Por Roberto Centeno.- En el año 1975 España tenía una de las mejores Administraciones Públicas de Europa. Los cuerpos de élite como abogados o economistas del Estado, catedráticos, médicos, notarios, etc., que serían gradualmente marginados por el primer Gobierno socialista, daban una solidez y una eficacia a nuestra Administración como jamás la había tenido con anterioridad. El desastre de la Transición lo cambiaría radicalmente. De 1975 a 2012 el crecimiento del empleo público en España sería el mayor del mundo con diferencia: un 260%, una cifra escandalosa que se compara con crecimientos inferiores al 10% en el mundo desarrollado, casi cero en la UE o el -20% en Italia.

En cifras absolutas, el aumento sería de 1,8 millones de empleados públicos, de los cuales 1,1 millones fueron nombrados a dedo y 580.000 con oposiciones a medida. Sólo en puestos duplicados hay más de 700.000 personas. La razón de la sinrazón de este disparate histórico no es otro que el modelo de Estado impuesto a los españoles, todo multiplicado por 17 y sin control alguno. La dimensión del sector público en España no ha sido el resultado de la preferencia social de los ciudadanos, sino del nepotismo y el sectarismo político más descarnado de la oligarquía política corrupta que se hizo con el control del país, robándonos la democracia y enchufando a parientes y amigos y correligionarios políticos a cientos de miles.

La consecuencia inevitable de tal dislate es que nunca antes habíamos tenido unas Administraciones tan incompetentes, porque jamás en España ni fuera de ella el 40% de los empleados públicos había sido designado a dedo sin la menor preparación para el puesto a desempeñar –68 asesores de Rajoy no tienen ni el título de graduado escolar–, ni jamás en España ni fuera de ella un 20% de empleados públicos había sido seleccionado con pruebas a medida. Sólo un 40% de los funcionarios españoles ha realizado oposiciones limpias y transparentes, que son los que mantienen y protegen el país. La Administración española es hoy la más costosa en términos de PIB y la de menor productividad de toda Europa.

En el caso de la enseñanza este desastre adquiere tintes absolutamente dramáticos. En la enseñanza primaria y secundaria, según la OCDE, “los profesores españoles son los que menos horas trabajan, los que más cobran y los que peores resultados obtienen”. Esto condena a aquellos jóvenes sin medios económicos a una enseñanza de tercera clase. Y en la Universidad es peor aún, desde que el trío infame Maravall, Solana y Rubalcaba eliminó las oposiciones como medio de seleccionar al profesorado y lo sustituyeron por el nepotismo y el carnet de izquierdas. El 85% de los profesores universitarios no está capacitado para enseñar las materias a su cargo y los rectores ya no son los mejores, sino los izquierdistas y más radicales. La consecuencia obvia: el nivel de paro entre los graduados en universidades públicas es un 50% mayor que en las privadas.

Y como guinda del pastel están los salarios públicos, que al contrario que el mundo desarrollado, donde son inferiores a los privados, en España son casi el doble. En concreto, el salario medio en el sector público en 2012 era nada menos que de 40.150 euros, frente a sólo 24.071 en el sector privado. Cuando el 60% de los trabajadores ocupados gana mil euros o menos, cuando desde que se inició la crisis la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha subido en 5 puntos porcentuales hasta el 28,2% –diez veces más que la media de la UE–, esto es sencillamente un expolio inaceptable. El hecho de que el sueldo medio sea tan alto es debido a las decenas de miles de políticos y sus enchufados con sueldos de escándalo que llegan a los 60/80.000 euros, mientras el resto de empleados públicos tiene salarios casi mileuristas.

El disparate nacional: “En España hay pocos empleados públicos”

Una de las mayores estupideces, tanto porque es una burda falsificación de la realidad como porque es contrario a lo que vemos todos ante nuestros ojos, es la afirmación de que en España no sobran empleados públicos, sino que faltan. Se trata de un engaño urdido por los sindicatos y la casta política a los descerebrados habituales, donde en las comparaciones internacionales que emplean como argumentación utilizan las estadísticas del Registro Central de Personal del Ministerio de AAPP, que ni incluye a los empleados de las empresas públicas, que ascienden a más de 600.000, ni el personal de contratas de servicios públicos externalizados con varios cientos de miles, algo que demuestra el total desgobierno de lo público.

En todos los demás países sí están incluidos, lo que representa un cambio tan radical que, si las cifras que se comparan fueran homogéneas, ocuparíamos el número uno de Europa por este concepto. El país en el que la diferencia es mayor es Francia, donde la cifra de empleados públicos es de 5,4 millones, debido a que la mayoría de los grandes monopolios, al contrario que en el resto del mundo, continúan nacionalizados –el gas, la electricidad, el carbón, el tabaco, EADS (Airbus), Renault etc.–, lo que añade millón y medio de personas. Al no contabilizar empresas públicas, las comparaciones que circulan son un camelo total.

