La Infanta Cristina a su llegada a los juzgados de Palma en febrero.

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la imputación de la infanta Cristina por cooperación en dos delitos fiscales, por lo que será juzgada en el marco del juicio del ‘caso Nóos’. Sin embargo, sobresee la causa contra ella por blanqueo. La decisión de la Sala Segunda es unánime y su auto, firme.

La Sala estima los recursos de Manos Limpias y el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia e imputa al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau. También estima los recursos de Manos Limpias e imputa a dos personas vinculadas a Madrid 16 y a Salvador Trinxet.

El auto, asimismo, añade el delito de blanqueo a las imputaciones contra Iñaki Urdangarín, Diego Torres y Ana María Tejeiro. El resto de planteamientos de los recursos son desestimados.

Su imputación

La imputación de la hermana menor del Rey por dos delitos contra la Hacienda Pública se basa en el papel que ejerció en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin, quien habría utilizado esta empresa para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008. Y lo hizo al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.

El propio José Castro, instructor del caso Nóos, llegó a considerar Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales.

LAS EVASIVAS QUE LA HAN LLEVADO A ESTA SITUACIÓN

Fue el 8 de febrero. Aquel día, después de mil peripecias judiciales, la infanta acudió a los juzgados de Palma a declarar como imputada. Fue el día clave. Allí, según todos los expertos, se jugaba su futuro judicial. Su estrategia fueron las continuas evasivas. Una estrategia que visto el fallo de hoy no le ha servido de nada.

La infanta Cristina usó al menos once muletillas para sortear la respuesta de hasta 595 cuestiones embarazosas amparándose en su desconocimiento o mala memoria. Una 600 evasivas a otras tantas preguntas, aunque en realidad debieron ser muchas más porque la tecnología no es capaz de detectar todas las formas que una persona es capaz de ingeniar para escamotearse de una pregunta delicada.

Aquel 8 de febrero en los juzgados de Palma, la hija del Rey Juan Carlos se enfrentó a 1.063 preguntas. Ni una más ni una menos. Y la infanta no dejó de responder a ninguna de ellas, aunque luego se negara a contestar a las acusaciones populares.

En realidad muy pocas de las respuestas Cristina de Borbón superaron las cien palabras. La imputada solo dio respuestas largas a preguntas intrascendentes, como la de describir su vida de ama de casa cuidando de sus pequeños o en los actos oficiales.

El peso del interrogatorio, ante la negativa de Anticorrupción a acusar, lo llevó el juez José Castro, que planteó 806 interrogantes. El fiscal Pedro Horrach apenas hizo 121 y la representante de la Agencia Tributaria, la abogada del Estado, se limitó a 136 demandas. Ni Horrach ni la letrada de justicia ahondaron en las cuestiones espinosas.

Las actas revelan que la infanta Cristina fue un auténtico frontón durante las seis horas y media de interrogatorio. Una roca ante las preguntas del juez, fiscal y abogada del Estado. La búsqueda con el programa de Adobe Reader constata que usó no menos de 595 frases evasivas en esas once fórmulas diferentes.

La escapatoria más usada por la esposa de Iñaki Urdangarin fue el “no sé”. Esas palabras salieron de su boca hasta en 223 ocasiones diferentes, cuando fue preguntada por cuestiones como su participación en Aizoon, la empresa familiar usada para desviar dinero público.

La segunda evasiva más empleada por la hija del Rey para no dar los detalles que se le inquirían fue muy parecida, “no lo sé”. Esas tres palabras fueron pronunciadas un total de 189 veces aquel día.

También la imputada recurrió a su supuesta mala memoria sobre los hechos que le han llevado a estar imputada por blanqueo de capitales y/o fraude fiscal. 59 veces se refugió detrás de la frase “no lo recuerdo”. Otras 23 usó la expresión “no recuerdo” y en diez más utilizó el socorrido “no me acuerdo”. Sus evasivas también se centraron en aparecer ignorante de todo y en 58 ocasiones dijo “lo desconozco” cuando las preguntas eran más delicadas.

