Son los gobernantes débiles quienes habitualmente producen mayores destrozos en la sociedad y plantean mayores amenazas a la libertad personal. Rajoy es tan extremadamente débil que está vaciando las cárceles de terroristas y asesinos, además de financiar al separatismo catalán, mientras se dispone a situar a todos los ciudadanos en un estado de excepción permanente propio de una tiranía.

La nueva tiranía se denomina Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y, aprobada por el Consejo de Ministros, va a empezar su itinerario parlamentario. El derecho de manifestación es completamente abolido y se inicia una senda que asfixiará la libertad de expresión.

Las multas van desde 1.000 a 30.000 euros y se plantean a través de conceptos genéricos que pueden ser discrecionalmente interpretados por el poder político, por los delegados del Gobierno.

La explicación de este desafuero, que va mucho más allá de la patada en la puerta de José Luis Corcuera, es el estado de pánico en el que vive la mafia pepera. Pánico, en un doble sentido. En el que marcan las encuestas con una caída en la intención de voto que desmantelaría el poder popular en autonomías y ayuntamientos, incluso siendo el partido más votado. Pero, sobre todo, pánico a la protesta ciudadana. Bien que ésta ha sido mucho más escasa y moderada de lo que las circunstancias parecen justificar, Rajoy y PP quieren convertir cualquier protesta en un riesgo inasumible, bajo la opresión administrativa y ni tan siquiera con tutela judicial. Y corolario de este pánico, el miedo de los corruptos a la acción de la Justicia y a la ira de los ciudadanos, que ha llevado a desmantelar la UDEF y
ponerla en primer tiempo de saludo, y a politizar también, con cascada de dimisiones, a la Agencia Tributaria.

El borrador de la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana habilitará a la delegaciones del Gobierno para sancionar con multas de hasta 30.000 euros la difusión del ideario de los partidos que el sistema denomina de extrema derecha, la exhibición de fotografías de terroristas de ETA e incluso declaraciones de la esfera religiosa que puedan ser consideradas por las autoridades correspondientes una agresión a la libertad de las mujeres. Hasta ahora, estas conductas sólo podían ser perseguidas si constituían un delito, pero la nueva norma impulsada por el Ministerio del Interior permitirá castigarlas por vía administrativa cuando no alcancen rango penal.

Por primera vez, las delegaciones del Gobierno podrán sancionar con multas de 1.001 euros a 30.000 euros “las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos o que inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer, o cualquier forma de discriminación, siempre que no sean constitutivas de delito”. En estos supuestos, considerados una infracción grave, entran las manifestaciones o declaraciones de formaciones de extrema derecha o antisistema, la exhibición pública de cualquier mensaje que pueda interpretarse como un apoyo a ETA -sin necesidad de que se alcance la gravedad exigible para que exista un delito de enaltecimiento- o cualquier otro mensaje que pueda suponer una defensa de comportamientos discriminatorios, incluso los que se puedan realizar desde el ámbito religioso.

El régimen sancionador también menciona como infracción grave “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito”. La Ley de Seguridad Ciudadana en vigor no entraba a regular
este supuesto pero el Ministerio del Interior lo ha incluido para reprimir nuevas formas de protesta que a su juicio están generando serios problemas de orden público como las protestas que impiden la ejecución de desahucios, los altercados en reuniones de corporaciones locales y los escraches a funcionarios o jueces. Con este cambio legal, las delegaciones del Gobierno podrán multar con hasta 30.000 euros a los convocantes y asistentes a este tipo de concentraciones.

Si bien resulta absurdo que se penalicen supuestos actos de menosprecio a símbolos de entidades locales, es de extraordinaria gravedad que se establezcan criterios genéricos. ¿Qué significa, por ejemplo, la incitación al odio? ¿Qué múltiples interpretaciones puede tener la frase “o cualquier forma de discriminación”? Además del
abrumador tono políticamente correcto de este deleznable texto, ese tipo de conceptos genéricos de hecho pueden afectar a cualquier opinión o conducta en una manifestación. Los millones de asesinatos de Stalin se perpetraron bajo la coartada de la persecución de los stahhytes (destructores) y todo el mundo era un destructor si Stalin lo consideraba así.

Lo que pretenden Rajoy y el PP es multar –siempre el afán recaudatorio- a todo aquel que no piense como Rajoy y el PP. Todo lo que está fuera de este sistema corrupto y podrido, saqueador y depredador, puede ser penalizado por los representantes de un partido que a veces parece más una mafia porque se ha financiado habitualmente en dinero negro, con comisiones, en una orgía de corrupción. ¿Denunciar a los corruptos en la calle puede ser interpretado como incitación al odio?

España está al borde de convertirse en una tiranía. Un PP deteriorado hasta el extremo se ha convertido ya en un peligro muy serio para la libertad.