Por Roberto Centeno.- La abdicación del Rey, sin dar explicaciones sobre su verdadera causa, sólo ha añadido más incertidumbre e inestabilidad a la ya provocada por el resultado de las elecciones europeas y por la inaudita dejación y cobardía de Rajoy ante el golpe contra el Estado que preparan con total impunidad los secesionistas catalanes. Es la guinda del pastel de un reinado catastrófico, que deja una España más dividida que nunca, empobrecida y endeudada para varias generaciones y que ha originado privilegios insultantes e indefendibles para los oligarcas políticos, financieros y empresariales. Según The New York Times, el Rey que llegó al trono sin nada ha acumulado una fortuna personal de 2.300 millones de dólares.

Aunque un monarca de partidos –no constitucional ni parlamentario como dicen por ignorancia supina todos los medios de comunicación, lo primero porque no existe separación de poderes y lo segundo porque el Parlamento no tiene supremacía sobre el ejecutivo, sino a la inversa– no tenga capacidad de gobierno, nunca debió permitir decisiones que afectan de lleno a la unidad de la nación de la que era árbitro y moderador. Me refiero, en concreto, al modelo de Estado de las autonomías puesto en marcha por el mediocre de Suárez, un jefe de la Falange que apenas pudo terminar la carrera de Derecho con su disparatado “café para todos”, con el que intentó dar satisfacción a sus barones y a los del PSOE para que se repartieran España como si fuera un solar.

El Rey, que además ha intervenido en todo lo que le ha dado la gana, nunca lo ha hecho en los temas trascendentales para la nación. Y de la misma manera que ha debido pararle los pies a los separatistas vascos y catalanes y no decirles la solemne estupidez de que “hablando se entiende la gente”, debió detener la irresponsabilidad de Suárez y sus barones, que, sin el menor sentido de España, pusieron en marcha un mecanismo diabólico que ha terminado por destruir la conciencia de su unidad. Antes se decía que los pueblos tienen la religión de sus reyes, y ahora se puede decir que los pueblos padecen la corrupción generada por los oligarcas imitando a la de su rey, tan amigo de cacerías donde se gestaban grandes comisiones, negocios y favores, e íntimo de reyes del pelotazo; a algunos de los cuales ha salvado de la cárcel.

¿Pero de qué República habla el izquierdismo radical?

Don Antonio García Trevijano, que redactó la carta que D. Juan de Borbón envió a su hijo Juan Carlos y a Franco, no admitió que Franco tuviera el poder de alterar el orden sucesorio en la Monarquía. Prohibió a su hijo que aceptara lo que le ofrecía Franco, el nombramiento de sucesor a título de Rey, pues esa monarquía carecería de honor, la virtud que tradicionalmente legitima a las monarquías, a diferencia de las repúblicas, cuya fuerza legitimadora tiene su raíz en la virtud. El sábado pasado, preguntándole yo qué consejos daría a Felipe VI, me dijo: “D. Juan Carlos no le ha hecho rey por amor, sino por temor; es decir, que le han hecho rey a la fuerza, así que se las apañe como pueda. Yo pediré siempre la abolición de la Monarquía, pero me encantaría que los reyes abolidos siguieran viviendo en España”.

Mientras tanto, en estos momentos hay una doble exaltación popular. Por un lado, la del heredero ya elevado a los altares por una campaña mediática sin precedentes que se volverá contra él si no es capaz de plantar cara ni al separatismo, ni a la corrupción, ni hacer cumplir la ley en toda la nación, y no parece que vaya por ahí. Y de otro, la de los nostálgicos de la sangrienta Segunda República a través de un referéndum para que el pueblo decida entre monarquía (la que hay) y república (la que no se sabe qué). Un referéndum que está produciendo una cierta movilización y serios enfrentamientos en el partido socialista que lo dividirán aún más de lo que está.

No se detiene la minoría vociferante que está a favor de la desastrosa Segunda República. A ella hay que decirle que lo prioritario es abandonar las abstracciones y precisar las instituciones que deben definir a la monarquía o a la república. Nunca se debe volver a un pasado que ha fracasado. Ni a la Primera República Federal, ni a la sangrienta Segunda República Parlamentaria, ni a la continuidad de la Monarquía de Partidos que ha presidido el rey Juan Carlos.

