Pedro Gómez de la Serna

El portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, considera que si en la organización de la consulta del pasado 9 de noviembre en Cataluña hubo delito “el proceso se tiene que abrir cuanto antes, tampoco se puede eternizar”.

De la Serna se ha expresado así en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press en la que, no obstante, ha dejado claro su respeto a la autonomía de los fiscales. “Yo sólo pido, y no sé si me atrevo a pedirlo porque respeto la independencia de la Fiscalía, que lo que haga lo haga con cierta celeridad y esté a la altura de las circunstancias y de la necesidad de fortaleza democrática del país”, ha dicho.

Además, ha cuestionado que el “coste social sea un criterio jurídico que pueda valorar la Fiscalía”, y ha recalcado que lo que hay que valorar es si se han cometido delitos de prevaricación o de desobediencia.

Por otro lado, se ha sumado a las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recalcando que el PP no apoyará una reforma de la Constitución que rompa la soberanía nacional, ni una que genere “menos estabilidad y menos integración” que la actual.

También ha insistido en pedir al PSOE que aclare qué reforma de la Carta Magna y qué modelo federal quiere. “No sabemos de qué están hablando y creo que ellos tampoco lo tienen definido. Usar el federalismo como eslogan, tal vez para dar satisfacción al PSC, es inconcreto y un poco peligroso”, ha dicho.

EL SUPREMO DESESTIMA LA QUERELLA DE UPyD CONTRA MAS POR FALTA DE COMPETENCIAS

Por otra parte, el Supremo ha desestimado, por falta de competencia, la querella planteada por UPyD contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y varios miembros de la Mesa del Parlament porque las conductas denunciadas con motivo de la consulta soberanista se han desarrollado en el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña.

La Sala de lo Penal ha rechazado la querella de la formación magenta dirigida contra Artur Mas por presunta prevaricación, malversación, desobediencia, usurpación y delitos electorales, y contra la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y cuatro miembros de la Mesa de esta cámara por posible desobediencia.

La Fiscalía ya afirmó que la competencia corresponde en su caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y ahora el alto tribunal señala que las conductas objeto de la querella y posteriores ampliaciones se han desarrollado en el ámbito de la comunidad autónoma y que las repercusiones o trascendencia más allá de esa circunscripción no alteran esa realidad.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, concluye de forma “indudable” que las conductas que han motivado la querella se han desplegado en el territorio de Cataluña.

En este sentido, precisa que un delito de desobediencia se ha de considerar cometido en el lugar donde se desenvuelve la actividad prohibida, impedida o donde debiera haberse llevado a cabo la conducta omitida, “con independencia del lugar donde pudo ser emitida la orden o de la sede del órgano del que emane el mandato incumplido”.

El auto explica que el hecho de que la actividad cuestionada “pueda trascender a otros lugares no habilita para dar pábulo a voluntariosos esfuerzos que muten ese cristalino criterio legal competencial, establecido a nivel de legislación orgánica, que conecta con el constitucional derecho al juez ordinario predeterminado por la ley”.

Los magistrados enfatizan así que el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del presidente o presidenta de la Generalitat y de los consejeros. “Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”, ha remarcado.

Incumplimiento de la suspensión del TC

UPyD denunciaba que el incumplimiento del efecto suspensivo de la resolución del Tribunal Constitucional por parte de la Generalitat vulnera el artículo 87.1 de la ley que regula este órgano, que menciona “las responsabilidades” que se podrían desatar al desoír una resolución del Alto Tribunal.

Para defender la competencia del Supremo en este asunto, los querellantes aludían al delito de usurpación por el que Mas “ha procedido a suplantar o arrogarse una competencia del Estado, que supera su propio ámbito competencial”.

Añadía que otros delitos en principio concurrentes serían electorales, “pues la actuación de la Generalitat al crear un censo electoral propio y al margen de cualquier tipo de procedimiento legal “invade y conculca las competencias de la Oficina del Censo Electoral”.

Por último, consideraban que el 9N se cometió un delito de malversación por haber destinado la Generalitat “importantes fondos públicos” a la preparación de la consulta.