Manuel Pastrana.

No hay irregularidad más fácil de cometer que aquella que cuenta con la vista gorda de la víctima. Y UGT Andalucía, a la vista del sumario de las presuntas facturas falsas desvelado esta semana, parece que se aplicó con ganas a hacer buena esa máxima ante laxitud de la Junta. A partir del testimonio de trabajadores y empresas proveedoras, la Guardia Civil describe en centenares de folios el «artificio» montado por la central para desviar subvenciones destinadas a formación de trabajadores a actividades regulares de un sindicato ya muy tocado tras las acusaciones de participar en las irregularidades del ‘caso de los ERE’.

El juzgado que lleva el caso investiga los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en los últimos siete años, aunque las sospechas –esbozadas en las conversaciones pinchadas a algunos trabajadores o en correos electrónicos intervenidos– apuntan a que el tinglado montado por UGT-A para convertirse en su «principal vía de financiación» se remonta a 1998. Justo cuando llegó a la secretaria general Manuel Pastrana, dimitido a comienzos del pasado año y al que los testimonios señalan como la persona que orquestó todo, aunque aún no ha sido imputado en la causa. Los investigadores argumentan que el sindicato perfeccionó una estructura empresarial «creada ex profeso para justificar el presunto desvío de fondos públicos», y que solo en el periodo 2008-2012 mantuvo con la central un flujo de 4,9 millones de euros.

Pero lo más llamativo es que, al igual que ocurre en el ‘caso de los ERE’, el mal uso de fondos públicos fue posible gracias a la practica ausencia de controles durante la pasada década por parte de la Consejería andaluza de Empleo, cuyos responsables están ya imputados en el caso que instruye la juez Mercedes Alaya, que también fue quien empezó a investigar las presuntas facturas falsas del sindicato. De hecho, en el sumario de UGT desvelado esta semana figura la declaración del que fuera jefe del Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional del Servicio de Formación para el Empleo en Sevilla, Teodoro Montes Pérez, quien puso sobre la pista a los agentes al relatar las «importantes irregularidades» cometidas por «todos los responsables de la Administración» que concedían las ayudas. Unos fallos que se daban desde la adjudicación «arbitraria a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas políticamente, e incluso familiarmente, con altos cargos del PSOE en Andalucía, así como de la propia Junta de Andalucía», hasta en la gestión o la justificación «sin control adecuado».

«Dos realidades»

Y es aquí donde encontró su oportunidad UGT-Andalucía. La declaración de diversos trabajadores del sindicato evidencia la existencia de «dos realidades contables distintas», la que llevaba el departamento de Contabilidad y la que se maquillaba en el de Justificación para presentarla a la Junta. Tan normal era que en 2010 incluso se implantó un nuevo software que integraba ambas, Spyro, también subvencionado con 1,2 millones de euros.

El sumario desgrana cómo los procedimientos empleados por el principal sindicato andaluz para financiar sus gastos internos escandalizaban incluso a los trabajadores, asustados de que pudiera saltar en cualquier momento, pero que de puertas para afuera no despertaba sospechas gracias a la connivencia, de nuevo, de un auditor amigo aún no imputado en el caso, que se limitaba a firmar sin mirar los documentos o al que incluso se mandaron documentos a casa vía mensajero para que firmase y los devolviese. Los proveedores de confianza, cuyos responsables fueron detenidos el pasado mes de junio, no tenían reparos en inflar o falsear facturas que UGT-A endosaba a la Junta para justificar los fondos recibidos. «¿Queréis que sea por su importe real o por otro?», llega a preguntar la responsable de una de estas empresas al Departamento de Compras del sindicato. Se creaba así un bote cuantioso, también llamado «saldo de proveedores», y que, de acuerdo con los investigadores, se convirtió durante años en la principal vía de financiación irregular del sindicato. De esta manera, el dinero público destinado a formación de trabajadores, tanto parados como empleados, terminaba pagando la totalidad de los gastos estructurales del sindicato, según relató uno de los trabajadores de la central.

El sindicato también se aprovechaba de la práctica habitual de los descuentos a los grandes clientes, el conocido como rappel, y que UGT-A exigía a sus proveedores para trabajar con ellos con cantidades que oscilaban entre el 3% y el 20% de la facturación a modo de comisión de adjudicación. Algunos empleados de empresas han reconocido que lo pagaron por miedo a perder al sindicato como cliente.