El número de españoles detenidos y que permanecen en prisión en el extranjero ascendía a 2123 presos a 31 de octubre de este año, de los cuales el 81% cumple condena por posesión ilícita o tráfico de drogas.

Así ha respondido el Gobierno por escrito a la pregunta del diputado del grupo popular Ignacio Uriarte sobre la situación de los presos españoles que cumplen condena en otros países. Más de la mitad de los detenidos se encuentra en países de Iberoamérica, un 37,5% está en países europeos, un 6% en África y el resto en otros países del mundo. Perú, Colombia, Francia, Italia, Brasil, Alemania y Portugal son los principales países en los que hay reclusos españoles cumpliendo pena.

En sus respuesta parlamentaria, el Gobierno explica que, desde el momento en que se conoce la detención, el Ministerio de Asuntos Exteriores presta asistencia consular, principalmente desde las oficinas consulares en cuya demarcación se encuentre el preso.

La institución encargada de velar por los presos

La Dirección General de Españoles en el Exterior, Asuntos Consulares y Migratorios es la institución encargada de la política de protección de los españoles en el extranjero, dependiente de Asuntos Exteriores.El Gobierno ha detallado que este soporte se puede materializar a través de asistencia no económica, como recibir visitas del personal consular, comunicar la detención a los familiares, facilitar el envío de medicinas y proporcionar un listado de letrados especialistas que podrán ser contratados por los detenidos españoles.

Asimismo, compete a la Dirección de Españoles en el Exterior solicitar a las autoridades locales información sobre el caso, vigilar que el preso reciba un trato adecuado, velar por el estado de salud del detenido y verificar su adecuada alimentación y tratamiento médico .Será también la responsable de asistir al detenido si solicita un traslado a España para cumplir condena y podrá asistir a los juicios de los detenidos españoles en el extranjero cuando existan sospechas sobre una posible vulneración de derechos.

El Ejecutivo recuerda que el Ministerio de Asuntos Exteriores dispone de un presupuesto, “que representa la mitad de la cantidad dedicada a protección de españoles en el exterior”, para entregar, en caso de necesidad, una ayuda a la persona que cumplen condena y que podría alcanzar los 120 euros mensuales como máximo, “siempre que la familia o allegados no puedan proporcionar dicha ayuda”. Esta contribución, que según ha informado el Gobierno se proporciona en 32 países, tiene como objeto paliar la situación de precariedad de los centros penitenciarios que tienen condiciones inferiores a los de España, “especialmente en salubridad, necesidades personales y alimentos”