El líder canario de Soluciona, Román Adrián Rodríguez, será el encargado de defender en el congreso nacional de Málaga la ponencia sobre el “modelo territorial” de España que ha sido elaborada por los socialidentitarios canarios. Soluciona-Canarias defenderá en el citado evento congresual tanto la disolución de las autonomías como la reforma del Estado y de la Constitución. En apoyo de su tesis, Rodríguez alerta que “la deuda del conjunto de las administraciones públicas en España hasta junio superó por primera vez el billón de euros (1.007.319 millones), lo que supone alrededor de un 98,4 % del PIB”.

Román Adrián Rodríguez es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Master en Documentación y Biblioteconomía por la UC de Madrid, trabajó como “senior reporter” en el canal WLTV- 23 de Florida, Estados Unidos y ha logrado varios reconocimientos públicos a su labor informativa por la Florida International University; la University of Miami; State of FLorida – Governor Office- y Commendation por el Metropolitan Dade County, Florida, entre otros.

Especialista en medios de comunicación y estrategias políticas, declara que se unió a Soluciona al considerarla “la única opción válida con un proyecto político claro para España”.

Reproducimos de forma resumida la moción que presentará Román Adrián Rodríguez en el congreso de Soluciona en Málaga para su discusión y aprobación:

“España, nuestra nación, se encuentra en una grave encrucijada. No voy a recordarles lo que ya todos compartimos y conocemos, no tendría ningún sentido. Voy a hablarles de lo que hay que hacer, lo que hay que lograr y lo que hay que cimentar. No obstante, realizaré un breve análisis sobre las autonomías y a donde nos han conducido.

Me han encomendado que realice esta ponencia sobre el Estado autonómico que nació de la Constitución Española de 1978, a todas luces hoy inviable, innecesario y funesto para los intereses de los ciudadanos españoles.

Sí, he empezado claro: Inviable, innecesario y funesto.

Verán: nosotros, los que formamos este partido tenemos el deber y la obligación de hablar muy claro. Sin dobles matices, sin tapujos o engaños, refiriéndonos a cada cosa por su nombre.

Si queremos crecer en afiliados, en simpatizantes, en votos y en expectativas, hemos de hablar siempre con la verdad, aportando datos y cifras y de manera coloquial para que la gente nos entienda y sea consciente de lo que somos, de lo que queremos, de lo que proponemos y, si son partícipes de nuestras ideas, que se nos unan.

UN BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El estado de las autonomías nace de una idea positiva: acercar a los ciudadanos sus respectivos gobiernos, estos nuevos gobiernos habrían de preocuparse por sus necesidades y bienestar general y lograr mejoras palpables en los diversos servicios que la Administración presta a sus administrados.

Hoy comprobamos con enorme dolor que todas esas “buenas intenciones” se han convertido en un formidable fraude, en una monumental decepción y en un terrible engaño.

Hoy también comprobamos como el estado de las autonomías sólo ha servido para el brutal enriquecimiento personal de algunos – los que detentan el poder y no importa si están en el gobierno o la oposición, en detrimento de la ciudadanía, en la separación de los españoles y en un odio generalizado y sembrado hábilmente por la casta política de unos contra otros.

En la creación de verdaderos ‘reinos de taifas’ donde un presidente autonómico se convierte en un mediocre califa al servicio de sí mismo. Donde la sumisión y el ‘besamanos’ se mudan en realidad palpable. Donde si quieres ‘hacer algo’ has de pagar una comisión. Donde la función pública trueca en una aparcadero de queridas, amigos hijos, sobrinos, familia, enchufados por algún servicio… Y donde toda esta lacra la paga el ciudadano al que le suben los impuestos, las tasas de todo tipo y le recortan en pensiones, sanidad y derechos.

Y lo han conseguido manipulando la educación, la historia, la cultura, la sanidad, la información, los servicios sociales, las estadísticas. Otorgando subvenciones a todo aquello que le es afín. Engañando y mintiendo a sus ciudadanos y lo más grave, con la absoluta complicidad del Estado y, en la mayoría de los casos con el silencio obediente e interesado de los medios de comunicación.

Fíjense si España era rica que han tardado casi 40 años en saquearla y desmantelarla.

COSTE AUTONÓMICO

En el periódico ABC del 16/04/2012 se publicaba un artículo donde sus autores afirmaban que el coste de las autonomías ascendía a 200.000 millones de euros anuales. Año 2012. Casi un cuarto de la deuda externa española en 2014. Ese coste era desglosado en “gastos fijos” como nóminas, gastos ordinarios, etc. Significaba un cuarto de Producto Interior Bruto de España.

¿Cuál es el verdadero gasto autonómico hoy?

Debo ser muy torpe porque no he encontrado cifras publicadas al 2014 por ningún medio informativo. Obviamente tampoco he encontrado ningún dato publicado por la Administración del Estado.