Sus otras salidas por la tangente fueron usar nueve veces la expresión “no lo sabía”; siete las palabras “no me consta”; tres la fórmula “que yo recuerde, no”; “me suena” o “no me suena” la utilizó 13 veces; y una vez se escudó tras la frase “no tenía conocimiento”.

VISIONES ANTAGÓNICAS DEL JUEZ Y EL FISCAL

José Castro (izq.) y Pedro Horrach, en una imagen de archivo.

La imputación o no de la infanta Cristina supuso un verdadero choque de trenes entre las dos locomotoras que movieron el ‘caso Nóos’: el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach. Ambos, amigos íntimos, han terminado distanciados, casi peleados, por sus visiones totalmente antagónicas sobre el papel de la hermana del Rey en todo este entramado corrupto. Sus frases, acusaciones y exculpaciones de la duquesa son como la noche y el día.

Conocimiento

¿Conocía o no conocía la hermana del Rey las irregularidades fiscales que Iñaki Urdangarin estaba cometiendo al cargar como ingresos de Aizoon sus actividades profesionales para las multinacionales? La respuesta a esta pregunta clave para la imputación de Cristina es bien diferente para Castro y para Horrach. Para el primero no cabe duda: “Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado”, explica el juez en su auto.

La idea de Horrach es bien otra. No hay “indicios mínimamente solventes” más allá de “insulsos documentos”, correos privados entre ambos, de que la infanta supiera del día a día de Aizoon. Anticorrupción siempre ha considerado que el único responsable de lo que ocurría en la sociedad era su “administrador único”, o sea, Urdangarin.

Esposa

El papel de la infanta como esposa de Urdangarin es otro punto de colisión. En todos y cada uno de sus autos, Castro ha incidido en que es imposible que una mujer con estudios superiores como la infanta no conociese lo que hacía su marido. Que no se cree que la “confianza, veneración y amor” que dice que le profesaba a su esposo le hiciera ser tan ciega para no ver lo que hacía en Aizoon. El magistrado ha defendido siempre que el papel de “simple comisionada obediente” de su pareja que quiere atribuirse la duquesa no le convence.

Para Anticorrupción, el tema de cuál era el papel de la infanta como esposa es irrelevante. “En el Derecho Penal, basado en el principio de culpabilidad, no cabe admitirse ningún tipo de presunción de participación por la mera convivencia conyugal”, apuntó el fiscal. La Fiscalía ha incido en todo momento en que la responsabilidad penal es personal. Otra cosa sería la civil, ya que Anticorrupción está dispuesta a acusar a Cristina de Borbón de responsable civil subsidiaria de lucro de los delitos.

Gastos personales

El tema de que la infanta, además de su marido, usó los fondos ilícitos, fraudulentos respecto a Hacienda, que entraban en Aizoon para pagar infinidad de gastos personales como viajes, fiestas, hoteles, restaurantes, colegios o compras, es otro tema de discrepancia frontal entre juez y fiscal. Y no es un tema baladí porque de ello depende que la duquesa pueda sentarse o no en el banquillo acusada de blanqueo. Castro lo ve claro: Cristina de Borbón blanqueó porque reintrodujo en el circuito legal a través de sus “ingentes compras, servicios y gastos privados” dinero de cuya procedencia ilícita conocía. “Hay sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido”, sostiene el instructor.

La visión de Horrach, sabedor de que el blanqueo podría ser el punto más débil de la defensa de la hermana de Felipe VI, es totalmente diferente. El fiscal no ve más que una irregularidad fiscal merecedora de una simple multa. “El hecho aislado de imputar gastos personales ajenos a la actividad mercantil como costes de explotación no se contempla en el Código Penal como figura delictiva”, recuerda en su alegato.

Interrogatorio

Castro considera clave la postura que mantuvo Cristina de Borbón en su interrogatorio el pasado febrero, cuando se parapetó en el “olvido, la ignorancia o la derivación de la responsabilidad a terceras personas” para aparecer ignorante de todo lo que ocurría en la empresa de la que es copropietaria al 50%.

