, y uno de los grandes problemas es que los padres no confían en que la Justicia pueda ayudar a solucionar estas situaciones”.

En Castilla y León, 489 menores tuvieron algún expediente abierto por este tipo de violencia, lo que supone un 7,75 por ciento del total de menores infractores (6.803). “La gran mayoría ha tenido relación con el sistema de Justicia exclusivamente por este delito (63,4 por ciento), lo que nos hace pensar si hay que catalogarlos de delincuentes o trabajar con ellos en otro sentido”, concluyó Montero.

El catedrático de Pedagogía de la Universidad de Salamanca, José Ortega, realizó un enfoque sistémico en el que destacó la importancia de la familia para encauzar este tipo de casos como “una entidad de la sociedad que recibe influencias sociales y políticas y actúa”. Para este profesor, “es fundamental ayudar a los padres y establecer programas de ayuda para prevenir este tipo de conductas violentas porque la familia tiene que aportar seguridad y afecto”.

“Muchas de estas conductas vienen provocadas por la falta de presencia e implicación de los padres en la educación de los hijos, el rechazo hacia ellos, los conflictos crónicos o la ausencia de lazos emocionales”, añadió Ortega. La última jornada contó con 8.392 seguidores a través de la cuenta de Facebook de la Diputación y por ‘streaming’, desde la web ‘dipsegovia.info’, la mayoría de ellos de Segovia, Valladolid, Barcelona, Madrid y Valencia.