Un agente, en el registro.

La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), está registrando la sede regional de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Sevilla desde las 10.30 horas de esta mañana. El registro se produce por orden de la jueza Mercedes Alaya, que investiga el fraude en las ayudas públicas a la formación recibidas por el sindicato. Parte de estas ayudas fueron a parar a gastos como comidas de feria o compra de maletines de regalo.

Agentes de uniforme tienen cerrada al paso de personas y vehículos la calle Antonio Salado, en pleno centro de la capital sevillana. Mientras otros agentes de la UCO, de paisano, proceden al registro de documentación del sindicato, según han confirmado fuentes de este. El registro se produce en los dos edificios de la central en dicha calle. La Guardia Civil ha preguntado por el actual responsable regional del sindicato, Manuel Ferrer, pero este se encuentra fuera de Sevilla.

Los agentes no han dejado salir a ninguno de los dirigentes y trabajadores que se encontraban esta mañana y tampoco entrar a los que se hallaban desayunando.

Solo han dejado pasar y salir con cuentagotas a algunos, previa acreditación de documentación. Es el caso de Joaquín Barrera, secretario de política de negociación colectiva, quien debía recoger una documentación para ir a una reunión fuera de la sede. Los agentes le han dejado pasar, pero luego ha salido sin la documentación que precisaba.

La investigación de Alaya partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.

El secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, presentó su dimisión a causa de la investigación abierta y tras presiones de la cúpula nacional. La Junta de Andalucía investiga el pago de 7,5 millones de euros a UGT en los últimos años, de los que al menos 1,8 millones de euros podrían no haberse justificado correctamente.

La jueza Alaya también investiga a UGT, lo mismo que a CC OO, por el cobro de sobrecomisiones irregulares en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con dinero de la Junta en la última década y sobre los que hubo fraude. Se trata del llamado caso de los ERE, con 133 imputados hasta ahora, entre ellos varios sindicalistas.

El registro de la sede regional de UGT ha sorprendido en pleno debate final de los Presupuestos de la Junta en el Parlamento. El consejero de Economía, Innovación y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha mostrado respeto por la actuación judicial. Ha agregado que la actuación de la UCO no va a modificar la investigación interna de la Junta sobre posibles irregularidades en el cobro de subvenciones, aunque sí ha admitido que puede hacer replantearse determinadas acciones del Ejecutivo, sin explicar cuáles. “Habrá que estar a la espera de lo que ocurre”, ha dicho.

La dirección en funciones de UGT ha denunciado la desaparición de 1.756 archivos informáticos relacionados con las facturas falsas que investiga la Junta, razón por la que ha justificado el retraso en aportar información. Por ello ha despedido al trabajador Laureano Conde, quien acusa a la cúpula de UGT de mentir.