‘El Rafita’, el mejor ejemplo del fracaso de la Ley del Menor

Fernando Soler.- Entre todos los desastres de la casta, destaca el de la Ley del Menor, auténtico factor de demolición de la familia a favor del Estado y suculento negocio para esa plaga que son los políticos (quienes han hecho de la política su profesión). Es cuestión de la que sólo se habla ante sucesos especialmente escandalosos, como el asesinato de Sandra Palo, o la puesta en libertad de uno de sus asesinos, El Rafita, con sólo siete años de reclusión.

El objetivo prioritario de los políticos de la mierdocracia es la destrucción de la familia, la institución de solidaridad natural resistente a la opresión y refractaria al saqueo. El comunismo fue menos eficaz que la mierdocracia en este proceso de ingeniería social. Los primeros efectos devastadores constituyen ya el paisaje de nuestra sociedad: el matrimonio canónico ha pasado a ser minoritario, el divorcio es superior a la estabilidad conyugal, las familias monoparentales o no familias se han hecho tan frecuentes que el debate ha oscilado a la custodia compartida. En suma, la sociedad está experimentando la inestabilidad y la destrucción de la familia (el sistema en broma macabra habla de pluralidad de tipos de familia). ¿Cuáles serán los efectos a medio plazo, cuando esas no familias monoparentales lleguen a la vejez? ¿Y cuál será la idea de familia que las nuevas generaciones, crecidas en este ambiente, pondrán en práctica?

El Estado lo que busca es que el mayor número de gente dependa de él. Esa es la razón de su quiebra actual: que carece de la capacidad de mantener a cuantos dependen de él (a los de Canal 9, por ejemplo, o a los interinos de la enseñanza). El Estado, al margen de teorías, son los políticos que se han instalado de manera parasitaria y han difundido y estructurado la sociedad de manera que prometieron a todos que eran capaces de ofrecerles seguridad y resolverles todos los problemas.

La Ley del Menor es uno de esos ataques frontales a la familia y a la sociedad, a las relaciones entre padres e hijos, y de estos con el conjunto de la sociedad. La actual fue aprobada en un amplio consenso durante las nefastas legislaturas de Aznar, con José María Michavila de ministro, que delegó su redacción en un diputado de IU. Tiene, pues, todos los elementos de una norma de toda la casta.

Y lo que consagra fundamentalmente es la irresponsabilidad del menor y su tutela por el Estado, por esa lacra que son los llamados “trabajadores sociales”. Ya dijo Friedrich Hayek que cualquier sustantivo al que se añadía social como adjetivo perdía todo su contenido. Todos sabemos lo que es un trabajador. Resulta bastante indefinible lo que es un trabajador social.

Penas leves para delitos muy graves, incluso atroces, que lo que hacen es incentivar el delito hasta los 18 años. Se trataba de que los menores no fueran a la cárcel y se pusieron en marcha unos llamados “centros de reforma”, que son de iniciativa privada, de fundaciones, y que han constituido un pingüe negocio, donde la corrupción es habitual y hacia donde han ido cuantiosas cantidades en formas de ayudas y subvenciones. Los llamados “centros de reforma” son a modo de guarderías donde las malas conductas son alentadas de muchas maneras. Una, por ejemplo, es que cuando un joven sale de un centro de reforma tiene derecho a 18 meses de paro; mientras que un joven que haya estudiado y haya cursado, por ejemplo, una carrera universitaria no tiene otra salida que el paro sin ayuda ninguna.

La Ley del Menor no sólo ha promovido la irresponsabilidad, sino que se ha convertido en un gran negocio para la casta, en la que participan ayuntamientos, autonomías y –como he dicho- empresas y fundaciones próximas a los políticos, que funcionan mediante conciertos. Hay Centros de Día por toda España; Centros llamados sociales…donde están colocados muchos políticos. Una pareja de adolescentes francesas de origen argelino recorrieron toda España gratis yendo de centro social en centro social: basta con que paren a un coche de la policía e indiquen que son menores en desamparo o en simple rebeldía para que sean llevados obligatoriamente a uno de esos centros, donde han de ser alojados y mantenidos, a cargo del contribuyente.

El sistema ha abusado en este terreno de la mentira estadística, pues indica que existe reinserción, cuando ésta es nula.