El juez Eduardo López Palop, al frente del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha concluido la investigación sobre la tragedia del Madrid Arena con un total de 16 acusados, entre ellos el organizador de la fiesta de Halloween que se celebró la madrugada del 1 de noviembre de 2012, Miguel Ángel Flores, y el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo.

En un auto fechado el pasado 29 de agosto y notificado hoy a las partes, el magistrado transforma las diligencias en procedimiento abreviado, lo que supone la conclusión de las pesquisas tras dos años de instrucción. Ahora, el juez da un plazo de un mes a las partes para la presentación de recursos y escritos de acusación de cara a la celebración de la vista oral.

La resolución concreta las imputaciones sobre catorce personas por cinco delitos de homicidio imprudente grave y diez delitos de lesiones. De este modo, también imputa a los doctores Simón y Carlos Viñals, acusándoles de tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, en el caso de las jóvenes Rocío Oña, Cristina Arce y Katia Esteban.

Además, retira la acusación sobre ocho imputados, entre ellos la de los delegados Antonio de Guindos y Fátima Núñez; y la del director general de Emergencias y Protección Civil, Alfonso del Álamo. También se exculpa al hermano de Flores, José María Flores.

En cuanto a los procesados, inculpa formalmente de la empresa Diviertt a Flores; a su director, Santiago Rojo; y al jefe de personal, Miguel Ángel Morcillo. Y de Kontrol 34, al socio y apoderado, Carlos Manzanares; y a Emilio Belliard.

De Madridec, acusa al director del Departamento de Seguridad, Rafael Pastor Martín; al coordinador de proyectos, Francisco del Amo; al técnico de operaciones y jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso; y al coordinador Jefe del Departamento de Seguridad, José Luis Rodríguez Caamaño.

Además, procesa al coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; al coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; al jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; y al vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos.

Asimismo, según consta en el auto, sentará en el banquillo de los acusados al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y a los médicos, Simón y Carlos Viñals. El primero era el médico responsable de la enfermería que se instaló en el recinto.

En cuanto a los responsables subsidiarios, figuran el Ayuntamiento de Madrid, así como las empresas Madridec, Diviertt, FSM Group Management, Seguriber, Kontrol 34.

Con este auto, el juez Palop da carpetazo a la investigación abierta la madrugada del 1 de noviembre de 2012 tras la muerte de cinco chicas por la fatal avalancha que se produjo en el interior de unos de los vomitorios del pabellón debido al exceso de aforo, cuyo número se triplicó hasta los 22.000.

El pasado julio, la Fiscalía pidió en un escrito mantener la imputación de 14 personas y sobreseer la de otras diez, entre las que se encontraba la de Monteagudo, De Guindos, Fátima Núñez, entre otros.

ACUSACIONES SOBRE FLORES

Sobre Flores, el magistrado destaca que era el máximo responsable de la entidad Diviertt, organizadora del evento. “Era la persona que tenía, en el ámbito de competencia de su sociedad, absoluto control sobre la misma, correspondiéndole decidir en el último extremo las decisiones que se tomaban”, recoge el fallo.

En esta línea, insiste en que “toda la organización del evento era de su responsabilidad y tuvo directísima participación en el número de entradas que se vendieron y caudal de personas que entraron en la fiesta, produciendo un sobreaforo que tuvo una importancia decisiva en los acontecimientos” que se produjeron.

En lo relativa a las entradas, señala que las autorizadas eran 10.620 frente a las 23.000 que se vendieron, según los análisis de los discos duros de los ordenadores encontrados en la zona de dirección del pabellón municipal. Los ordenadores, según el juez, estaban ocultos, por lo que entiende que Flores actuó de mala fe.

Según Palop, Miguel Ángel Flores era “plenamente consciente” de que existía un inmenso sobreaforo” y añade que ese sobreaforo es resultado de “su desmedido afán de beneficios económicos, sacrificando la seguridad”.

LA SEGURIDAD DE MADRIDEC Y SEGURIBER

En cuanto a los encargados de la seguridad, el magistrado critica que el director de Seguridad y Emergencias de Madriddec, Rafael Pastor, manifestara en su declaración que no tuviera potestad para paralizar el evento y que ignorase que muchas de las puertas de la cota 0 estuvieran precintadas.

También en el auto carga contra el coordinador de proyectos de Madridec, Francisco de Amo López, al desconocer “prácticamente todo lo que ocurría en el evento”. Además, destaca que hay indicios “abrumadores” acerca de que fue la persona que dio la orden de abrir una de las puertas de emergencias por donde cientos de jóvenes entraron sin control en el pabellón.

En contra de lo solicitado por la Fiscalía, procesa al coordinador jede de seguridad de Madridec, José Luis Rodríguez Caamaño, quien admitió que no hubo la reunión previa con la Policía Municipal ni con el promotor de la fiesta.

Sobre Seguriber, señala que el jefe de Emergencias, José Antonio Díaz Romero, era el responsable de que “no se introduzcan personas por accesos no autorizados y de los correspondientes controles y requisas” en la entrada. Aunque manifestó que la apertura del portón fue “una barbaridad”, según el juez, no hizo nada para impedirlo.

También se refiere a Roberto Mateos, la persona que se encargaba del control de las cámaras instaladas en el recinto. El magistrado critica que esta sala estuviera “abandonada en diversos tramos de la noche”, entre ellos “en torno a las 3.40 de la madrugada cuando ocurrió la avalancha mortal”.

MONTEAGUDO, RESPONSABLE DEL CUERPO

En cuanto a Monteagudo, Palop le acusa por su “negligencia” como responsable máximo del Cuerpo, al considerar que la presencia policial fue “contemplativa, insuficiente, esporádica” y denotó “una pasividad inadecuada para la gravedad de los hechos que estaban aconteciendo”.

“La Policía municipal ni evitó, ni palió ni aminoró (el botellón) sino que tuvo una actitud que benévolamente puede ser calificada de contemplativa”, afirma el juez.

Monteagudo es acusado de delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones como máximo responsable de la actuación del cuerpo policial a su mando durante el botellón, que tuvo “una importancia decisiva como desencadenante de la tragedia que posteriormente habría de producirse”.

Dicho botellón se produjo en los aledaños al Madrid Arena “desde varias horas antes” de que empezara el espectáculo y que, según los testimonios de asistentes, “llegaba desde la salida del metro de Lago”, en una distancia “no inferior a un kilómetro”.

EL RESPONSABLE DE LA ENFERMERÍA

El magistrado señala que Simón Viñals, con 77 años en el momento de la tragedia, era el médico encargado de la enfermería del evento, “un cuarto trasero sin ventilación ni luz suficiente y, con un aspecto realmente sorprendente en un país civilizado en pleno siglo XXI, sin agua corriente”.

Palop apunta que Viñals cobró 1.920 euros por hacer cargo de estos servicios médicos, por lo que había que suponer que “tenía que supervisar y estar de acuerdo con los medios materiales y humanos que se ponen a su disposición para una función esencial en un evento multitudinario.

En la resolución, el magistrado señala que se acuerda seguir las diligencias previas respecto a Simón y Carlos Viñals por tres delitos de homicidio imprudente grave.