Lo que si he encontrado y ustedes también y día a día son los continuos escándalos de chanchullos, robos y escarnios realizados por presidentes autonómicos, ministros del gobierno, ex ministros, infantas, maridos de infantas, monarquía, diputados, senadores, sindicatos, alcaldes, concejales, jueces, banqueros, grandes compañías, etc. Valorados en miles de millones de euros.

El obscurantismo en datos y cifras verdaderas por parte del Estado es absoluto.

Por cierto, el pasado mes de agosto España ya superó el billón de euros en deuda, una deuda que pagaremos nosotros, los ciudadanos. Hagan cuantas y verán cómo cada uno debe más de 22.000 euros. Si, sea un bebé recién nacido o un anciano de 99 años, debe eso.

La multiplicidad de estructuras – 17 autonomías, 17 consejerías de sanidad, 17 consejerías de educación y así todo por 17 no sólo multiplican el gasto por 17 sino que disparan, de forma exponencial los costes operativos y de mantenimiento. Por no hablar de las decenas de miles de enchufados “al servicio del poder” de cada reyezuelo local.

Según palabras del catedrático en Economía Roberto Centeno, “cada empleo público destruye 2.8 empleos privados”.

Y así podemos encontrar, cualquiera que lo desee puede hacer búsquedas en Internet o hemerotecas, datos sobre la verdadera realidad autonómica española. Son miles los artículos de mentes pensantes y ciudadanos preocupados que hablan al respecto de la falacia en la que nos tienen inmersos.

Corrupciones, fraudes, comisiones, actuaciones ilegales, sobornos, compras de voluntades, incumplimiento de sentencias, abusos de poder, desviación de fondos públicos y otras lindezas que ustedes conocen ampliamente por la prensa – prensa propia del sistema – e imposibles de ocultar son la realidad del sistema autonómico español. Prensa y medios de comunicación que, por cierto reciben jugosas ayudas a cargo de fondos públicos. Es decir, de su bolsillo y del mío. Medios que además atizan, cuando les conviene al adversario de su ideología, callándose interesadamente los escándalos propios.

El mayor error de España en los últimos 50 años ha sido dar paso a las autonomías como medio administrativo del país. Cuando los políticos abren una puerta deben de ser responsables porque nunca se sabe cuáles son las consecuencias que ello puede acarrear. ¿O es que estaba acaso programada la destrucción del estado para beneficio de unos pocos?

El estado español tal y como está configurado es insostenible social, política y económicamente ya que ha conseguido una crispación balcánica difícil de igualar enfrentando a españoles entre sí. Todo por un falso orgullo regional. En lo económico es inviable la continuidad del estado de las autonomías ya que se necesita la faraónica cantidad de más de 200.000 millones de euros al año para mantener todos los reinos de Taifas en España. En lo social se rige por una desmembración de los derechos ciudadanos y en lo político en debates absurdos y en la siembra de un odio programado contra los “otros”.

En los demás aspectos como pueden ser la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, el Empleo, la Vivienda, las Infraestructuras.., se ha convertido en un caos total con un decrecimiento exponencial de los servicios ofertados al ciudadano.

También se ha demostrado inviable, generando graves carencias, una enorme dispersión de los recursos, una división cainita entre derechos y obligaciones de los españoles y una indefensión brutal de los mismos ante las canalladas y abusos políticos por parte de esos “vividores y golfos regionales”

Desde que la democracia se instauró como forma de gobierno en España, a finales de la década de los años 70, nuestro país ha vivido un progresivo proceso de descentralización de las competencias públicas, que ha terminado por atomizar la economía, la sociedad civil y los servicios, amparado todo ello en la Constitución de 1978.

Más de tres décadas de autonomías han provocado que las cuentas generales del Estado se hayan convertido en un conglomerado de diecisiete partidas diferentes en las que muchas de las atribuciones de la Administración están repetidas hasta por triplicado en lo que supone una fuga de miles de millones de euros al año.

En la actualidad, con la crisis golpeando con especial virulencia a nuestro país, ese dinero se ha convertido en protagonista, ya que la Comisión Europea ha señalado a las Comunidades Autónomas como el principal lastre de España para poder poner orden en sus cuentas y empezar a salir de la complicada situación financiera por la que atraviesa. De hecho, se señala a las cuentas regionales como el principal culpable de la desconfianza de los mercados financieros en nuestra economía.

Triple maraña burocrática

La estructura administrativa española, con tres ámbitos diferenciados (estatal, autonómico y local), provoca que muchas atribuciones en distintos ámbitos, como la representación, la seguridad o las infraestructuras, se vean triplicadas en algunos casos, lo que supone un incremento constante del gasto público.