García Trevijano es, hasta hoy, el único político y el único pensador que ha definido y defendido la república moderna, es decir, la república presidencialista con separación de poderes, con Justicia independiente y expulsando del Estado a todos los partidos políticos. Esto y sólo esto es lo que podría someterse a referéndum. La supresión radical de todos los partidos estatales es la condición sine qua non de la autonomía de la sociedad civil. Los partidos políticos nunca pueden ser por su propia naturaleza voluntaria órganos del Estado. Eso fue la característica del nazismo, del fascismo y de la democracia orgánica de Franco.

Esta autoridad reconocida en el mundo entero menos en España –sus libros son los únicos de un pensador político español en la biblioteca del Congreso de los EEUU–, como era de esperar, fue contraria siempre al Estado de las autonomías, salvo la restauración de las autonomías que tuvieron durante la república Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, estos estatutos no deben conllevar privilegio económico alguno, porque para ello tendrían que ser aprobados por la totalidad de la sociedad española.

De momento, y gracias a ‘Super Mario’, el reinado de Felipe VI va a empezar con buen pie porque los procesos de expansión monetaria siempre empiezan bien y terminan en desastre, o sea que el reinado comenzará en un marco de euforia. El Banco Central Europeo ha decidido inyectar 400.000 millones de euros a la economía con la intención expresa de que los bancos incrementen los créditos a la economía productiva. Este es un tipo de medidas que ha fracasado siempre y en todo lugar, pero en el caso de la España, ya les cuento. España tiene un exceso de capacidad productiva, de sistema financiero, y lo peor, un tamaño de Estado monstruoso y una deuda pública imposible de pagar y creciendo sin pausa. La expansión monetaria que da más droga a los drogadictos no es, desde luego, lo que necesita nuestra economía.

Y van a suceder varias cosas. La primera, perpetuar el exceso de capacidad productiva. Los bancos obligados a prestar a la economía real empezarán por los grandes del Ibex y, muy particularmente, las grandes constructoras, mientras que a las pymes y a los autónomos, que son los verdaderos creadores de empleo, ni agua. La segunda, perpetuar el sobredimensionamiento del sistema financiero que seguirá siendo el más caro de Europa y cuya avaricia e incompetencia criminales le han llevado a una quiebra histórica, que Zapatero y Rajoy han hecho recaer sobre los ciudadanos. Y, lo peor de todo, inflará más aún la insostenible burbuja de deuda suministrando más dinero a los despilfarradores y corruptos, asegurando más aún la ruina de varias generaciones de españoles. El efecto positivo, más por el crecimiento de la economía norteamericana que se espera en el segundo semestre, es que el euro puede estar a 1,25 dólares a fin de año.

Viniendo Draghi de donde viene, esto resulta incomprensible. Como alto ejecutivo del Goldman Sachs ayudó al Gobierno griego a engañar a Bruselas durante años sobre la realidad de su deuda y su capacidad para repagarla, hasta que estalló la bomba. Me consta, a través de amigos comunes, que Draghi conoce mejor que nadie todas las trampas de Montoro y Rajoy, unos pardillos a su lado y, sin embargo, sigue alimentando una gigantesca burbuja de deuda. Hace que se cree las cifras falsas de la contabilidad nacional respecto a déficit público y a crecimiento, en lugar de haber exigido la auditoría de la Contabilidad Nacional por el BCE, y un déficit público asumible para tener derecho a participar.

Es el mismo escenario de Grecia antes de la suspensión de pagos que él contribuyó tan activamente a mantener durante años. En cuanto a la bajada de tipos al 0,25%, sólo tendrá un efecto útil: bajar la rentabilidad de los depósitos de las familias y reducir así más aún su renta disponible. Si Felipe VI estuviera tan preparado como dice la propaganda oficial, se daría cuenta de que lo que tendría que hacer es desengancharse de los herederos de los oligarcas que rodeaban a su padre, exigir una reducción drástica e inmediata del tamaño del Estado, plantar cara de una vez por todas a los separatistas, exigir a la banca que tome el riesgo de prestar a familias y pymes, que corte la financiación al Estado, y su voluntad de someter a referéndum el sistema político y el modelo autonómico. No lo hará.