La cruz de esta versión, una vez más, es del representante del Ministerio Público: “Tiene razón el instructor al calificar las respuestas de doña Cristina de Borbón de insuficientes o no clarificadoras, siempre que añadamos a continuación la expresión ‘para sostener su imputación'”, alega Pedro Horrach, para el que aquel interrogatorio “se caracterizó por cuestionar la motivación del ejercicio del derecho de Cristina de Borbón a participar como socia en una entidad mercantil, presumiendo que la misma obedecía a un plan delictivo predeterminado”.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN EL CASO NÓOS?

Diego Torres fue socio fundador del Instituto Nóos.

José Castro. El juez de origen cordobés convirtió a la infanta Cristina en su obsesión procesal desde que a principios de 2013 aparecieran los primeros indicios de que la entonces hija del Rey usaba de forma regular Aizoon para endosar sus gastos familiares.

Pedro Horrach. El fiscal desde el inicio se opuso a la imputación de la hermana del Rey porque cree que nada tuvo que ver con el Instituto Nóos, aunque fuera su vocal, y su participación en Aizoon no implicaba que supiera que la sociedad familiar era usada para defraudar.

Iñaki Urdangarin. El duque, en sus dos declaraciones ante el juez, se esforzó en exculpar a su mujer. Siempre sostuvo que su presencia en Nóos era testimonial y, sobre todo, que él, como administrador único de Aizoon, era el único responsable de lo que ocurría en la sociedad.

Cristina de Borbón. La infanta se libró en mayo de 2013 de declarar como imputada por su participación en Nóos. Pero la Audiencia Provincial dejó abierta la puerta a que, como así fue, fuera imputada por su responsabilidad en Aizoon y los delitos fiscales.

Diego Torres. Profesor de la escuela de negocios Esade en Barcelona, donde conoció a Urdangarin como alumno. Socio fundador del Instituto Nóos. Acusado de prevaricación, malversación, fraude a la administración y fiscal, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental.

Ana María Tejeiro. Esposa y testaferro en algunas empresas de Diego Torres, así como vocal del Instituto Nóos. El juez le acusa de los mismos delitos que a su marido. Su imputación motivó el enfrentamiento radical de Torres y Urdangarin.

Marco Antonio Tejeiro. Cuñado de Diego Torres y contable del Instituto Nóos. Reveló ante el juez los movimientos económicos internos de la entidad. Acusado de prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa y falsedad documental.

Miguel Tejeiro. También cuñado de Torres. Fue asesor financiero y fiscal de los propietarios de Nóos y supuesto cerebro del plan de facturas cruzadas. Imputado por prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa y falsedad documental.

Jaume Matas. Militante del PP. Expresidente del Gobierno balear y exministro de Medio Ambiente. Imputado por prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y tráfico de influencias.

José Luis, ‘Pepote’, Ballester. Militante del PP. Exregatista olímpico de vela y exdirector de Deportes del Gobierno balear. Amigo de la infanta Cristina. Acusado de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

Gonzalo Bernal. Exgerente de la Fundación Illesport del Gobierno de Baleares. Trabajó a las órdenes de Ballester. Imputado por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

Juan Carlos Alía. Gerente del Instituto Balear de Turismo entre 2003 y 2004. Acusado de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

Miguel Ángel Bonet. Exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo. Imputado por los mismos delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

Luis Lobón. Exsecretario de Turismo de la Generalitat valenciana. Suscribió los acuerdos para organizar los Valencia Summit. Acusado de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental.

José Manuel Aguilar. Ex director general de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Imputado por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental.

Jorge Vela. También dirigió la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Hermano de un consejero de Hacienda del Gobierno valenciano. Acusado de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental.

Elisa Maldonado. Exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y exresponsable jurídica de la misma empresa. El juez le atribuye los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental.

Mercedes Coghen. Exconsejera delegada de la Fundación Madrid 2016 que supuestamente acordó con Urdangarin una asesoría para la promoción mundial de la candidatura olímpica. Castro le imputa prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.