En segundo lugar, está lo que vemos con nuestros ojos todos los días. Cuando la sanidad y la educación fueron transferidas por Aznar a las autonomías, el número de empleados públicos en las mismas creció en más de 30.000, el gasto sanitario pasó de 38.000 millones de euros en 2002 a 95.000 en 2012, mientras el número de horas semanales trabajadas cayó de 34 a 31 hoy, una cifra vergonzosa cuando se compara con la media de los grandes países, que se encuentra en 39 horas semanales. En el área sanitaria, los hospitales españoles son los que menor tiempo de atención regular dedican de toda Europa, sólo funcionan de mañanas, por las tardes hay miles de millones de instrumental sin uso alguno y decenas de miles de metros cuadrados de consultas vacíos.

Dos ejemplos entre mil. Como faltan empleados públicos, en la Empresa Municipal de Transporte de Madrid, entre 2005 y 2012, de 4 directores se pasó a 9; de 5 jefes de división, a 23; de 5 “ayudante técnicos”, a 45, y el 80% a puro dedo. Como la EMT está quebrada, después de enchufar a más de 100 personas con un coste de 6 millones de euros, la inútil de la Sra. Botella dice que hay que reducir los salarios en un 7% para asegurar la viabilidad de la empresa. En el caso de la sanidad, el incremento de personal ha sido brutal desde el disparate de Aznar de transferirla a las CCAA, y fue aprovechado por la casta para colocar a miles de familiares y amigos sin cualificación alguna, ya que se trata de personal no médico. Un ejemplo, en el Hospital de la Fe, el mayor de Valencia, un despilfarro escandaloso de Zaplana, hay más de 600 enchufados, de ellos ¡147 telefonistas! Y así todo.

Un millón de empleos públicos menos crearía 3,5 millones de empleos privados

Como el Gobierno no está dispuesto a recortar drásticamente el empleo público –y antes de echar a uno solo de sus familiares, amigos y correligionarios– ha congelado por cuarto año consecutivo el sueldo a todos, excepto a los 20.000 asesores de lujo. Como consecuencia de la inflación, de las subidas de impuestos y de servicios esenciales como la electricidad y el gas, que han bajado en toda Europa menos en España, la pérdida de poder adquisitivo es de un 30%.

Durante el pasado año, el total de sueldos de los empleados públicos de todas las AAPP fue de 116.453 millones. De esta cantidad, la parte del Estado ascendió a 19.200 millones, para un total de 566.000 funcionarios, lo que supone un salario medio de 33.922 euros/año. El resto, 97.253 millones, se lo repartieron los 2,26 millones de empleados públicos del resto de Administraciones, empresas autonómicas, municipales, fundaciones y chiringuitos varios, donde se concentra la casi totalidad de enchufados y demás mangantes con un sueldo medio de 43.032 euros año, un 26,9% superior a los funcionarios que han tenido que realizar una oposición de verdad, y un 79% más que los salarios del sector privado, lo que es un escándalo absoluto.

A efectos comparativos y para engañar a la gente, suele utilizarse la comparación entre los empleados públicos y la población total o bien la población activa. Aparte que estos ratios, siempre que se ponga el número de funcionarios de la EPA y no la cifra falsa del Ministerio de AAPP, demuestran que en España sobran funcionarios a cientos de miles. La verdadera comparación es la relación entre empleados públicos, los que cobran, y los ocupados no públicos, los que pagan, ya que ello nos permite ver con toda claridad por qué España no puede costear la salvajada de 116.453 millones en salarios públicos, que son ya el 25,6% de las rentas salariales totales (el 44,2% del PIB en 2012), tanto si sobran como si faltan.

Las cifras del cuadro ponen de manifiesto con toda claridad la desmesura y el coste inasumible que ha alcanzado en España el empleo público, 2,5 veces más en términos de masa salarial total que en EEUU, Alemania, Holanda, o más de cuatro veces el de Reino Unido. Que los salarios públicos sean un 67% superiores a los privados es algo que no ocurre en ningún lugar del planeta, sólo en la España de las autonomías corruptas hasta la médula, donde la casta política paga así a sus parientes y correligionarios con el dinero expoliado al resto de los españoles. El cuadro muestra también la absoluta falsedad de todas las comparaciones al uso, ya que por cada 4,8 trabajadores privados ocupados existe un empleado público, mientras que en el resto de países la media es de 8,7 ocupados por uno público. Dicho en corto: sobran la mitad de los empleados públicos.

Suele argüirse por la casta política y los indocumentados habituales que “pobrecitos los empleados públicos, no podemos echarlos porque, si no, habrá mas parados”. Aparte de la desvergüenza de esta opinión, ya que los trabajadores privados sí pueden ir al paro (los que producen) pero no los públicos (los que no producen), ocurre que por cada trabajador público que se ponga en la calle, particularmente de los que son de CCAA y ayuntamientos, que cobran mucho más, se crearían 3,5 empleos en el sector privado. Es decir, que si echáramos a un millón de enchufados crearíamos 2,5 millones de empleos netos, y si los despedidos fueran ‘asesores’ se generarían 6 puestos de trabajo por cada uno de estos mangantes.