Balance de 40 años de reinado

El balance de estos casi 40 años de reinado de Don Juan Carlos puede definirse sin la menor sombre de duda como un desastre sin paliativos. El gran “mérito” que muchos, atados o no al pesebre, atribuyen al Rey es el haber conseguido una Transición no traumática y el haber restaurado eso que la propaganda llama democracia. Nada más lejos. La Transición no fue traumática no porque el rey Juan Carlos y el mediocre de Suárez hicieran nada especial, sino porque los españoles no estaban por ello, exactamente igual que no han sido traumáticas ninguna de las transiciones de los países del Este desde el comunismo a la democracia.

Es ridículo atribuirle a esto dos personajes un mérito que ni les corresponde ni le corresponde a nadie, sólo a la sensatez y el miedo de un pueblo con una poderosa clase media creada por el general Franco y que no estaba para aventuras revanchistas de tipo alguno, como no lo han estado tampoco en ningún otro país europeo que han transitado también pacíficamente desde la dictadura más férrea a la democracia. Y en cuanto a traer la libertad política colectiva, ha sido justamente lo contrario: se la han hurtado vilmente al pueblo español imponiéndonos una oligarquía de partidos sin separación de poderes, sin elección directa de los representantes del pueblo, al que sólo se le permite elegir una lista cerrada de nombres que ni conoce ni le representa. Unos paniaguados que no se preocupan lo más mínimo por el interés de los ciudadanos, sino por el de quienes les pusieron en esa lista. Y es a eso lo que la propaganda llama democracia.

Y en cuanto a la mejora del nivel de vida, la única manera de saberlo es comparar nuestra renta per cápita con la del resto de los países de nuestro entorno y saber cómo era entonces. Es decir, cómo se ha comportado nuestra renta relativa, nunca nuestra renta absoluta porque en un mundo que ha crecido espectacularmente desde entonces cualquier tonto hace relojes, y el que hayamos crecido no sirve para valorar 40 años. Al contrario de lo que proclaman la mayoría de medios y cree la mayoría de la población, la renta relativa per cápita comparada a la de los países centrales de UE –los 9 países que en 1975 formaban parte la CEE (1)– se ha desplomado ¡diez puntos!, de un 81,4% en 1975 al 71,6% casi 40 años después.

Dos hechos más, también inapelables. En 1975 la renta per cápita de Irlanda y de España era la misma, 10.000 $; 40 años después, la renta de Irlanda es un 37% superior (42.417 $ vs. 30.740 $). En 1975, Corea del Sur tenía el mismo potencial industrial que España; 40 años después, Corea del Sur tiene una industria pujante del mayor nivel mundial, en automóviles, en imagen y sonido, en tecnología de vanguardia –Samsung le moja la oreja a Apple en su propio territorio–, en construcción naval y en todo lo demás. España, cuyo sector industrial representaba el 36 % del PIB, desmantelado por Felipe González y siguientes, es hoy sólo el 14% del PIB, y a base no de tecnologías propias sino de ser taller de montaje de tecnología de los demás.

La distribución de la renta no sólo es mucho peor que en 1975, cuando el sueldo de una persona era suficiente para mantener una familia y hoy con dos es insuficiente, sino que es la peor de toda Europa. Un 50% de la población ocupada es mileurista o menos. La enseñanza pública, entonces a la cabeza de Europa, se encuentra hoy, gracias al sectarismo del PSOE, que cambio el conocimiento por el carnet de izquierdas para seleccionar el profesorado, por debajo del número 40 y bajando. Todo ello bajo el techo de un modelo de Estado cuyo coste –100.000 millones anuales de despilfarro– y corrupción masivas están desangrando al país para varias generaciones y son causa principal del desastre.