El falso afiliado se mantenía ayer en el registro pese a las denuncias

A las 17:09 de ayer, la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos recibió una queja formal (número de expediente 33.639) «por las evidencias aportadas por el diario La Razón en referencia a la incompetencia del comité electoral para detectar falsas inscripciones en el sistema y en consecuencia por la poca seguridad jurídica y democrática del sistema». Esta denuncia surge a raíz de la información publicada ayer por este diario sobre las imperfecciones del sistema de inscripción del partido liderado por Pablo Iglesias, en el que personas inexistentes con DNI falsos y direcciones inventadas pueden no sólo darse de alta en Podemos, sino votar en los procesos electorales internos de la formación. Para verificar estos hechos La Razón inscribió a varias personas falsas que pudieron participar en las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid, La Rioja y otras comunidades autónomas.

No se trata de una protesta aislada. Varios miembros de Podemos se han agrupado en torno a una plataforma denominada «Demandamos Transparencia», en la que se están denunciando otros presuntos casos de fraude. En su página de internet (www.demandamostransparencia.es), este grupo afirma estar compuesto por «integrantes de Podemos que apoyan el estricto cumplimiento de los documentos aprobados tras la asamblea “Sí se puede”, declarándose custodia de estos documentos, reclamando a quienes los incumplan internamente sus responsabilidades por el bien del partido, sus militantes, afiliados y la ciudadanía». La misión de esta plataforma «externa y neutral al servicio de los inscritos y los círculos de Podemos» es «aglutinar a los integrantes del partido que puedan estar desencantados de cómo se están haciendo ciertas cosas».

Demandamos Transparencia ofrece un relato pormenorizado de las irregularidades que tuvieron lugar durante las pasadas elecciones para elegir órganos internos del partido, concretamente en la votación del representante de los inscritos de Podemos en el Exterior. Los resultados de este proceso electoral, contraviniendo los reglamentos del partido, no se publicaron el 14 de febrero. Dos días después, el 16, se hizo publica una nota informando de que se había compuesto una comisión para investigar un presunto caso de fraude: 199 votos falsos provenientes de Rusia parecían ser falsos. Dos candidaturas contendían para hacerse con el puesto de representante de los inscritos en el extranjero, la oficialista (encabezada por Esperanza Jubera) y la candidatura agrupada, en la que aparecía como candidato de consenso Ramón González.

Inmediatamente se interpusieron quejas a la Comisión de Garantías por «incumplimiento de la normativa electoral del partido», por «filtraciones interesadas y difamantes» con la investigación aún abierta y «solicitando auditoria externa de la comisión de investigación». De manera unilateral y sin que mediara control externo alguno, la comisión de investigación hizo pública una nota el dos de marzo en la que informaba de que se habían eliminado de la urna electrónica los 199 «falsos» (no se sabe si realmente lo eran, solo contamos con el testimonio de los miembros de la comisión) y se dio por ganadora a Esperanza Jubera, la candidata oficialista. La candidatura agrupada impugnó las elecciones y aún no han recibido ni respuesta ni acuse de recibo.

La plataforma Demandamos Transparencia también se hace eco de lo ocurrido poco antes de las primarias, cuando la Comisión de Garantías de Cantabria invalidó a cuatro candidatos de la candidatura «Sí se puede Cantabría», también de manera unilateral, aduciendo que estaban maniobrando para formar otro partido político con el que presentarse a las autonómicas en esta comunidad y aportando como prueba un listado de conversaciones en Whatsapp. Mariasun Arenado, uno de los candidatos suprimidos, considera «que existe mala fe en la actuación de la Comisión de Garantías de Cantabria al invalidar mi candidatura de forma cautelar, sin posibilidad de defensa suficiente y sin previa posibilidad de mediación y/o apercibimiento, sino usando medios punitivos que conculcan mi derecho a la libre participación política recogido en art. 23 Constitución Española».

En ambos casos el mismo patrón se repite: candidaturas que se apartan de la línea oficial dictada por Iglesias sienten menoscabados sus derechos por decisiones unilaterales de los órganos del partido a las que no es posible interponer recurso alguno. En el caso de Cantabria, cuatro candidatos fueron suprimidos (entre ellos el cabeza de lista, Juanma Brun, impulsor del movimiento «Yo también soy Podemos»), antes de poder concurrir a las primarias dejando el camino libre para que la candidatura oficialista, liderada por José Ramón Blanco, se haga con la victoria. En el segundo una comisión de investigación afín a la dirección del partido y sin control externo alguno suprime 199 votos «falsos» y cambia el resultado de la votación dando la victoria a la oficialista Jubera. En el primer caso ya se ha interpuesto una querella criminal. En el segundo se están preparando acciones legales.

La Razón intentó ayer ponerse en contacto con Gloria Elizo, de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos; Erik Labuske, responsable de Procesos Telemáticos; Sergio Pascual, secretario de Organización, o con cualquier otra persona del partido que pudiera ofrecer una valoración sobre estos hechos (también sobre los que son objeto del artículo que acompaña a estas líneas sobre la participación de Labuske en un proceso electoral al que, además, concurre como candidato). Ninguna fue atendida.

Fuente: La Razón