El Parlamento turco aprobó este miércoles una polémica ley que permitirá al Gobierno bloquear cualquier página web por su propia iniciativa y sin necesitar permiso judicial. Además, la nueva norma, aprobada en un momento en el que el Ejecutivo se encuentra envuelto en un escándalo de presunta corrupción, también obligará a las empresas proveedoras de internet a guardar durante dos años un registro de las actividades de sus usuarios y a dar estos datos al Gobierno si éste se los pide.

El ministro de Comunicaciones, Lutfi Elvan, ha defendido la normativa y ha asegurado que no dará lugar a prohibiciones o censura. En principio, según la nueva regulación el Directorio de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Elvan, sólo podrá actuar sobre páginas web que violen la privacidad de alguna persona.

“No existe la censura de internet” en Turquía, aseguró el viceprimer ministro, Bulent Arinc, durante el debate parlamentario. “En comparación, somos más libres que muchos otros países y tenemos libertad de prensa”, insistió Arinc.

“Cuando [Erdogan] llegó al poder, hablaba de aumentar y mejorar la democracia en Turquía, pero ahora está intentando implementar un sistema fascista”, dijo durante el debate Hasan Oren, un diputado del Partido Republicano Popular, el principal grupo en la oposición, y quien llegó a comparar al primer ministro con el líder de la Alemania Nazi Adolf Hitler.

El acceso a internet está ya muy restringido en Turquía, donde las autoridades han bloqueado miles de páginas —más de 40.400, según Engelli Web— y diferentes organizaciones defensoras del derecho a la información y de la libertad de prensa han criticado repetidamente la actitud del Gobierno.

Esta nueva ley también ha recibido críticas de muy diversos actores fuera y dentro de Turquía ya desde que el gobernante Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco) la presentara al Parlamento, en el que tiene mayoría.

“Esta regulación es una intervención en muchos derechos, particularmente en las libertades de expresión y de prensa, y contiene puntos que entran en conflicto con la Constitución. Pedimos al Presidente que devuelva esta regulación al Parlamento”, señaló este jueves en un comunicado la Asociación Turca de Periodistas.

Tras su aprobación, la norma aún debe ser firmada por el Presidente de la República, Abdulá Gul, para entrar en vigor.

Durante las masivas protestas contra el Gobierno el pasado verano, los manifestantes usaron internet, y particularmente redes sociales como Facebook y Twitter, para compartir información, ya que los grandes medios de comunicación no informaron de las protestas en un primer momento.

El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, a quien los manifestantes acusaban de “autoritario”, calificó entonces a Twitter de “la peor amenaza actual para la sociedad”. Varios periodistas perdieron sus trabajos por expresar sus opiniones o compartir información sobre las protestas en Twitter. En total, más de 70 periodistas fueron despedidos, apartados o dejaron sus puestos debido a su cobertura de las manifestaciones, según el Sindicato Turco de Periodistas.

“La ley de internet que va a adoptar Turquía conlleva serias preocupaciones. La gente necesita más transparencia e información, no más restricciones”, dijo este jueves, precisamente en Twitter, en inglés y también en turco, Stefan Fule, el comisario de la Unión Europea para la Ampliación.

Debido a que Turquía es un país candidato a ser miembro de la UE, la ley “necesita ser revisada de acuerdo con los estándares europeos”, añadió en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz de Fule, Peter Stano.

Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, usó esta misma plataforma para comentar también este jueves que “la aprobación turca de una ley que estrecha el control del Gobierno sobre internet es un paso atrás en un entorno ya asfixiante para la libertad de prensa”.

Escándalo de corrupción

El momento actual añade aún más polémica a la aprobación de la ley ya que el Gobierno de Erdogan se encuentra envuelto en un escándalo de presunta corrupción. Precisamente, en los últimos días habían aparecido en internet grabaciones entre oficiales del Gobierno y empresarios que supuestamente mostrarían tráfico de influencias.

El ministro de Comunicaciones, Lutfi Elvan, aseguró en televisión que el proyecto de esta ley se había iniciado hace año y medio y que no estaba relacionado con la investigación actual sobre la presunta corrupción del Ejecutivo ni con las protestas del pasado verano.

Desde que saltara el escándalo el 17 de diciembre, el Gobierno ha acusado a los seguidores del clérigo islámico Fetulá Gulen de estar detrás de la investigación. Además, el Ejecutivo ha relevado de sus puestos a más de 5.000 policías y de 200 fiscales, entre ellos los dos que iniciaron el caso.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y de las libertades civiles, como la estadounidense Freedom House, han criticado en las últimas semanas a Ankara por restringir los derechos de los ciudadanos turcos.

Turquía es también el país con un mayor número de informadores encarcelados, según el Comité para la Protección de los Periodistas, que contabiliza 40 reporteros presos.