IS.- El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto-ley por el que ha aceptado la renuncia de Escal UGS, empresa participada por el Grupo ACS en un 66,67 %, a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor y fija una indemnización para la compañía de 1.350 millones.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, el montante de la indemnización será asumido en un primer momento por Enagás, empresa participada por el Estado a través de la SEPI que actúa como transportista de gas, y posteriormente el sistema gasista, es decir, en última instancia los consumidores, sufragarán esta cantidad en el recibo durante un plazo de 30 años, en una solución similar a la que se adoptó en su momento para compensar a las eléctricas por la moratoria nuclear.

El operador del sistema gasista será el encargado de gestionar el pago de la indemnización, que más que para ACS y sus socios en el proyecto, irá a parar a los acreedores de la emisión de bonos que realizó Escal para sufragar la inversión: a la cabeza de esos bonistas está el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con 300 millones de euros. La deuda a pagar a los bonistas será colocada entre un pool de bancos encabezados por el Santander, que adelantarán el dinero a cambio de un tipo de interés de en torno al 4%.

El almacén de gas, cuyo coste final se triplicó con respecto al presupuesto inicial, está situado en el Mediterráneo, frente a las costas de Castellón y su puesta en marcha se paralizó al detectarse seísmos en la zona. El Castor será hibernado, aunque la vicepresidenta ha señalado que esta situación se podrá revertir en el futuro si se dan condiciones seguras.