Extractos de los correos de los contables del sindicato que revelan la fabricación de facturas

UGT Andalucía utilizó una red de empresas y fundaciones, al frente de las cuales figuraban sus propios dirigentes, con un único objetivo: facturar por sistema al propio sindicato servicios muchas veces inexistentes con los que justificar las millonarias subvenciones que recibía de la Junta de Andalucía para la lucha contra el paro y la formación de desempleados.

Este complejo sistema de financiación, que trata de desentrañar la juez Mercedes Alaya con el apoyo de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estuvo funcionando al menos desde mediados de la pasada década hasta el pasado año, según cuenta ABC.

La mecánica era siempre la misma: la UGT-A, ya fuera directamente o a través de sus federaciones regionales de la organización y uniones provinciales, encargaba la supuesta ejecución de los cursos de formación a Soralpe I+P Asociados SL, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) Andalucía y Geosur Arquitectura y Urbanismo SL. Estas sociedades, participadas al cien por cien por UGT, emitían facturas por la prestación de servicios genéricos o ficticios como el alquiler de aulas y de equipos informáticos que le servían al sindicato para justificar ayudas de formación financiadas por la Junta y la UE.

Aunque la dirección «ugetista» siempre ha negado la existencia de facturas falsas, cuatro correos electrónicos que se intercambiaron técnicos de contabilidad del sindicato el 2 de octubre de 2012 ponen en entredicho esta teoría evasiva. En el primero de estos reveladores e-mails, el responsable del departamento de Justificaciones de UGT-A le indica a otro empleado adscrito a la Secretaría de Administración y Recursos Humanos que se han dado instrucciones a Soralpe I+D para confeccionar una factura por importe de 273.620,22 euros con cargo al denominado Plan Intersectorial de Formación Profesional Continua del año 2011 dirigido a trabajadores ocupados: «Buenos días Paco: Me comenta Josemi que habló contigo el tema de asignar un pago de Soralpe a una factura que hemos pedido a Enrique [posiblemente en referencia a Enrique Emilio Goicoechea, consejero delegado de Soralpe] por importe de 273.620,22€. Necesitaría por favor este pago para dárselo al auditor». Estos cursos, gestionados por el sindicato, se financian con el Fondo Social Europeo y subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El correo pone de manifiesto la elaboración de facturas falsas por sistema para burlar a los auditores que examinaban las cuentas anuales de la central y de sus entidades participadas, como marca la normativa interna.

Casi dos horas después, el otro empleado le contesta: «Estamos asignando facturas a pagos 2012 y tenemos todavía pagos sin facturar del 2011 por más de 400.000€ (¿) Saludos…».

Medio millón por justificar

En un segundo correo, el responsable de Justificaciones aporta nuevos datos de la operativa de endosar pagos a Soralpe con los que justificar las ayudas. Queda por asignar un montante superior al medio millón de euros (513.620 euros): «Paco, en el Intersectorial hemos imputado 2 facturas de SORALPE, una de 120.000,00 € y otra de 273.620,00 € que es la que te comenté, por tanto faltan pagos para completar la factura de 120.000,00 €, si quieres pásame pagos del 2011 para esta parte que nos falta». El último «e-mail» contiene un cuadro con la relación de los pagos imputados a Soralpe en los años 2011 y 2012 y aquellos que están pendientes de facturar. Hay 544.943,45 euros que figuran en el apartado «pdte factura».

Los supuestos trabajos encomendados por la UGT-A a sus entidades mercantiles consistían en el alquiler de aulas -dándose la paradoja de que en ocasiones estas pertenecían a la propia organización-, el arrendamiento de equipamientos e incluso el sueldo de su personal. Soralpe I+D tenía al sindicato como su único cliente.

La UGT-A justificaba el pago de dichas facturas por la supuesta prestación de servicios con cargo a las nóminas de empleados contratados por Soralpe, aunque en realidad trabajaban para el sindicato en su sede regional. El dinero público servía para financiar gastos de la estructura sindical. Así lo denuncia la defensa de los trabajadores despedidos mediante un ERE al final de 2012 en la demanda que interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ABC contactó ayer con UGT-A para que aclarara esta facturas, pero no recibió respuesta.