A día de hoy, la Constitución española, en sus artículos 148 y 149, regula aquellas competencias exclusivas de las Comunidades y las compartidas con el Estado. Entre las primeras se encuentran, además de las ya mencionadas de Sanidad y Educación, las instituciones de autogobierno, obras, transportes e infraestructuras públicas regionales, medio ambiente, pesca, agricultura o patrimonio.

Para que tengan un ejemplo del dislate del gasto público: 150.000 millones de euros es el equivalente a todas las ayudas comunitarias destinadas a Grecia.

En penúltimo lugar quisiera exponer, dentro de este breve análisis y a fin de poder pasar a nuestras propuestas lo siguiente:

¿Cuántos políticos hay en España? La verdad por asombrosa que parezca es que no se conocen las cifras verdaderas. Algunos estudios cifran la cantidad entre 160.000 y 300.000, según se cuenten aparte de concejales, diputados autonómicos, alcaldes, presidentes, asesores directos, y otros tipos de enchufados. Es un verdadero disparate.

Nuestra nación no es la más grande de Europa ni en extensión, ni en población ni en recursos, pero tenemos el mayor conglomerado inservible y burocrático de Europa. Y yo me pregunto, ¿en beneficio de quien? Del pueblo seguro que no.

Es pues que creemos firmemente que las propuestas de nuestro partido deben ir encaminadas a la disolución inexorable del estado de las autonomías, a fin de poder centrarnos en lo útil que siempre radica en el mejor servicio al ciudadano.

La eliminación de las autonomías junto a la liquidación de entidades superfluas, así como una reestructuración de los gastos del estado de manera coherente, sobria y sólida serviría, como mínimo, para lo siguiente:

1.- Garantizar la Sanidad Pública y gratuita para todos los ciudadanos españoles.

2.- Garantizar la Educación pública y gratuita desde la guardería hasta el título acreditativo, o bien de una carrera universitaria o de una Formación Profesional sólida y competente. (Obviamente, sin permitir repeticiones de cursos)

3.- Garantizar el sistema público de pensiones de acorde al coste de la vida y lo cotizado por el ciudadano y haciendo especial hincapié en la protección a ultranza de los más desfavorecidos.

4.- La jubilación a los 60 años para aquellos que quieran acogerse a ella y forzosa a los 65 años. (Quienes deseen seguir trabajando lo harán en calidad de asesores o maestros en sus diversas especialidades sin cobrar sueldo añadido y su jornada no podrá superar las 4 horas diarias)

5.- La promoción y construcción de viviendas sociales para todos los españoles cuyas rentas no le permitan acudir al mercado libre. Estas viviendas serán siempre en régimen de alquiler, abonando el usufructuario el 10% de sus ingresos y comprometiéndose a mantenerlas en perfecto estado.

6.- La eliminación de la lacra del paro en 4 años en colaboración con las pequeñas y medianas empresas que han sido, son y serán el motor fundamental de nuestra economía productiva.

7.- La eliminación radical de la deuda externa española negociando quitas del 45 al 50% en un plazo no superior a los 12 años.

8.- La protección integral de las personas con minusvalías desde su nacimiento otorgándoles con ello la dignidad humana que poseen.

9.- La igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos españoles.

10.- La mejora y puesta al día en infraestructuras, equipos y dotación y potenciación de las nuevas tecnologías, i+d y creación de nuevas empresas.

Todo ello y mucho más es posible y realizable. Si somos capaces de eliminar aquello que nos roba, que nos usurpa como seres humanos y que nos divide y denigra.

En vuestras manos está y para ello proponemos lo siguiente:

DISOLUCIÓN DE LAS AUTONOMÍAS, REFORMA DEL ESTADO Y DE LA CONSTITUCIÓN:

 Título VIII de la Constitución. De la Organización Territorial del Estado

Capítulo primero. Principios generales

Artículo 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Diputaciones. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses bajo los principios de sobriedad en los gastos públicos y en el bien común de los ciudadanos.

Artículo 138

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los diversos municipios y provincias de España no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

3. El único idioma oficial de las Entidades Públicas es el Castellano.

Capítulo segundo. De la Administración Local

Artículo 140

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales.

Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio, dividido este en Distritos, mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Cada Distrito elegirá a un concejal en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los vecinos de manera directa. El alcalde no podrá ser removido de su cargo electo salvo por causa judicial o penal.

Artículo 141

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142

La Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado.

Capítulo tercero. De las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas de España quedan derogadas y también los artículos que las atañen, del 143 al 158, modificando también los Artículos segundo, tercero y cuarto de la Constitución, y otros interesados en esta cuestión. Quedando este de la siguiente manera:

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas son patrimonio cultural de los ciudadanos que las hablan y sólo a ellos corresponde mantenerlas. En ningún caso representarán o suplantarán al castellano.

Artículo 4

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

2. Las diputaciones provinciales y municipios podrán reconocer escudos y enseñas propias. En ningún caso se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales”.