Varios subsaharianos en el CETI de Melilla

IS.- Nadie se pone de acuerdo con las cifras. Desde el ministerio del Interior aseguran que los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Península están “medios vacíos”, al 30% de su capacidad. Datos que contrastan con los expuestos por varias organizaciones. Entre ellas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Rafael Lara, coordinador del área de Solidaridad Internacional de la asociación asegura que el CIE de Algeciras “está lleno y no hay plaza para más gente”.

Los CIES de Andalucía, tanto el de Algeciras como el de Tarifa, serán el principal destino de los inmigrantes que hoy saturan el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla y Ceuta. Tras el salto a la valla que se produjo el pasado martes, donde cerca de 500 personas lograron llegar a suelo español, fuentes el ministerio del Interior aseguran que en los próximos días se trasladará a esas personas a los CIES de la Península, donde solo hay 2. 572 plazas en total, pero no dan ningún dato de a dónde ni cuándo. “Es una operación que está en marcha y no se puede decir nada sobre ella”, aseguran desde el ministerio. Desde Interior nos remiten a la Policía, encargada de esta operación y de gestionar los CIES, quien tampoco ofrece ningún dato del traslado. El cuerpo de seguridad sólo explica que los centros hace un mes no estaban llenos, pero no tienen datos actualizados. Por otro lado, la APDHA explica que normalmente se suele trasladar a los inmigrantes a los centros más cercanos a Ceuta y Melilla, “dependiendo de su capacidad, pero que eso ahora mismo es imposible”.

Melilla desbordada

Trabajadores del centro de Melilla consultados por Información Sensible explican que sí que se van a producir esos vuelos hacia la Península en los próximos días porque el centro está “desbordado”. Hay cerca de 2.000 personas, el triple de su capacidad, y no hay sitio para todos. De hecho, Cruz Roja ha levantado 10 tiendas de campaña dentro del recinto para que los inmigrantes puedan dormir bajo techo.

Rafael Lara explica que desde el ministerio de Interior debían plantearse retomar el proyecto que se puso en marcha en otro momento de saturación entre los años 1996 y 1999. Entonces, en colaboración con las ONGs, en la Península se acogió a inmigrantes a los que se formó durante tres meses y luego estaban un año trabajando, “por lo menos esas criaturas tuvieron una oportunidad”.

Inmigrantes expulsados

El Centro de Pueblos Unidos, que trabaja con los inmigrantes del CIE de Madrid, en el barrio de Aluche, con capacidad para 280 personas, asegura que el centro está lleno, pero “que se va vaciando continuamente” con los vuelos de repatriación. Lo mismo ocurre en el de Barcelona, que se encuentra al 60% de su capacidad. Durante 2013, cerca de 3.000 personas han pasado por las instalaciones del CIE de Aluche y 1.584 por el de Barcelona, según datos de la asociación.

Según datos oficiales del Boletín del Congreso incluidos en el informe de Pueblos Unidos 2013, durante 2012 la media de ocupación de los CIES era de un 49,3%, pero ese dato no es del todo real. “El dato está muy condicionado por la situación que viven los tres CIES de Canarias. Cuando empezaron a llegar pateras en 2005, se abrieron estos centros allí, pero en la actualidad tienen una ocupación bajísima y esto hace que baje la media del resto de centros, que normalmente suelen estar llenos”, asegura Cristina Manzanedo, de Pueblos Unidos.

En 2012, y según datos del último informe de la Fiscalía General, ingresaron en los CIES de la Península 11.325 personas, de las que 5.924 (un 52,3%) fueron devueltas a su país de origen. En concreto, 3.217 fueron expulsadas por imposibilidad de documentación. Esta cifra es diametralmente opuesta a la afirmación por parte del ministerio cuando asegura que todos son expulsados y que ninguno queda puesto en libertad cuando se cumple el plazo de permanencia en un CIE, que son 60 días según marca la Ley. “Si alguno, en algún caso es puesto en libertad,la Policía le detiene sin papeles y entonces es expulsado”, explican fuentes de Interior.

Mal información

Pero el problema no reside únicamente en la ocupación de los CIES, sino en la deficiente información que reciben los inmigrantes cuando cruzan la frontera. Según Cristina Manzanedo, miembro del departamento jurídico de Pueblos Unidos, asegura que el Estado está obligado a hacer una correcta identificación que no hace, “porque de los que entran no todos son inmigrantes. Hay gente con derecho a protección internacional como menores, refugiados o perseguidos políticos que deberían ser trasladados inmediatamente a la Península a centros de acogidas y no a CIES”.

Según la Pueblos Unidos, el ministerio del Interior sólo se está preocupando de la “seguridad y las medidas policiales”, pero no de los inmigrantes que ya están el en centro. “El problema es que los inmigrantes que piden el asilo en Ceuta y Melilla que deberían estar en la Península, no pueden salir de allí hasta que no se tramite, lo que puede tardar años”. Esta situación convierte el CETI en una cárcel donde no tienen libertad de movimiento, explica Cristina Manzanedo.

El último informe del Defensor del Pueblo constata que la información sobre el destino inmediato de los inmigrantes que entran en España no solo es opaca de cara a la opinión pública, sino poco accesible a los propios interesados. La institución afirma haber comprobado, mediante visitas realizadas a los Centros de Internamiento para Extranjeros, “que los internos no reciben información suficiente sobre la protección internacional, o que no todos los internos la reciben”. Según el informe, España vulnera de este modo la “institución de asilo”, fijada en la Convención de Ginebra de 1951 y destinada a velar por los refugiados cuyo regreso al país de origen pueda suponer riesgo para su integridad.

Para cumplir con este requerimiento, prosigue el informe, la necesidad de proporcionar “información adecuada sobre dicha institución jurídica es clara”; una situación que cobra mayor relevancia en el caso de menores, con “serias dificultades para salir de sus países y que pueden verse obligados a utilizar documentación falsa o recurrir a redes de tráfico de personas”.

El Defensor del Pueblo cree que es “llamativo” que solo un 2,2% de los residentes en el Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla solicitaran asilo en 2012 mientras que antes de 2009 la cifra rondaba el 20% de los internos. Las solicitudes de protección internacional en el CETI fueron del 10% en 2010 y del 3,20% en 2011. En los primeros ocho meses de 2013, solo 17 personas recurrieron a esta solicitud.

Según la institución encabezada por Soledad Becerril, el descenso de este tipo de peticiones se produce por una “insuficiente” información a los inmigrantes después de que en 2009 se modificara la Ley de Asilo que, según el informe, debe estar supeditada a los protocolos de protección internacional firmados en Ginebra. La Secretaría General de Inmigración y Emigración constata que la información que da a los solicitantes de asilo es verbal, pero siempre después de que la persona formalice la petición de protección internacional. Por ello “con anterioridad se editaba un folleto en varios idiomas que recogía una información mucho más completa”, similar a la que se ofrece en otros países europeos y traducido al inglés, francés y árabe. Según concluye el informe del Defensor del Pueblo “hasta el momento de redactar estas líneas, no ha habido respuesta al citado recordatorio de deberes legales.