César Alierta.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 25,8 millones de euros a Telefónica Móviles por retener a las pequeñas empresas (pymes) que contrataban sus servicios con métodos que, según el regulador, resultaban abusivos y vulneraban las reglas del libre juego de mercado.

Los hechos ahora sancionados se inician en 2006, cuando la operadora que preside César Alierta puso en marcha una serie de contratos –que llegaron a suponer más del 70% de sus ingresos en el negocio de las pymes– con compromisos de permanencia vinculados a descuentos sobre las tarifas, cuya duración inicial iba de uno a dos años. Su prórroga, no obstante, era automática y conllevaba penalizaciones crecientes en caso de renuncia salvo que se avisara con, al menos, un mes de antelación.

Para la CNMC, esta práctica «continuada en el tiempo» vulnera las normas de competencia nacionales y europeas. Entre otras razones, aduce que limitaban de manera «desproporcionada» la capacidad de sus clientes para cambiar de operador y, a su vez, incrementaba «sustancialmente los costes en que tenían que incurrir sus competidores» -sobre todo, los virtuales (OMV)- para captar esos usuarios.

Según la resolución publicada este martes, el regulador ha tenido muy en cuenta tanto la dimensión del mercado afectado -el de las pymes es uno de los segmentos de demanda más dinámicos para las ‘telecos’- como la cuota en él de la empresa responsable –“mayor y más estable” que el resto de operadoras, apunta-. Asimismo, ha valorado tanto el alcance y la duración de la infracción –más de seis años- como los efectos sobre el conjunto de consumidores y el propio sector, sin olvidar “los beneficios ilícitos obtenidos” que, sin embargo, no llega a precisar.

Telefónica, «perpleja»

La respuesta de Telefónica, una vez conocida la sanción, ha sido manifestar su “perplejidad” al considerar que la Comisión se ha excedido al interpretar las normas de competencia en este caso. Tras anunciar que recurrirá “de forma inmediata” su resolución ante la Audiencia Nacional –órgano judicial que en el pasado ya rebajó, e incluso llegó a anular, algunas de sus multas-, fuentes de la operadora se quejaron, además, de que han sido discriminados “claramente” respecto a otras operadoras que imponían condiciones de permanencia similares en sus contratos. “Si esas prácticas están prohibidas, lo habrán de estar también para los demás”, advirtieron.

Desde la compañía apuntaron, asimismo, que en la práctica esos requisitos no supusieron un perjuicio para sus clientes dado que los precios de los servicios ofrecidos “han caído significativamente en los últimos años”. “No ha habido efecto restrictivo alguno sobre la competencia”, insistieron y el propio expediente administrativo –según ellos- lo avalaría.